Elecciones municipales y revolución democrática

Como hoy, hace cuarenta años este país encaraba un decisivo proceso de cambio político. A la altura de 1975 la dictadura atravesaba una fuerte crisis terminal. La decadencia del régimen había llevado a sus próceres más clarividentes a poner en marcha diversas pseudo-reformas dirigidas a perpetuar el franquismo sin Franco. Una de esas medidas fue la nueva Ley de Régimen Local, cuya aprobación incluyó la convocatoria para la elección de alcaldes a comienzos de 1976 y la celebración de elecciones municipales en noviembre de ese año. Era la primera vez que el régimen toleraba una tímida ampliación del derecho al voto con el fin de contener el auge del movimiento vecinal y el imparable descrédito de los ayuntamientos autoritarios. Pero las nuevas oportunidades de cambio político abiertas por la imponente ola de protestas que se extendió tras la muerte del dictador hizo que Fraga, entonces al frente del Ministerio de Gobernación, desechase tan tibio experimento aperturista. Fruto de esa marcha atrás, los gobernadores civiles nombraron a dedo a ediles afectos al Movimiento y las elecciones municipales fueron retrasadas sine díe. Temía don Manuel que en una coyuntura tan conflictiva incluso su inocua farsa municipal pudiese tener unas consecuencias políticas imprevisibles.

Cuando meses después el rey Juan Carlos se reunió con Ford en la Casa Blanca, manifestó su satisfacción por no haber repetido el error de su abuelo Alfonso XIII cuando convocó elecciones municipales en 1931. No en vano la historia insurreccional del siglo XIX y primer tercio del XX (desde las barricadas de 1854 a los acontecimientos que dieron lugar a la Segunda República, pasando por las juntas de 1869 y las experiencias cantonalistas) se había escrito en letra local. Por eso cuando Adolfo Suárez fue nombrado presidente puso la democracia local a la cola de la agenda política de la Transición. El sufrido pueblo español tuvo que esperar casi tres años más, hasta abril de 1979, para poder elegir ayuntamientos democráticos.

Ese retraso fue aprovechado por las élites dominantes –realineadas en torno a la UCD- para crear (desde el gobierno y a partir de las antiguas corporaciones franquistas, los gobiernos civiles y los consejos provinciales de Falange) una sólida base local que permitió a dicho partido competir con garantías en las municipales de 1979. De hecho, el centro-derecha postfranquista fue la fuerza que más votos y concejales consiguió en aquellas elecciones, si bien los pactos entre PSOE y PCE pusieron a los partidos progresistas al frente de los principales ayuntamientos del país. Pero ya era demasiado tarde para hacer del municipalismo la base de la ciudadanía comunitaria y participativa reivindicada por el movimiento vecinal en las luchas contra la dictadura. Para entonces ya todo estaba atado y bien atado. Las elecciones generales y la aprobación de la Constitución habían cerrado el candado institucional de la nueva democracia, apuntalando el emergente statu quo ante cualquier “desviación popular” a escala local. En definitiva, el esfuerzo que durante la Transición realizaron los prebostes del franquismo y sus sucesores por controlar, neutralizar y retrasar la democratización de las instituciones más cercanas a la ciudadanía es buen ejemplo del carácter rupturista que pueden tener unas elecciones municipales en contextos de crisis sistémica como el actual.

Efectivamente, la presente pérdida de legitimidad del régimen de la Transición dota a las próximas elecciones municipales de un claro sentido de-constituyente. Un potencial político nada desdeñable si interpretamos dicha cita electoral como parte fundamental (en clave de acumulación de nuevas esferas de poder político y social) del proceso de impugnación anti-oligárquica que comenzó con el 15M, pero cuyo final no parece vislumbrase en un horizonte muy cercano. De hecho, como sugiere Emmanuel Rodríguez, la resistencia del régimen del 78 y el probable alargamiento de la coyuntura de cambio político cuestiona la posibilidad de ganar la Moncloa en un combate rápido. Lo que al mismo tiempo confiere de una significación muy relevante al asalto del poder local, en tanto que pieza fundamental en la construcción de la hegemonía social, política y cultural necesaria para impulsar un proyecto de revolución democrática que vaya más allá de la antítesis “pueblo” versus “casta”. En cualquier caso, no debemos olvidar, como nos recuerda Daniel Salado, que es precisamente en los municipios donde las nuevas formas de hacer política han arraigado con más fuerza, donde más se ha experimentado con las ideas de transparencia, participación, gobierno abierto y democracia radical.

En este momento específico del ciclo político, la aparente efectividad de la operación regeneracionista puesta en marcha por el bloque dominante redimensiona el valor de las municipales como batalla crucial en la guerra de posiciones contra el régimen del 78. De ahí la importancia que tiene que candidaturas de confluencia como Ahora Madrid o Barcelona en Comú, el último eslabón de una larga tradición municipalista cuyos antecedentes más cercanos son las asociaciones vecinales de los 70 y las asambleas populares del 15M, puedan ganar las elecciones. Pero eso no es todo, el gran desafío para este tipo de alternativas de unidad popular es, como apunta Ernesto García, el de convertir la institución en un bastión de resistencia anti-neoliberal, desborde y experimentación social, desde el cual contribuir a crear las condiciones políticas para un nuevo proceso constituyente.

*Óscar J. Martín García es Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Castilla-La Mancha