¿Quién establece las reglas?

Asistimos en los últimos tiempos a una intensificación de ataques por parte de sectores conservadores hacia algunas personas vinculadas a partidos políticos alternativos a los tradicionales o a los dos partidos mayoritarios. Indudablemente, la caída continuada del bipartidismo genera incertidumbres y temores del establishment al que bien describe Owen Jones en su último libro sobre el poder británico, y está desembocando en un ataque mediático hacia estas personas. Hablo fundamentalmente del caso de Rita Maestre o Pablo Soto.

En primer lugar, no puedo más que repudiar estos ataques que desvían la atención de lo que realmente tiene que importarnos, que son las políticas que se van a poner en marcha y el proceso de participación. Llevamos años, sobre todo en la Comunidad de Madrid, asistiendo a una estrategia de desvío de la atención que no hace más que confundir al conjunto de la ciudadanía. Y eso forma parte de los mapas utilizados para entender el mundo a los que Lippmann hacía referencia cuando hablaba de la labor de los medios de comunicación en la construcción de la opinión pública.

Quienes hemos elegido el sindicalismo como el espacio en el que desarrollar nuestro activismo llevamos años sufriendo esa campaña. Hemos asistido a campañas brutales de desprestigio del sindicalismo, que en muchas ocasiones han pretendido hacer de la excepción la regla. Estas campañas han sido muy intensificadas durante los periodos de mayor confrontación, como han sido las huelgas generales de 2010 y 2012, y otras movilizaciones como las que tienen que ver con la educación o la sanidad. Por tanto, no puedo más que dar la bienvenida a este espacio, que es el «centro de la diana» de la opinión pública y publicada, a todas aquellas personas que ahora, organizándose en nuevos o viejos espacios, han entrado en las instituciones.

Por otro lado, los ataques vinculados a las movilizaciones que hace años han realizado las personas que ahora van a ocupar cargos públicos no son más que una nueva criminalización de la protesta. Y es que se presenta a las personas que se han movilizado como personas que deben ser inhabilitadas para ejercer un cargo público.

Personalmente no comparto que se pida la dimisión de manera generalizada por esas actuaciones y me arriesgo a manifestar que tampoco compartiré que se dimita por haber realizado movilizaciones en los últimos años. Como activista, como sindicalista, he realizado y asistido durante los últimos años a multitud de movilizaciones en respuesta a los ataques que desde los distintos gobiernos. He participado en encierros, he asistido a concentraciones, manifestaciones, huelgas, etc., y también por ello he sido identificado por la Policía, me he enfrentado a multas y no descarto formar parte de alguna lista negra. De la misma manera, compañeros y compañeras sindicalistas se están enfrentando a años de cárcel por ejercer el derecho a huelga y el derecho a información. Y es que es nuestro legítimo derecho confrontar con las políticas del Estado, que es quien ejerce la violencia institucional, y de ninguna de las maneras los límites serán puestos por los poderes. Dicho de otra forma, de ninguna manera se pueden asumir las reglas de “los otros” como las que deben establecer los límites ni mucho menos cuando defendemos los intereses que nos son propios. Si algo hay que reivindicar ante estos ataques es nuestra condición de activistas, no cediendo ante la posibilidad de un juicio público. Yo volvería a hacer todo lo que hice y lo volveré a hacer si se mantienen las condiciones que nos empujaron a hacerlo.