El PP se aferra a la ‘doctrina Botín’ para pedir no ser juzgado en el caso Bárcenas

MADRID // El Partido Popular ha recurrido la decisión del juez De la Mata, encargado de la instrucción del caso que juzga la existencia de una supuesta caja B en el PP, de imponerle una fianza de 1,2 millones de euros en el juicio que se abrirá contra la formación conservadora por la supuesta responsabilidad civil del partido en el caso. En el recurso, el PP apela a la ‘doctrina Botín’ para que no se le juzgue como responsable civil del supuesto dinero no declarado a Hacienda, según revela este jueves Europa Press.

La ‘doctrina Botín’ fue establecida por el Tribunal Supremo (TS) en el año 2007, y dicta que la acusación popular por sí sola no puede motivar la apertura de juicio oral contra un imputado. Sin embargo, esta norma fue concretada por el propio TS después con la ‘doctrina Atutxa‘, estableciendo que la acusación popular sí puede jugar ese papel en solitario si se trata de un delito que afecta a bienes de interés general y no a una persona concreta.

Así las cosas, el PP considera que las acusaciones populares «no tienen legitimación para reclamar la responsabilidad civil derivada del delito cuando el supuesto perjudicado», en referencia a la Hacienda Pública, «renuncia a ella», señalando que ni la Fiscalía ni la abogacía del Estado han pedido el procesamiento del Partido Popular por la responsabilidad civil.

Esta reclamación es bastante similar a la que realizó en su día la infanta Cristina para evitar ser juzgada en el Caso Nóos. En esa ocasión, el juez instructor, José Castro, recordó a la infanta que «Hacienda somos todos» en el auto de apertura de juicio oral contra ella, asegurando que el fraude fiscal es un delito que perjudica al interés general.

Así las cosas, es de esperar que el recurso no prospere ya que el propio Juez De la Mata ya argumentó el procesamiento del PP como responsable civil basándose en la ‘doctrina Atutxa’.

Además, el partido de Mariano Rajoy solicita que el caso no sea juzgado en la Audiencia Nacional y sea resuelto en la Audiencia Provincial de Madrid argumentando que su sede se encuentra allí y que las cantidades supuestamente defraudadas no suponen «una grave repercusión en la economía nacional».