Privatización del agua: Viajes, balnearios de lujo y gastos falsos

Artículo publicado en la revista Cercanías, a la venta en quioscos y en nuestra tienda virtual

Directivos de Aquagest (Agbar) en Santiago de Compostela, entre ellos el delegado de la empresa, han sido acusados de sobornar a cargos públicos para conseguir contratos y de cobrar gastos falsos. Según la investigación, la empresa concesionaria trató de cargar al Consistorio una factura de 400.000 euros por el servicio de cuatro depuradoras que no funcionaban.

En Asturias, la Policía investiga a más de 30 políticos, entre ellos a varios alcaldes, a quienes Aquagest pagó viajes por valor de más de un millón de euros entre 2009 y 2013. También a cargo de Aquagest, en 2010 el actual presidente cántabro, Juan Ignacio Diego Palacios, y su consejero de Obras Públicas disfrutaron junto a dos acompañantes de una estancia en un balneario de cinco estrellas. Aqualia, del grupo FCC, ha empleado a algunos cargos públicos que participaron en las privatizaciones de algunos municipios; y en Barcelona Anticorrupción investiga el servicio de aguas de Agbar, para el cual no hubo concurso público.

Son algunos de los casos de presunta corrupción vinculados al negocio del agua, que se desarrollaron al calor de la opacidad que brinda el modelo. Pero para Luis Babiano, gerente de Aeopas, también existe “corrupción legal”. En el municipio de Punxín (Ourense), la entrega del servicio de aguas a Aquagest en 2010 incrementó en un 300% la factura. “No puedo hacer nada. En el contrato tienen 107.000 euros al año y hay que dárselos”, justificaba el alcalde. Una comisión vecinal descubrió que no sólo eran víctimas de un aumento desorbitado de precios: el agua llevaba arsénico.

Pedro Arrojo, doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza e impulsor de la Fundación Nueva Cultura del Agua, denuncia que algunas infraestructuras ligadas al agua en Aragón se construyeron a un tamaño de entre 7 y 10 veces superior al necesario. “No se ha rescindido ni un solo contrato. Al contrario, se han preparado 2,4 millones de euros para indemnizar a empresas. Aquí hay indicios de corrupción”, zanja.