Cinco mitos del primer año de reinado de Felipe VI

Este viernes se cumple un año de reinado de Felipe VI, quien ha tratado de sacar a la monarquía de la crisis en la que se había sumido durante los últimos años de Juan Carlos I en el trono. Los medios han difundido profusamente los gestos que el nuevo monarca, junto a Letizia, ha hecho para dar una imagen reformadora. Pero, ¿hasta qué punto han cambiado las cosas dentro de la Jefatura del Estado?

1. Opacidad en las reuniones

Igual que su padre antes que él, el rey Felipe VI recibe oficialmente en la Zarzuela a empresarios, mandatarios y otras personalidades, pero además mantiene reuniones que no trascienden. Se sabe poco de la jornada laboral que el rey tiene cada día y de los detalles de sus mediaciones. «A todo el mundo le parece muy positivo que el rey sea un mediador para los negocios, pero claro, ¿a quién representa? Imaginemos que no es un rey sino un jefe de Estado elegido democráticamente. Si acudiera a viajes internacionales le exigiríamos dar cuentas de a quién representa, por qué lleva a unos y no a otros empresarios», reflexiona Eva Belmonte, directora de proyectos de la Fundación Civio.

2. Opacidad en el presupuesto

Pese a la inclusión de la pestaña ‘Transparencia’ en la web de la Casa Real, lo cierto es que el desglose de las cuentas es mínimo y el nivel de detalle es prácticamente igual que con Juan Carlos I. Lo que se sabe a ciencia cierta es que la Casa Real tiene un presupuesto de 7.775.040 euros, que Felipe VI reparte a voluntad entre sus integrantes. Incluido en ese montante está la partida de 2.520.000 euros en concepto de «incentivos al rendimiento», por ejemplo, pero no se justifican. Por otro lado, a la Casa Real llegan presupuestos de manera indirecta: 6 millones desde el Ministerio de Presidencia y unos 700.000 euros desde Exteriores. Pero además existen otras partidas opacas, sobre las que la Administración se niega a informar, para financiar dispositivos de seguridad, la Guardia Real o los oficiales militares de la Casa Real, los palacios de Patrimonio Nacional o el Parque Móvil, entre otros.

3. Un rey «normal»

Felipe VI no tiene ni rastro de la presunta campechanía de su padre. El nuevo rey mantiene una imagen seria, no tiene carisma y el tono de su discurso es plano. Sin embargo, los expertos apuntan a esa «normalidad» como una de sus virtudes. Al final de su reinado, Juan Carlos I había perdido prácticamente toda la legitimidad que había ganado con su actuación durante la Transición, y su nota en el CIS pasó de bordear el 7 en la década de 1990 al 3,72 en 2014. Con el cambio de cara y la campaña para lavar la imagen de la monarquía, la calificación ha subido hasta el 4,34. Aún suspenso, pero con tendencia al alza. Su equipo de comunicación machaca constantemente una idea: Felipe VI es la persona más capaz para ocupar el puesto.

4. Complicidad de los grandes medios

José Antonio Zarzalejos, quien fue durante unos años director de ABC, el periódico monárquico por excelencia, explica que «había un pacto no escrito en virtud del cual se amparaba de críticas a la jefatura de Estado». «Los medios de comunicación, y ahí me incluyo yo, no reparamos en que el rey habría necesitado un contrapeso crítico», añade. Entre los expertos, hay una percepción de que ese muro de silencio ya se ha roto. Sin embargo, la falta de crítica al nuevo monarca -junto a la persistencia de tabúes, como, por ejemplo, a cuánto asciende la fortuna personal de Juan Carlos I- y los cambios en la dirección de los medios, con la llegada de periodistas cercanos a la Casa Real, agitan la sombra de la duda: Javier Ayuso y Antonio Caño, en El País o Màrius Carol, en La Vanguardia, por ejemplo.

5. Anacronía de la institución

La línea dinástica la rompió el dictador Francisco Franco, quien se saltó a Don Juan de Borbón y nombró sucesor a su hijo, Juan Carlos I, como jefe del Estado español y su sucesor. La Constitución de 1978 es el pilar legal de la existencia de la institución monárquica, que blinda la Jefatura del Estado hereditaria y sólo mediante el varón primogénito. Además de ser un cargo no elegido y en esencia machista, que relega a la mujer a la categoría de consorte, es también una de las claves de bóveda del actual régimen constitucional: no se puede cambiar el carácter de la jefatura del Estado sin abrir un proceso constituyente.