Reclamando la soberanía de los pueblos frente a la arquitectura de la impunidad

Gorka Martija* // A lo largo de esta semana, entre el lunes 8 y el miércoles 10 de junio, con ocasión de la II Cumbre UE-CELAC, diferentes movimientos sociales de Europa y América Latina —y también de países de otras latitudes como Sudáfrica o Filipinas—, se han dado cita en Bruselas para debatir sobre cómo seguir articulando propuestas de resistencia y alternativa a los tratados de comercio e inversiones y frente al poder de las empresas transnacionales.

La convocatoria de estos días de movilización sigue la estela de la red birregional Enlazando Alternativas, una dinámica de los movimientos sociales por la que, desde el año 2004, viene fomentándose la suma de esfuerzos por parte de organizaciones y plataformas de ambos lados del Atlántico, aprovechando la celebración bianual de las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, para confrontar esa arquitectura de la impunidad formada por la maraña de tratados de “libre comercio” que se han generalizado a nivel global en las últimas décadas.

Como integrantes de esta red, así como de la campaña global Desmantelemos el Poder Corporativo, varios miembros del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) hemos estado estos días en Bruselas tomando parte activa en las movilizaciones y en los enriquecedores debates que allí tuvieron lugar. Igualmente, hemos podido participar en la Cumbre de los Pueblos, impulsada por el movimiento de solidaridad con el ALBA-TCP y el gobierno venezolano, que se ha realizado de manera paralela pero guiada por un espíritu contrahegemónico similar. Como dijo en esta cumbre alternativa Luis Nieto, coordinador de Paz con Dignidad, “con casos como el de la transnacional Chevron-Texaco en Ecuador queda claro que en la lex mercatoria se anteponen los negocios de las empresas transnacionales a la soberanía de los pueblos”.

Con la vista puesta en Estrasburgo

Pese a no tratarse de una cuestión directamente vinculada con las relaciones birregionales entre la UE y América Latina, la votación que debía haberse realizado el pasado miércoles en el Parlamento Europeo —que esta semana, mientras los presidentes y jefes de Estado se reunían en Bruselas, llevaba a cabo sus sesiones en Estrasburgo— sobre el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre EEUU y la UE (TTIP) impregnó el ambiente durante toda la cita. De hecho, la postura de rechazo frontal de este acuerdo comercial por parte de estas redes de movimientos sociales fue recogida en la carta abierta a los gobiernos de la UE-CELAC aprobada por el plenario de cierre de las jornadas. Por eso, la noticia de la posposición de la votación, motivada realmente por la ausencia de certezas sobre el margen de aprobación que finalmente pudiera resultar, fue vivida como una especie de victoria.

La necesidad de reforzar la solidaridad con el pueblo griego frente a los embates de la supuestamente extinta Troika fue también una constante, así como las reflexiones de los compañeros y compañeras del otro lado del océano en torno a la ironía que supone el hecho de que en Europa se viva hoy la misma pesadilla que desde los años ochenta asola tierras latinoamericanas. En este sentido, el imperativo para los pueblos europeos es claro: convertir el TTIP en nuestro ALCA, derrotándolo y abriendo un nuevo ciclo histórico en la región, como sucedió en Mar del Plata en 2005.

Contra la lex mercatoria y por la unidad latinoamericana

Han sido muchos los temas abordados en estos días, como muchos son los movimientos que se han desplazado hasta Bruselas para aportar la visión de sus respectivas luchas respecto a los retos regionales y globales que, en el marco de la crisis civilizatoria que estamos viviendo, hoy enfrentamos.

Entre ellos, sin duda, el Tratado Internacional de los Pueblos para el Control de las Empresas Transnacionales ha ocupado un lugar central, en tanto que herramienta valiosa de lucha contra la impunidad de las grandes corporaciones. Porque, como dijo Juan Hernández Zubizarreta, profesor de la Universidad del País Vasco y miembro de OMAL, este tratado alternativo “entronca con una concepción del Derecho Internacional radicalmente diferente a la oficial, con una perspectiva que se aleja de la diplomacia de los Estados y de los organismos interestatales”. Hernández aportó diferentes elementos de análisis al respecto, como la versatilidad de una herramienta que combina un cambio de paradigma, apostando por una transformación del Derecho Internacional que sea construida desde abajo, con un gran potencial de ser una propuesta inmediata y factible en el corto plazo. En la misma línea, Simona Fraudatario, miembro del Tribunal Permanente de los Pueblos, remarcó la necesidad de reactivar la Carta de Argel de 1976, dotando de un hilo histórico a las resistencias actuales.

