La Generalitat autoriza que los centros sanitarios públicos realicen actividad privada

BARCELONA // Una instrucción firmada por el director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Josep Maria Padrosa, el pasado jueves 26 de marzo, autoriza a los centros de la red sanitaria pública catalana a ofrecer sanidad privada en sus instalaciones. Esta directriz del organismo que gestiona la Sanidad pública catalana ha entrado en vigor este miércoles 1 de abril y establece que podrán ofrecer sanidad privada todos los “centros, servicios y establecimientos sanitarios del sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña (SISCAT) gestionados por entidades en que el Departament de Salut de la Generalitat, el CatSalut u otra entidad pública del Departament de Salut tengan una participación mayoritaria, o centros de titularidad privada que utilicen bienes del CatSalut».

El SISCAT lo configuran prácticamente todos los hospitales y centros sanitarios de Cataluña: los que gestiona el Institut Català de la Salut (ICS) -los 8 grandes hospitales públicos y 470 unidades de atención primaria-, el resto de centros públicos, así como aquellos de titularidad privada que presten servicios previstos en el Pla de Salut de Catalunya, y los consorcios público-privados. El documento establece que a partir de ahora los centros públicos pueden ofrecer servicios sanitarios privados de todo tipo, incluso los que no se encuentren contemplados en la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud, a personas que no tengan la condición de asegurados, pero también a aquellas que quieran renunciar a la cobertura pública para ser atendidas como pacientes privados.

La instrucción del CatSalut especifica que se deberá garantizar la separación del acceso entre la cobertura pública y los servicios privados, “para evitar derivaciones no legítimas y también evitar la competencia desleal”. No está claro sin embargo cómo se controlará este aspecto. Un caso ya en funcionamiento como el de Barnaclínic*, una clínica que ofrece sanidad privada en el Hospital Clínic, ha generado una doble lista de espera: la pública, y la de aquellos que pagando son atendidos con celeridad. La Coordinadora de Usuarios de la Sanidad ha recibido varias denuncias de que los propios médicos públicos del hospital ofrecen pasar a la privada a los pacientes que deben esperar para una operación.

La instrucción blinda actividades como la de Barnaclínic, que en estos momentos se encuentra bajo lupa después de que el Parlament instase a realizar una auditoría para esclarecer si la actividad privada de la clínica está suficientemente separada de la pública del Clínic. Según denuncian varios de los trabajadores del hospital, la existencia de Barnaclínic afecta a la actividad habitual de la sanidad pública en el centro, debido a las presiones ejercidas por los directivos y el personal médico que atiende en la clínica para priorizar la atención a los clientes privados. Sobre este aspecto, el Catsalut especifica que “la actividad privada no puede perjudicar el tiempo de resolución de la actividad pública”, pero también al contrario, que la actividad pública no puede perjudicar a la privada.

Entre las condiciones sobre la utilización de los recursos públicos para la prestación de asistencia sanitaria privada, el CatSalut establece que se deberá fijar un canon para la utilización de estos bienes (sufragados con recursos públicos), así como establecer un régimen de alquiler o utilización de espacios. Asimismo, señala que estos centros deberán desarrollar un “código ético específico sobre atención privada, que prevea las correspondientes directrices, criterios, procedimientos y circuitos”.

Venta de datos sanitarios

Paralelamente, este miércoles se ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el encargo a la Agencia de Calidad y Evaluaciones Sanitarias de Cataluña para recabar los datos sanitarios de la población catalana y cederlos de forma gratuita a centros acreditados en la comunidad, según ha apuntado el diario El País. Es la primera fase del plan del departamento dirigido por el conseller Boi Ruiz para vender los datos sanitarios de la ciudadanía de Cataluña a centros de investigación de todo el mundo, en el marco del Proyecto VISC+. La Generalitat pone así en marcha el proyecto pese a la oposición del Parlament, que el pasado noviembre aprobó una resolución en contra.

Los centros que reciban estos datos podrán subcontratar a terceras empresas para que los gestionen. Según asegura el Departamento, la información será «anonimizada», es decir, que los datos sobre enfermedades y estados de salut no podrán rastrearse para dar con el paciente. Organismos como la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT), sin embargo, han puesto en duda que esto se pueda garantizar.

* Más información sobre la situación de Barnaclínic en el número de abril de La Marea, a la venta en quioscos y aquí.