Siete fuerzas políticas catalanas se comprometen con la gestión pública del agua

BARCELONA // Siete fuerzas políticas catalanas se han adherido al Pacto Social por el Agua de Cataluña impulsado por la plataforma Aigua és Vida, que defiende la gestión pública del agua bajo criterios de participación ciudadana, transparencia, equidad y universalidad en el acceso a este servicio básico. Representantes de Barcelona en Comú, ERC, CUP, ICV, EUiA, Podem y Procés Constituent han participado este miércoles en la presentación del pacto en Cataluña, donde el 83% de la gestión del agua está en manos privadas, la gran mayoría bajo control de la empresa Agbar.

El pacto, que también han suscrito los sindicatos CCOO y CGT, las asociaciones de vecinos de Cataluña, y entidades como Som lo que Sembrem, la Plataforma en Defensa de l’Ebre, Ecologistas en Acción y la Alianza contra la Pobreza energética, entre otras, se enmarca en la campaña estatal #Iniciativagua2015, a la que se están adhiriendo partidos y organizaciones de todo el Estado. El objetivo de esta campaña es impulsar la remunicipalización de la gestión del agua para que ésta pase a estar bajo control público, como han hecho ya ciudades europeas como Berlín, París o Nápoles. En un año electoral en el que se pueden reconfigurar los gobiernos de muchos municipios y comunidades autónomas, los impulsores de este pacto aspiran a lograr el compromiso del mayor número de fuerzas políticas posible para avanzar hacia la remunicipalización del agua.

“Estamos en un momento de cambio, estas fuerzas políticas seguramente tendrán un papel importante en el futuro”, ha señalado el presidente de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Cataluña (CONFAVC), Jordi Giró, quien ha subrayado que la iniciativa “nace de la base social”.

El pacto consta de 14 puntos que se desarrollan sobre la base de la resolución A/RES/64/292 adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en julio de 2010, sin ningún voto en contra, por la cual se reconoce que “el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los seres humanos”. Así, se considera que “el agua, los ríos, los acuíferos, los lagos, los humedales, etc. son bienes comunes que no pueden ser objeto de apropiación en beneficio de intereses privados”, y se insta a las distintas administraciones a excluir los servicios de abastecimiento y saneamiento de “la lógica del mercado” y los “criterios y prioridades del negocio privado”.

Excluir el agua del TTIP

Preservar la calidad y conservación de los ecosistemas, garantizar los derechos laborales de las personas que trabajan en la gestión del ciclo integral del agua, promover mecanismos de control y participación ciudadana, impulsar el consumo del agua de grifo y fomentar la cooperación internacional son otros de los compromisos. Además, reclaman que se excluya al agua de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos “Cualquier decisión relevante que pueda afectar a la esencia de este pacto, debe ser consultada a la ciudadanía”, ha sostenido Moisès Subirana, portavoz de Aigua és Vida.

“La gestión pública del agua debe ser la máxima prioridad de cualquier gobierno democrático”, ha señalado Ada Colau, candidata al Ayuntamiento por Barcelona en Comú. “Ya se ha constatado que la privatización de servicios básicos ha sido un fracaso absoluto, y contraviene el interés general”, ha afirmado Colau, quien ha expresado el compromiso de la candidatura por establecer como prioridad, en caso de llegar al gobierno municipal, “remunicipalizar y recuperar el control público del agua de Barcelona”.

“Es desde los municipios desde donde se debe luchar para recuperar el control público del agua”, ha enfatizado Maria Rovira, número 2 de la lista de Capgirem Barcelona (impulsada por la CUP) en las elecciones al consistorio barcelonés. La CUP ha impulsado procesos de remunicipalización los ayuntamientos donde gobierna, como en Arenys de Munt. También en consistorios gobernados por ICV-EUiA, como el del Prat de Llobregat y Montornés del Vallès, el agua se gestiona de forma pública, un tipo de gestión que según ha constatado Aigua és Vida implica un coste un 25% menor que la privada.

“Quien no esté en este pacto del agua no puede defender una hoja de ruta hacia la plena soberanía”, ha subrayado el diputado de EUiA David Companyon. “No se crean estructuras de Estado privatizando estructuras de Estado”, ha agregado el coordinador nacional de ICV, Joan Herrera, en clara referencia a la ausencia de CiU en este pacto. Companyon también ha reprochado a ERC que en la votación sobre la privatización de la gestión del agua en el Área Metropolitana de Barcelona se abstuviese (CiU y PSC votaron a favor). “No puede ser que se dé apoyo al pacto y luego abstenerse cuando se privatiza en el Área Metropolitana”, ha sentenciado. “En ningún momento apoyamos la privatización”, se ha defendido el diputado de ERC Alfred Bosch, quien ha afirmado que están estudiando los casos de París y Berlín para valorar una posible remunicipalización del servicio en Barcelona, que en todo caso “debe ser una cuestión a preguntar a los ciudadanos”.

Desde Procés Constituent, Arcadi Oliveres ha destacado que además de una gestión pública del agua, es necesario concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de hacer un consumo responsable.