Abril, aguas mil… y cien batallas

Que tiemble Bankia

Bankia no tiembla en la Bolsa, pero sí en las calles. Bajo el lema “que tiemble Bankia”, tuvo lugar un encierro de 60 activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en una sucursal de la entidad en Madrid. “Si Bankia es nuestra, sus sucursales también”, dijeron los activistas, que simularon el aspecto de una vivienda dentro de la sucursal e idearon un tendedero con ropa “porque los trapos sucios se tienden en casa, mi casa”, decía uno de los congregados. Con un ambiente festivo y combativo, se hicieron carreras de sillas, se colocó una tabla de planchar y varias pancartas reivindicativas. Finalmente, la UIP desalojó el local mientras los activistas hicieron desobediencia civil mediante resistencia pasiva. Por su parte, ese mismo día, el colectivo @15MpaRato acusó a Hacienda de obstaculizar la investigación de las tarjetas black.

El Tratado del 1%

Varias ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Bilbao o Valencia acogieron actos y manifestaciones en contra del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) entre Estados Unidos y la Unión Europea. Miles de personas protestaron en Madrid, donde la escritora Almudena Grandes leyó un escrito al final del acto. Porque Las personas y el planeta no somos mercancía, las congregadas se movilizaron contra lo que se considera un golpe de estado y no un tratado. Fueron miles también los que salieron a las calles de Barcelona para protestar contra un tratado que responde sólo a los intereses de las grandes multinacionales y que recortará los derechos laborales en Europa. Muchos han considerado ya este tratado como el Tratado del 1%; es decir, el que sólo favorece a ese porcentaje de la población en detrimento del resto.

Aturem el Parlament

Tampoco se ha olvidado a los ocho condenados por haber participado en Aturem el Parlament en junio de 2011. En diversas ciudades del Estado se exigió su libertad y absolución culminando en una cadena humana que rodeó el Parlament de Catalunya. La Audiencia Nacional ha ordenado el ingreso a prisión de los manifestantes en los próximos diez días o serán puestos en búsqueda y captura. La decisión judicial proviene del mismo juzgado que absolvió a los encausados hace un año. No cabe duda de que las protestas seguirán marcando la agenda para tratar de frenar lo que parece una decisión política de criminalización de la protesta, como ya hemos visto en otros casos.

Las 13 de Maudes

Abril ha sido también el mes en el que se han dado a conocer “las 13 de Maudes”, trece familias del madrileño barrio de Chamberí que llevan varios años okupando trece viviendas en el mismo edificio, propiedad del Ministerio de Defensa. Éste las tenía vacías y en un estado de total abandono, y las familias las rehabilitaron y las habitaron. Ahora que el Ministerio quiere desalojarlas, ellas se han puesto manos a la obra para difundir su caso, y preparan una recogida de firmas y una concentración para presionar al Ministerio para que les conceda el alquiler social que llevan años solicitando. De momento están consiguiendo apoyos dentro y fuera del barrio, el grupo de Vivienda de Chamberí ha apostado por ellas desde el principio y “están convencidas de poder lograr sus objetivos”, según afirman miembros del colectivo.

Andanza

En lo que al sur respecta, en febrero de 2014 un grupo de vecinos y vecinas del barrio sevillano de San Luis-Pumarejo ocupó una finca que llevaba abandonada siete años. Actualmente es propiedad de la SAREB o banco malo, y éste lleva solicitando desde hace meses el desalojo cautelar del edificio. Sin embargo, los planteamientos urbanísticos contemplan que el espacio debería tener usos culturales y sociales para el barrio, aunque el Ayuntamiento hace oídos sordos y ha firmado ya un convenio de colaboración con la SAREB. Por su parte, los vecinos y miembros de la asamblea de Andanza, lejos de resignarse, han decidido pasar a la acción y 350 personas se han autoinculpado por la ocupación del espacio. De esta forma, quieren hacer saber a la jueza que instruye el procedimiento que los derechos de la SAREB, que se financia con fondos públicos, no pueden estar por encima de los derechos de los vecinos del barrio.