La semana ‘horribilis’ del PP

MADRID // Cuando el domingo 24 de mayo cerraron las urnas y comenzó el recuento electoral, el PP ni siquiera se imaginaba los días que le venían por delante. En cuestión de horas, el Partido Popular se dejó dos millones y medio de votos. O lo que es lo mismo, perdió 516 mayorías absolutas. A nivel municipal,  los populares pueden dejar de gobernar en breve en grandes ciudades como Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga, Alicante, Palma de Mallorca o Córdoba. El desastre es similar a nivel autonómico: el PP no ha revalidado ninguna mayoría absoluta y queda a expensas de posibles pactos postelectorales. Salvo sorpresa mayúscula, perderá los gobiernos de Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Baleares y Cantabria, también ha sido derrotado en Extremadura y solo podrá retener Madrid, Castilla y León, Murcia y La Rioja si convence a Ciudadanos.

Horas después de la debacle, Mariano Rajoy se volvió a postular públicamente como candidato a las elecciones generales de noviembre; reiteró que el PP, pese a la sangría, era el ganador de los comicios del 24-M y apostó por no acometer cambios en la formación. Las aguas ya bajaban revueltas por Génova 13, pero las palabras del presidente del Gobierno acabaron por desatar el tsunami. Era el inicio de una semana horribilis llena de acusaciones, dimisiones, condenas, detenciones y amenazas. La pesadilla acababa de comenzar.

Los primeros en dar el paso fueron algunos de los barones territoriales del partido. Cuatro pesos pesados de la formación, todos ellos cabezas de cartel en las últimas autonómicas, anunciaron a Rajoy su retirada para favorecer  una renovación que consideran imprescindible. José Ramón Bauzá (Baleares), Alberto Fabra (Valencia), Luisa Fernanda Rudi (Aragón) y Juan Vicente Herrera (Castilla y León) no optarán a la reelección, y así se lo hicieron saber al presidente del Gobierno, en privado… y en público.

«Nuestra marca causa ahora rechazo», reconoció Rudi. Mientras, Fabra apeló a «resetear» el partido. Pero el más claro fue Herrera, quien recomendó a Rajoy que se «mirase al espejo y se respondiese si debe ser el candidato» antes de volver a presentarse a las generales. Herrera también acometió con dureza contra el ministro de Industria, José Manuel Soria, a quien acusó de actuar con «insensibilidad y arrogancia» a la hora de abordar la cuestión de la minería y el carbón. Una actitud, dijo Herrera, que se ha traducido en la pérdida de diputados en León, lo que ha impedido que el PP revalide la mayoría absoluta en la región.

Mientras esto sucedía, en Madrid Esperanza Aguirre protagonizaba uno de los mayores esperpentos de la semana. La hasta ahora todopoderosa lideresa se inmolaba en público ofreciendo su apoyo a la candidatura del socialista Antonio Miguel Carmona, para evitar la llegada de Manuela Carmena y Ahora Madrid a la alcaldía de la capital. Aguirre acusó a Carmena de querer alcanzar el mando del Ayuntamiento «como trampolín para romper el sistema democrático tal y como lo conocemos», y propuso crear una coalición PP-PSOE-Ciudadanos para evitar el gobierno de «la izquierda radical». «Mi objetivo es frenar a Podemos», insistió. Horas después, Aguirre fue aún más lejos, y propuso un pacto con Ahora Madrid si la formación renunciaba a crear «soviets en los distritos» de Madrid.

A 350 kilómetros, en Valencia, Marcos Benavent, el comisionista del ex presidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, compareció ante la Justicia para declarar como imputado por irregularidades en el saqueo de Imelsa. «Voy a tirar de la manta y provocar mucho daño», avanzó la ex mano derecha de Rus, ya expulsado del PP.

También a mediados de semana, el juez José de la Mata, quien suplió a Pablo Ruz en la instrucción de la trama Gürtel en la Audiencia nacional, anunció la apertura del juicio oral por este caso de corrupción. De la Mata exige al PP el pago de 1,2 millones de euros como responsable civil subsidiario de esta trama. El juez considera que existió organización criminal, asociación ilícita, delito electoral, tráfico de influencias, falsedad contable, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública. El juicio sentará en el banquillo de los acusados a los ex tesoreros del partido Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas. Precisamente Bárcenas ha anunciado que demandará ante los tribunales su reingreso en el PP.

El Partido Popular ha cerrado la semana de la peor manera posible. El viernes, la Policía detuvo al delegado del Gobierno en Valencia, Serafín Castellano, por su presunta participación en supuestas irregularidades y trato de favor a la empresa Avialsa en su etapa al frente de la Conselleria de Gobernación. El ex gerente de Avialsa denunció que Castellano había recibido un rifle como regalo y había sido invitado a numerosas cacerías por parte del empresario a cambio de contratos públicos para la extinción de incendios, que reportaron a la empresa cerca de 33 millones de euros.

Pocas horas después, en Valladolid, una jueza condenaba por un delito de desobediencia al alcalde Francisco Javier León de la Riva, quien se ve así obligado a renunciar a su acta de concejal (y a dejar el Ayuntamiento), y a pagar 12.000 euros de multa. El tribunal cree probado que De la Riva demoró durante casi cinco años  la ejecución de una sentencia judicial.

Mientras todo se desmorona, el núcleo más cercano a Rajoy intenta contemporizar en público, lanza mensajes de aliento a su líder e insiste en que el bache es pasajero. El presidente del Gobierno, a su manera, ha movido ficha y ha deslizado que habrá cambios en el partido y en el Ejecutivo, aunque «poco a poco» y en su debido momento. El verano se presenta caliente en Génova.