Emilio Cuatrecasas: el fraude de la toga de oro

MARC IGLESIAS // Emilio Cuatrecasas comenzó a trabajar en la gestoría familiar cuando el negocio, fundado por su abuelo, ya tenía un despacho abierto en Barcelona y otro en Bilbao. Cuatrecasas era, entonces, un bufete pequeño que se enfrentaba al cambio de escenario que suponía el paso de la dictadura franquista a la transición democrática. Los cambios en la fiscalidad, el surgimiento de las comunidades autónomas y la internacionalización de los negocios eran los principales retos del momento y el joven Cuatrecasas tenía una visión clara de cómo había que adaptarse a la nueva realidad.

Cuando, en 1980, asumió la dirección de la empresa, Emilio Cuatrecasas apostó por la diversificación del negocio, hasta entonces centrado en los campos fiscal y jurídico, y creó el departamento mercantil. El objetivo era poder satisfacer las nuevas necesidades de las empresas industriales en crecimiento y asesorar a las inversiones extranjeras que llegaban a España. Cuatrecasas se reflejaba en el modelo de los bufetes americanos, que concebían sus despachos como una fábrica de documentos, conocimiento y, sobre todo, de dinero. En palabras de un directivo del grupo: «Nuestro negocio consiste en vender horas, de las que salen contratos, informes y prescripciones para los clientes». Con estas premisas se iniciaba un crecimiento que llevaría al bufete barcelonés a situarse en las primeras posiciones de los rankings estatales y convertiría a Emilio Cuatrecasas en miembro del selecto grupo que fue bautizado con el nombre de las togas de oro.

El abogado más rico de España

En 2009, Emilio Cuatrecasas entró en la lista de las personas más ricas de España con una fortuna estimada entre los 550 y los 600 millones de euros. Entonces, su empresa patrimonial, Emesa SL, declaraba activos por valor de 200 millones de euros, más de la mitad de los cuales correspondían a su participación mayoritaria en la cadena de restauración Áreas.

Cuatrecasas gozaba de prestigio, dinero, buenos contactos y acceso a los círculos de poder de Barcelona y Madrid, las dos ciudades donde el bufete tiene sus oficinas más importantes. En diciembre de 2010, cuando varios medios difundieron un cable secreto de la embajada estadounidense de Madrid según el cual el fiscal español contra la corrupción y el crimen organizado, José Grinda, se preguntaba por qué tantos mafiosos rusos utilizaban los servicios del despacho Cuatrecasas, la dirección general del bufete se limitó a elaborar un discreto comunicado. El texto, dirigido a la plantilla, explicaba que, de 2004 a 2009, Cuatrecasas sólo había tenido cuatro clientes de origen ruso: «Un catedrático de Matemática Aplicada, un prestigioso abogado penalista, un importante empresario israelí y un miembro relevante de la comunidad judía alemana». Todos ellos, destacaba el texto, habían superado «el estricto proceso de admisión de clientes» de la compañía y, además, no tenían ninguna relación entre sí. Grinda exageraba y los rusos de Cuatrecasas eran respetables empresarios imputados injustamente por blanqueo de capitales. Fin de la polémica.

Confiar en la justicia

A finales del año 2011, la Fiscalía de Delitos Económicos acusó a Emilio Cuatrecasas de incluir diversos bienes de uso personal y familiar dentro del patrimonio de Emesa SL para, seguidamente, simular que los alquilaba. A pesar de que el fiscal consideraba que Cuatrecasas era responsable de nueve delitos fiscales y valoraba el presunto fraude en casi cuatro millones de euros, el conocido abogado barcelonés ni se despeinó. «Tengo plena confianza en la justicia», se limitó a afirmar entonces. Pocos días después, la portavoz de Emesa SL declaraba en el diario Expansión: «Todas las actividades [de Emilio Cuatrecasas] como contribuyente han sido legales, correctas y de acuerdo con la ley». Al mismo tiempo, su bufete procuraba quitar hierro al caso explicando que el asunto no era más que «un tema personal del presidente y no del despacho».

En septiembre de 2012, tras declarar ante el titular del juzgado de instrucción número 32 de Barcelona, Emilio Cuatrecasas explicaba a la prensa que estaba «tranquilo» y afirmaba sin rubor que todo era culpa de «una diferencia de interpretación» entre él y la Agencia Tributaria. Dos meses después, el juez José Antonio Cruz de Pablo daba la razón al abogado y, en el auto de archivo del caso, acusaba al fiscal y los inspectores de Hacienda de «desconocimiento de la realidad social» y de “sostener una entelequia” para justificar la querella.

El suelo fértil de la libertad

El prestigio personal de Cuatrecasas y el de su despacho parecían estar por encima de cualquier contratiempo. Los beneficios del bufete, que ya empleaba a más de mil abogados y tenía una docena de delegaciones en todo el mundo, continuaban creciendo a pesar de la situación complicada que vivía la economía española y superaban ampliamente los 200 millones de euros por ejercicio. En el año 2010, en una conferencia en Sevilla, Cuatrecasas aconsejaba a la concurrencia que no se preocupara, «porque haga lo que haga [el Gobierno], la crisis desaparecerá». Para él, la situación de incertidumbre que se vivía en España no era otra cosa que «el suelo fértil de la creatividad pura y la libertad». Un suelo donde, efectivamente, su despacho acumularía una serie de buenas cosechas, tales como la privatización de Aena, la creación de la Sareb o el asesoramiento en las transferencias de los activos tóxicos de Bankia, Catalunya Caixa, Novagalicia y Banco de Valencia hacia el banco malo.

