Los socialistas europeos justifican su giro ante la votación sobre el TTIP

A una semana de que el Parlamento Europeo vote sobre una posición común frente a las controvertidas negociaciones de un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y EEUU crece la presión sobre los socialdemócratas. El giro de los partidos del grupo Socialistas y Demócratas (S&D), entre ellos el PSOE, a favor del polémico mecanismo de arbitraje privado entre empresas y Estados ha provocado un gran malestar entre sus bases y otras partes de la ciudadanía.

El jueves pasado los representantes socialdemócratas –con una excepción- votaron a favor de un informe sobre el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP, en sus siglas en inglés) en la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (INTA). Este documento prevé crear una “solución permanente para la resolución de controversias entre inversores y Estados que esté sujeta a los principios y el control democrático”.

Los lobbies industriales a ambos lados del Atlántico, pero especialmente en EEUU, están presionando para que las empresas tengan la posibilidad de recurrir decisiones soberanas de los gobiernos, como cambiar leyes, eliminar subvenciones etc, fuera del sistema de Justicia de estos países. Bajo el plan original, en el TTIP todos los países se comprometerían a respetar estos tribunales de arbitraje de carácter privado bajo una cláusula llamada ISDS en sus siglas en inglés.

La nueva propuesta habla ahora de crear un mecanismo de arbitraje con jueces públicos y más transparencia, según subrayan desde el grupo S&D. Sin embargo, para los detractores del TTIP esta nueva versión del ISDS, que se basa en una reforma presentada por la comisaria europea de Comercio Celia Malmström, no es muy diferente a los mecanismos de arbitraje de los que se hablaba hasta ahora y a los que los socialistas europeos se habían opuesto con rotundidad.

El problema de fondo sigue siendo que el TTIP brindaría a los inversores extranjeros la posibilidad de demandar a gobiernos y a otras instituciones nacionales por supuestos perjuicios fuera del sistema de Justicia del país en cuestión. Los críticos lo consideran un ataque a los fundamentos democráticos.

“Hemos enviado al ISDS al basurero de la historia”, comentó eufórico Bernd Lange, eurodiputado del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) y presidente de la Comisión INTA. Sin embargo, no todo el mundo comparte esta evaluación. En la página web de Lange hay varios comentarios de lectores que se identifican como militantes del SPD y acusan a Lange y los suyos de haber traicionado sus propios principios.

Los socialdemócratas alemanes han aprobado en sus congresos que el partido se debe oponer a la inclusión de estos mecanismos de arbitraje. El presidente del SPD, Sigmar Gabriel, lleva meses intentando persuadir a los suyos para que no sean un obstáculo para aprobar el TTIP. El también vicecanciller y ministro de Economía es un defensor del Tratado de Libre Comercio con EEUU. En una cumbre de líderes socialistas en Madrid en febrero, Gabriel presentó a sus socios un documento base que debería consensuar una posición común frente al TTIP.

También en el PSOE están nerviosos por el disgusto que causó su voto a favor de la propuesta en la Comisión INTA. Desde la sede de Ferraz se ha mandado un correo electrónico a los afiliados en el que se justifica la posición de sus eurodiputados. “Hemos logrado que el Parlamento Europeo apoye nuestra exigencia de parar el ISDS (un sistema de arbitraje privado entre empresas y Estados). Pero además de pararlo, hemos avanzado para que el Europarlamento defienda tribunales públicos (primero de los Estados y luego, en última instancia, internacional)”, reza el mensaje.

En contra de los esfuerzos del PSOE y el SPD alemán, los socialistas franceses consideran “insatisfactorio” haber apoyado la propuesta la semana pasada. El eurodiputado francés Emmanuel Maurel fue el único miembro socialista de la Comisión que votó en contra, junto con los Verdes y el grupo Izquierda Unitaria Europea (al que pertenecen Die Linke, Syriza, Izquierda Unida y Podemos, entre otros).

Tanto PSOE como SPD subrayan que han conseguido introducir otros elementos en el documento que supuestamente protegen ciertos servicios públicos de una futura privatización y dan garantías laborales y medioambientales. Business Europe, el principal y poderoso lobby de las empresas europeas en Bruselas, se felicitó en un comunicado porque se habían “reconocido los derechos de los inversores”. Pero también admitía estar “preocupado por la petición de excluir los servicios públicos”.

La votación del próximo miércoles 10 de junio sobre la posición respecto al TTIP en el Parlamento Europeo no tiene carácter vinculante. Los negociadores de Bruselas y Washington pueden llegar a conclusiones bien distintas. Pero el texto final del acuerdo –si llega a haberlo- sí que necesitaría pasar por la Eurocámara.

Probablemente, el asunto no terminaría ahí. Varios parlamentos nacionales ya han decidido que deben pronunciarse también sobre el TTIP. Y en última instancia quedaría la vía judicial. En Alemania se han hecho informes que concluyen que los mecanismos de arbitraje, tal y como estaban previsto bajo el ISDS, podrían vulnerar la Constitución.