La denuncia del extractivismo también fue una constante entre las participantes, destacando la aportación desde el prisma africano de David Fig y Thoko Madonko, que pusieron el foco en el sector minero en Sudáfrica, así como en la especialmente sangrante situación de la industria extractiva de coltán en la República Democrática del Congo, vinculada a la producción de teléfonos móviles que, huelga decirlo, no tiene en la ciudadanía congoleña a su principal nicho de consumidores, aunque sí de víctimas. Por otro lado, el aumento del peso de este tipo de actividades en América Latina ocupó un espacio de reflexión destacado, como no podía ser de otra manera, toda vez que se trata de un elemento nuclear de las agendas de la práctica totalidad de movimientos sociales de la región.

Fueron muchas las personas que destacaron los nuevos retos que se avecinan en Latinoamérica en torno a la renovada ofensiva de la derecha neoliberal en la región, que camina en paralelo a nuevos intentos por hacer avanzar los acuerdos de “libre comercio” por parte de la Unión Europea. Así, la necesidad de una evaluación pública y democrática de los impactos de los Acuerdos de Asociación de la UE con México y Chile; la demanda de no ratificación de los acordados con Colombia, Perú y Centroamérica; y el llamado al Mercosur y a sus países componentes a no reiniciar las negociaciones con la Unión, han ocupado un espacio privilegiado en los debates celebrados.

A este respecto, tanto Alberto Villarreal, de Amigos de la Tierra Internacional, como Graciela Rodríguez, de la Red Brasileña por la Integración de los Pueblos (REBRIP), coincidieron en la necesidad de fortalecer las dinámicas que, no sin contradicciones, tratan de avanzar hacia la consolidación de la unidad latinoamericana. Para ello, se trata de reforzar las alianzas de los gobiernos progresistas con los sectores populares más combativos, demandando a los países de Mercosur que no se dejen llevar por los cantos de sirena de la Unión, que pretende profundizar relaciones en términos de bilateralidad con países como Brasil o Paraguay, rompiendo así la unidad del bloque. Y es que la UE siempre ha sido, pese a la retórica, enemiga de una verdadera integración regional de América Latina.

Este año, dos citas cruciales

2015 va a ser un año con dos fechas marcadas en rojo en el calendario de estas redes y plataformas de solidaridad internacional.

Por un lado, en diciembre se celebrará en París la cumbre multilateral contra el cambio climático, que resituará los parámetros de acción global establecidos en Kyoto. Los movimientos sociales, los colectivos ambientalistas, las organizaciones sindicales y contra la austeridad se movilizarán en paralelo para tratar de trasladar la presión de la sociedad civil en favor de un cambio de modelo integral que nos permita afrontar la crisis ecológica global que padecemos.

Por otro lado, y más cercano en el tiempo, a principios de julio se celebrará la sesión de constitución del Grupo de Trabajo Intergubernamental de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para la elaboración de un instrumento internacional vinculante en materia de empresas y derechos humanos, recogiendo así el guante de la iniciativa aprobada hace un año para la negociación de una normativa multilateral vinculante que vele por evitar la violación de los derechos humanos por parte de las transnacionales.

Como denunció María Fernanda Espinosa, representante de la misión permanente de Ecuador ante las Naciones Unidas en Ginebra, la UE conforma un bloque de oposición sin fisuras a este instrumento de fiscalización de las multinacionales, fomentando maniobras dilatorias como la no participación en las reuniones como vía para vaciar de contenido el futuro grupo de trabajo, planteando exigencias como que este no sea presidido por personas consideradas por la Unión como “parciales” y proponiendo, en lugar de personas vinculadas al gobierno ecuatoriano —principal impulsor institucional de la iniciativa—, a perfiles pretendidamente técnicos como el de John Ruggie, precursor del Global Compact y exrepresentante especial del secretario general de la ONU sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales.

* Gorka Martija es investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.