Ley Mordaza en cinco historias reales

Carmen baja del cercanías que la lleva de Leganés a Madrid escuchando música por los auriculares al tiempo que, de forma minuciosa, desplaza su dedo por el teléfono móvil. Carmen parece leer y escribir algo interesante en la pantalla mientras espera la conexión de metro. Carmen viene de una ciudad dormitorio y va hasta una plaza de la capital desde la que Pablo tuitea que unas cuarenta personas debaten sobre si acampar o no esa noche a dormir. Podríamos coger unos sacos, unas esterillas y quedarnos, dice alguno de los cuarenta, casi todos jóvenes, que se observan las caras, todas nuevas, en círculo. A Alba, Pablo y los demás no los une su amor por el camping, sino una situación vital similar, unas expectativas parecidas de futuro y una lectura política de lo que está ocurriendo en su país. “Lo llaman democracia y no lo es”, corean algunos de los cuarenta tras decidir que van a quedarse. Celebración de manifestación sin autorización, multa de hasta 600 euros para los participantes y convocantes.

Ángel vive en el barrio de La Viña. Esperanza, una vecina de dos calles más abajo, con dos hijos menores de edad, lleva tres años en paro y no puede hacer frente al pago de la hipoteca que le concedió el Banco Santander. Es amiga de la familia de Ángel de toda la vida y esta misma mañana van a desahuciarla. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Cádiz se organiza para evitar el desahucio. Ángel y otras 20 personas se han citado en el portal de la casa de Esperanza para sentarse y, de forma pacífica, impedir el paso de la policía. Obstruir a cualquier autoridad el ejercicio de sus funciones, multa de hasta 30.000 euros.

Abdoulaye ha llegado a la frontera de Ceuta. Después de varios meses de viaje desde Senegal, consigue tocar territorio español. La legislación internacional de Derechos Humanos impide las devoluciones en caliente, pero la Guardia Civil, tras golpearlo, como recogen las cámaras, lo expulsa al otro lado de la frontera con Marruecos. La Ley de Seguridad Ciudadana regula las devoluciones ‘en caliente’ de los inmigrantes que sean detectados cuando intenten entrar en Ceuta y Melilla irregularmente. A pesar de la legislación sobre DDHH, ningún Guardia Civil podrá ser imputado, como pasaba hasta ahora.

Virginia, Hernán, Sonia y Nacho son miembros de Greenpeace y participan en una protesta pacífica en defensa del medio ambiente. Se descuelgan de la pared de la central nuclear de Cofrentes, situada desde 1984 junto al río Júcar, en la provincia de Valencia. Realizan una pintada: “Peligro Nuclear”. Al bajar, los espera la Guardia Civil, que, como en otras acciones parecidas, procede a su detención. Esta vez, cuando su caso llegue a juicio no pasará como en acciones anteriores en las que, tras demostrarse que no se produjeron daños ni hubo violencia, quedan libres de delito. Reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en lugares que tengan la consideración de infraestructuras críticas como centrales nucleares, multa de hasta 600.000 euros.

En una manifestación en Madrid, policías sin la identificación visible ordenan a un foto periodista identificarse mediante su DNI. El periodista, grabando la escena, le pide al mando policial conocer su número de placa antes de enseñar su documento de identidad. En ese momento, uno de los policías que lo rodean le golpea la cámara que cae al suelo y posteriormente el brazo, antes de llevárselo detenido. La escena es, a su vez, grabada por un manifestante con teléfono móvil, que rápidamente difunde lo que ha pasado por redes sociales. Negativa a identificarse, multa de hasta 30.000 euros. Falta de respeto a la autoridad, multa de hasta 600 euros. Uso no autorizado de imágenes de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, multas de hasta 30.000 euros.