12 millones de euros a Air Europa y Swiftair para deportaciones masivas

DAVID BOU // La Unión Temporal de Empresas (UTE), formada por Air Europa y Swiftair, se adjudicará el nuevo contrato del Ministerio del Interior para ejecutar deportaciones colectivas de migrantes durante el presente año 2015 y 2016. Estas dos líneas aéreas percibirán un importe total de 11.985.600 euros, según se desprende de un documento al que ha tenido acceso este medio. El pasado 9 de marzo se reunió la mesa de contratación de la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial del ministerio que dirige Jorge Fernández Díaz, donde se propuso que estas dos compañías aéreas asuman los servicios de «transporte aéreo para el traslado de pasajeros entre varios puntos del territorio nacional y desde estos a otros países». Aunque todavía no se ha hecho oficial la adjudicación a estas empresas, el plazo de presentación de solicitudes finalizó el 23 de febrero y la de Air Europa y Swiftair ha sido la única oferta que se ha presentado, y la que ha sido aceptada y propuesta como beneficiaria del contrato.

Extracto del acta de la sesión de la mesa de contratación del Ministerio del Interior celebrada el 9 de marzo de 2015

El Gobierno destinará mediante esta licitación pública cerca de siete millones de euros en 2015 y casi cinco en 2016. Las cifras desglosadas de los casi doce millones de euros que ganará la UTE de Air Europa y Swiftair para asumir los vuelos de deportación forzosa para personas migrantes se estructuran de acuerdo con cuatro categorías diferentes, según la cifra de pasaje que puede trasladar cada aeronave. La primera categoría, con los aviones pequeños de menos de 75 plazas, supone un precio sin IVA de 8.750 euros por cada hora de vuelo y 1.500 por cada hora que el avión esté en tierra durante el operativo. La categoría número cuatro, en cambio, aquella que contempla los vuelos más numerosos con más de 200 plazas, tendrá un coste para el erario público de 20.300 euros por cada hora de vuelo y 2.750 euros por cada hora de estancia en tierra firme. En último término, la UTE ha renunciado al porcentaje de indemnización que podía percibir si se producían modificaciones o cancelaciones de los vuelos, con el objetivo de mejorar su oferta y ganar la adjudicación.

Cuadro con las cantidades que Air Europa y Swiftair recibirán por cada hora de los distintos tipos de vuelos de deportación

El mandato de iniciar los trámites de apertura de la convocatoria de concurso público para expulsar del Estado a personas migrantes en situación administrativa irregular corrió a cargo del Consejo de Ministros celebrado el pasado 5 de diciembre. Aunque se desconocen los motivos, el presupuesto destinado al concurso para llevar a cabo las deportaciones forzosas ha disminuido casi a la mitad respecto al periodo anterior, con una cifra que subía hasta los 24,2 millones de euros. Al margen de este recorte, el coste por hora de vuelo de deportación se encarece una media de un 10% respecto a los precios del anterior acuerdo. Este contrato por los años 2013 y 2014 también fue adjudicado a la UTE formada por Air Europa y Swiftair y expiró el pasado 28 de febrero.

Deportaciones polémicas

La cuantía económica que recibirán las dos compañías no es el único gasto cubierto con dinero público que se destina a los vuelos de deportación. Cada vuelo va acompañado por un fuerte despliegue policial que en muchas ocasiones dobla en efectivos al número de personas repatriadas. Durante los últimos años se ha intensificado la lucha contra los llamados «vuelos de la vergüenza», a raíz de los numerosos testimonios de personas deportadas que han denunciado malos tratos. La Campaña estatal por el Cierre de los CIE y diversos colectivos sociales exigen «la derogación de los contratos y el fin definitivo de las repatriaciones», a la vez que impulsan una campaña de boicot contra Air Europa y Swiftair. Denuncian que en estos vuelos están permitidas las sedaciones forzosas y el uso de la fuerza contra aquellas personas que se resisten a ser deportadas.

