Las empresas ven peligrar su negocio con la Sanidad pública tras el 24-M

MADRID // En la Comunidad de Madrid, 11 hospitales tienen privatizados sus servicios. Cuatro de ellos tienen una gestión privada integral. La expresidenta Esperanza Aguirre intentó liberalizar por completo la gestión de otros seis, pero finalmente, tras la presión ciudadana y un varapalo judicial, decidió dejar aparcado el proyecto.

En el País Valenciano, cinco hospitales nacieron con una gestión privada. El año 2018, se acaba el contrato con la concesionaria Ribera Salud para la gestión del hospital de Alzira. El próximo gobierno deberá tomar la decisión de renovar la licencia o hacerse cargo de la administración del hospital. Excepto el PP, la mayoría de partidos -PSPV, Compromís, EU, Podemos y Ciudadanos- ha mostrado su interés por no renovar el acuerdo. Esquerra Unida va más alla; su candidato, Ignacio Blanco, explica que intentarán rescatar la gestión pública antes de 2018, si es posible, “por incumplimiento del contrato”.

Tanto Madrid como el País Valenciano fueron pioneros en los procesos privatizadores, por lo que la presencia de la empresa privada en la Sanidad pública es mayor. En autonomías como Castilla-La Mancha, la proximidad de la cita electoral y los recortes sanitarios le han servido a la presidenta María Dolores de Cospedal para justificar que por el momento no se plantea “externalizar” más servicios. Algo similar sucede en Baleares, La Rioja o Castilla y León. En Galicia, donde no hay elecciones autonómicas, se ha aprobado la concesión de varios servicios del nuevo hospital de Vigo a la unión temporal de empresas.

Ni en Andalucía y ni en Cataluña habrá proceso electoral autonómico el 24 de mayo. En el caso de la comunidad andaluza, hay 47 hospitales públicos y la Junta mantiene conciertos de colaboración con otros 17 centros privados. En Cataluña existe una larga tradición de consorcios entre la Administración y la empresa privada y éstos han ido aumentando en los últimos años. Últimamente, además, dentro de los hospitales públicos se está ofreciendo servicios de sanidad privada, como en el caso de Barnaclínic.

Pese a que parece que no está en la agenda de los partidos la privatización total de nuevos hospitales, las organizaciones en defensa de la Sanidad Pública denuncian que la privatización se está haciendo notar en otros ámbitos como el de las pruebas diagnósticas, especialidades como radiología y con algún tipo de operaciones. Ahí las promesas electorales de los partidos están mucho más diluidas entre marcos teóricos que hablan de “eficiencia” y “asegurar la mejor calidad asistencial en la Sanidad pública”. Sin embargo, los nuevos gobiernos deberán tomar medidas que irán más allá y que marcarán la agenda política de defensa o no de lo público. Por ejemplo, en abril de 2016 terminará el contrato con Indra por el que esta empresa privada y con fuertes vínculos con políticos presta el servicio de citaciones médicas (el conocido vulgarmente como call center).

La otra batalla que se juega en las elecciones es la de las inversiones en Sanidad. La media que dedican las comunidades autónomas, per cápita, para sanidad es de 1.128,97. País Vasco (1.584 euros), Asturias (1.381,12 euros) y Navarra (1.336,70 euros), están por encima de esa media. Mientras, el País Valenciano (968,42 euros), Andalucía (993,41 euros), Murcia (1.034,13 euros) , Baleares (1.056,10 euros) y Madrid (1088,65 euros) se encuentran por debajo de lo que destinan otras autonomías.