Al margen de sus negocios, Emilio Cuatrecasas cultivaba su imagen pública con cargos y participación en el Foro Puente Aéreo, en la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) o en el Real Club de Polo de Barcelona. Miembro activo de lo que el exalcalde Xavier Trias suele definir como «la sociedad civil», Cuatrecasas es uno de los impulsores de Barcelona Global, un lobby creado en 2011 con la misión de «hacer de Barcelona una de las mejores ciudades del mundo para desarrollar talento y actividad empresarial». Elegido presidente de la entidad en mayo de 2012, cuando las imputaciones por fraude fiscal aún no habían sido archivadas, Cuatrecasas fue el encargado de firmar, al año siguiente, el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona y ofició de maestro de ceremonias en las reuniones que el entonces alcalde hizo durante su viaje oficial a Nueva York en mayo de 2013. La polémica por sus declaraciones de julio de 2012, cuando, durante un acto de Barcelona Global, afirmó que el catalán suponía un «problema» para atraer talento a Cataluña, parecía, una vez más, convenientemente olvidada.

La caída

En septiembre de ese mismo año, la Audiencia Provincial de Barcelona aceptó el recurso presentado por la fiscalía. El juzgado se vio obligado a reabrir el caso. Sin embargo, dos meses después, archivó ocho de los nueve delitos y cerró la instrucción con una sola acusación. La fiscalía volvió a recurrir a la Audiencia, que decidió restablecer la acusación inicial. Así pues, Cuatrecasas debería enfrentarse a un juicio por nueve delitos fiscales -valorados en 3,7 millones de euros- y la condena podía suponer más de veinte años de prisión.

La situación era complicada, pero en marzo de 2014, preguntado por el punto procesal en que se encontraba su caso, Emilio Cuatrecasas continuaba aparentando tranquilidad: «Ni lo sigo. Confío en la justicia y en mis abogados, que son muy buenos». A pesar de sus declaraciones, el desgaste personal y el del bufete empezaban a ser evidentes. En el verano de 2014, Cuatrecasas abandonó la presidencia de su despacho y también la silla del consejo de administración, aunque mantuvo su condición de socio y su paquete accionarial. En el comunicado interno donde anunciaba la decisión, el hasta entonces presidente apuntaba que lo que es difícil, en la vida, no es aceptar cargos sino dejarlos. Al mismo tiempo, el abogado también renunciaba a las presidencias de la APD y de Barcelona Global, dos entidades que coincidieron en mantener su vinculación con Cuatrecasas ofreciéndole un nuevo cargo de presidente honorífico.

El acuerdo

A finales de enero de 2015, se hizo público que los abogados de Cuatrecasas intentaban negociar un acuerdo con Hacienda con el objetivo de evitar la cárcel y la celebración del juicio. Dos meses más tarde, el acusado regularizó su situación tributaria ingresando 4.133.227 euros -correspondientes a los impuestos eludidos más los intereses- al erario público. Finalmente, el 15 de abril de 2015, Emilio Cuatrecasas, el fiscal y los abogados de las partes firmaron un pacto de conformidad que establecía una condena de dos años -que suponía no tener que pisar la cárcel- y una multa de 1.522.828 euros.

Después de más de tres años negando los hechos, Emilio Cuatrecasas reconoció que había hecho «una sucesión de negocios simulados» y aceptó que los arrendamientos con Emesa constituían «una apariencia jurídica que tenía como única finalidad la indebida disminución de la carga fiscal». El documento rubricado por el abogado detallaba los bienes objeto de los falsos contratos de alquiler (la casa familiar de Pedralbes, el ático del Paseo de Gracia -donde se instaló después de su divorcio en 2007- y sus cinco plazas de parking, dos segundas residencias, el barco Concordia, dos puntos de amarre en el puerto de Mataró y nueve coches) y también especificaba que Emesa SL se había hecho cargo irregularmente de la compra de mobiliario, electrodomésticos, decoración, consumos y mantenimiento en general, incluyendo el personal de servicio y la tripulación de la embarcación.

El cojín

A pesar de haber tenido que pagar más de seis millones y medio de euros, el patrimonio de Emilio Cuatrecasas sigue siendo muy alto. Además, durante los últimos meses, el abogado habría llevado a cabo algunos movimientos que, a buen seguro, contribuirán a permitir que afronte la nueva etapa con más tranquilidad. El primero, según explicaba el diario Expansión en marzo de este año, se produjo en octubre de 2014, dos meses después de que Cuatrecasas abandonara la presidencia del despacho, cuando se constituyó la empresa Diagonal 191 SL. Esta sociedad promotora, que cuenta con una «participación relevante» de Emesa SL, es la actual propietaria de un inmueble situado en el distrito tecnológico 22 @, un edificio que está destinado a ser la nueva sede barcelonesa del bufete. Se estima que el coste total de las obras superará los 35 millones de euros. De éstos, 25 los pondrá la promotora y el resto, el despacho de abogados, que ha firmado un contrato de alquiler de importe desconocido con Diagonal 191 SL para los próximos veinte años.

Por otra parte, quince días después de rubricar el pacto judicial, Emilio Cuatrecasas llegó a un acuerdo con el grupo francés Elior para cambiar las acciones que tiene Emesa SL del grupo de restauración Áreas por 46 millones de euros en cash y 150 millones en acciones de Elior. Aunque la transacción no se ha dado por cerrada, el cojín económico de Cuatrecasas no parece peligrar.

[Artículo publicado en La Directa en la serie ‘Poder a la sombra’]