Todas estas medidas coercitivas quedan perfectamente recogidas en un protocolo que regula la actuación de la Policía Nacional contra las personas que se resistan a ser deportadas. Este protocolo consta de 25 páginas y se creó en 2007 tras la muerte del ciudadano nigeriano Osamuyia Aikpitanyi durante su repatriación desde España. En el documento se especifican diferentes medios como lazos de seguridad, monos inmovilizadores, cascos, cinturones y cinta adhesiva como instrumentos que los agentes pueden utilizar para sofocar la resistencia de las migrantes expulsadas.

Los vuelos en cifras

Los vuelos de deportación que salen de España pueden ser de dos tipos: en colaboración con la Agencia Europea de Control de la Frontera Exterior (FRONTEX) o encargados por el Ministerio del Interior en solitario. Además, también se llevan a cabo deportaciones aéreas en vuelos comerciales, donde las personas deportadas viajan acompañadas de la Policía junto con el resto del pasaje. Es en estos vuelos donde en los últimos meses han comenzado a trascender casos de deportaciones frustradas gracias a la negativa del comandante de la nave o de la oposición de algunos miembros del pasaje. FRONTEX planifica las rutas y organiza los vuelos sólo si comprometen a varios países de la Unión Europea. Si no, es la misma Comisaría General de Extranjería y Fronteras (CGEF) de la Policía Nacional quien los organiza y asume todos los preparativos y gastos.

La única institución oficial que proporciona datos del total de vuelos de deportación en los que participa el Estado es el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, bajo supervisión del Defensor del Pueblo. Según su último informe, del año 2013, España impulsó en solitario o en colaboración con FRONTEX 148 vuelos en los que fueron deportados un total de 3.111 migrantes. De esta cifra total, 445 personas fueron deportadas en dieciocho vuelos conjuntos con FRONTEX, y 648 fueron expulsadas en quince vuelos internacionales organizados por la CGEF. Estos 33 grandes vuelos los hicieron efectivos aviones de la compañía Air Europa, mientras que los 115 vuelos restantes se llevaron a cabo en pequeños aviones de la compañía Swiftair con destino a Marruecos. Durante los dos años en que ha estado vigente el último contrato del Ministerio del Interior, Air Europa se encargó de los vuelos a América Latina, África Subsahariana, Europa del Este y Asia; mientras que Swiftair se ha dedicado a cubrir los trayectos con destino a Marruecos, así como el traslado de las personas internas entre varios CIE de España.

La cifra oficial de repatriaciones en el año 2013 fue de 13.986 personas, lo que significa que el 22’2% de las expulsiones se produjeron en vuelos especiales, un 5’57% en ferry a Argelia y un 72’2% se habrían hecho efectivas en vuelos comerciales, en carretera y barco hasta Marruecos. Sin embargo, no todas estas expulsiones se hacen desde los CIE, ya que un gran grueso de ellas se efectúan mediante las llamadas devoluciones, donde se expulsa gente que acaba de llegar y quiere entrar en el país de forma irregular, y también se producen casos donde las migrantes son deportadas directamente desde los calabozos de extranjería o desde las puertas de los centros penitenciarios donde acaban de cumplir su condena. Un total de 9.002 personas fueron internadas en los siete CIE del Estado durante el año 2013, de las que 4.726 fueron repatriadas a sus países de origen.

Según las autoras de Paremos los vuelos, un libro editado por la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE fruto de una investigación coordinada entre activistas, estos y otros datos dejan en evidencia que este «no es un modelo para regular los flujos migratorios», ya que el número de deportaciones forzosas es irrelevante observando las cifras totales de retorno a los países de origen, en ascenso debido a la profundización de la crisis económica. Afirman rotundamente que «las deportaciones masivas no se llevan a cabo para vaciar los CIE, sino para tener espacio para volver a llenarlos», y destacan que estas prácticas destruyen fulminantemente los vínculos de las personas deportadas con su territorio de acogida, al mismo tiempo que bloquean su proyecto de vida.

[Artículo publicado originalmente en La Directa]