ETA: la herida no termina de cerrarse

[Reportaje publicado en el número de marzo (LM25) de la revista La Marea, a la venta en nuestro quiosco virtual]

ETA es como un fantasma que no sabe cómo desaparecer. Renunció a las armas el 20 de octubre de 2011 pero no ha encontrado la puerta donde entregarlas antes de irse al otro mundo. Nadie ha puesto en duda que el desenlace a 56 años de violencia iba a resultar sencillo. En eso todos coinciden. De hecho, el desarme, el último estorbo para cantar la victoria definitiva sobre el miedo, no termina de producirse. El problema radica en que la izquierda abertzale y el Gobierno tienen visiones diametralmente opuestas sobre el final. Desde 2012, Moncloa libra una tenaz campaña contra cualquier fórmula que desborde la consigna de “sin desarme previo, nada de qué hablar”. La banda quiere entregar su arsenal a un equipo de verificadores y exige el acercamiento de sus 459 presos a cárceles del País Vasco. Sólo de ese modo, dicen, podrá comenzar su disolución.

Para la mayoría de los vascos, las dos condiciones de ETA no son descabelladas ni artimañas para endulzar el fracaso de su lucha. “Es exigir la aplicación del Derecho y una política de Estado que ayude a cerrar de forma correcta un conflicto que ha causado mucho daño”, reclama la directora de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno vasco, Mónica Hernando. Tampoco parecen serlo para el presidente de los populares de Guipúzcoa, Borja Semper, quien hace unas semanas dejó entrever en público una cierta incomodidad respecto a la inflexible posición del Gobierno en el tema penitenciario. Semper vino a decir que el discurso del PP no puede ser el mismo que el de 1995, porque la realidad social y política de Euskadi ha cambiado, es decir, que ETA ya no mata.

Por eso la banda reaparece de vez en cuando. Para que nadie olvide que no se ha disuelto. Llega por sorpresa, humedece las heridas aún sin cerrar y regresa rápido a las tinieblas donde se ha recluido. “Ahí está, separada de los problemas cotidianos, de la crisis, de la realidad, un anacronismo del siglo XXI. Pero, ¿hasta cuándo?”, reflexiona Itziar Etxebarría, una joven librera de una tienda de Bilbao que habla mientras apila volúmenes en una estantería. La decoración de su escaparate es un espejo de los tiempos que corren en Euskadi. Hay obras recientes sobre el fenómeno Podemos, lo último de Kirmen Uribe en euskera, la trilogía sobre la crisis griega de Petros Markaris y algún volumen sobre cocina para novatos, pero nada del conflicto vasco. Ni un triste ensayo sobre la lucha libertadora como sucedía antes. Nada. “Sencillamente porque ya no se venden. Hace tiempo que dejó de interesar y ahora que no existe ETA con más razón”, responde Itziar. Pero ahí siguen los comunicados y los presos. No han desaparecido. “Cierto, pero ya no matarán. Seguro”, concluye.

Así lo entendió también el equipo internacional de mediadores encabezado por el surafricano Brian Currin, baqueteado en horrendos escenarios como el de Ruanda, al presentar su fórmula mágica para alcanzar la paz; y también el Gobierno vasco, que acaba de ofrecer una iniciativa desesperada que facilite la entrega de las pistolas para seguir avanzando. Porque, en el fondo, el desarme sólo es un formalismo complicado, casi simbólico, pero que necesita el respaldo de Moncloa para no terminar con los recuerdos en una papelera. “Que dejen las armas en la puerta de un supermercado o que llamen a la Guardia Civil pero nada de teatro”, ha respondido un sinfín de veces el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a cualquier indicio bienintencionado que desborde su guion.

Pese a este escollo, el diagnóstico que realiza el ex asesor de las víctimas con los tres últimos lehendakaris, Txema Urkijo, es optimista: “No hay atentados y los niveles de paz y libertad, aun siendo insuficientes, son desconocidos desde hace muchas décadas”. Puede decirse que Urkijo fue una de las linternas que guiaron a muchas personas hacia la salida del oscuro túnel en el que les encerró el terrorismo. Y parte del éxito consistió en respetar su duelo y fomentar la reconciliación entre quienes lo pidieran. Terapias que la sociedad vasca aún no ha afrontado en su conjunto. Tarde o temprano ocurrirá. Urkijo no elude la autocrítica al considerar que no todo se está haciendo bien, que siguen existiendo problemas de interpretación sobre aquella noche sin luna que se extendió por Euskadi.

“Negar la existencia de un conflicto también es otro tapón que impide avanzar en este asunto porque sí ha existido, existe y existirá el problema del encaje del País Vasco en España. El gran error es caer en la trampa de vincular ese problema político con el armado porque ahí es donde ETA encuentra justificación a sus actos”, indica Urkijo, para quien caminar por Llodio, su localidad natal, es hoy toda una tarea. Los vecinos le paran para contarle qué fue de sus vidas durante el tiempo que vivió en aquella difícil dimensión. “La paz definitiva no será muy diferente a la que estamos percibiendo en estos instantes”, augura con una sonrisa.

Esta visión se contrapone a los principios que el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (Covite), presidido por Consuelo Ordóñez y apoyado por intelectuales como Jon Juaristi y Fernando Savater, redactó poco después del cese definitivo de la violencia. Para Covite, son precisamente las causas políticas del terrorismo las que el Estado debe combatir ya que sus consecuencias, “imponer unos objetivos políticos nacionalistas”, siguen vigentes. Una reciente encuesta ha ofrecido renovados argumentos a quienes trabajan por dar pasos hacia el fin de la violencia. Según el Deustobarómetro, el sondeo de opinión realizado por tres sociólogos de la Universidad de Deusto, el 70% de los ciudadanos considera que el Gobierno de Rajoy y el Partido Popular contribuyen poco o nada a consolidar una paz definitiva en el País Vasco. El 55% de los encuestados, por otro lado, creen que ETA hace poco o nada por esa paz.

La voluntad de la banda, por muy teatral que pareciera la parodia de desarme del pasado año, ha provocado un extraño temor interno, y es que hay dudas sobre quiénes y, especialmente, cómo escribirán sus 56 años de historia. Aquí es donde ETA se encuentra desplazada porque desconfía de que alguien redacte un dulce epitafio. Es decir, que incluya si tuvo motivos para infligir tanto drama y si ellos también sufrieron dolor.

Arrenpentimiento y reinserción

En la actual tesitura, ese dilema está fuera de su control. La directora de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno vasco, Mónica Hernando, despliega sobre una mesa toda la batería de proyectos que hoy se destinan para esclarecer aquel oscuro pasado. “Debemos entender que la mayoría de las víctimas quiere cerrar el capítulo de su relato”, asegura. Estos testimonios son difíciles de rescatar de la larga noche del terrorismo en España porque representan las experiencias más tenebrosas, los recuerdos más traumáticos, la ira y también el rencor: “Más allá del debate político, se debe escribir una memoria histórica colectiva, del daño que produjeron, de la estigmatización a la que fueron sometidas las víctimas. Iluminar ese pasado terrible permitirá hacer pedagogía social”, sentencia.

No es sencillo. Los primeros renglones de los años del plomo comenzaron a escribirse en 2007 bajo la dirección de Maixabel Lasa y Txema Urkijo, y contó con el testimonio de víctimas de ETA y los GAL que se brindaron a participar en terapias de grupo organizadas en un pueblito irlandés llamado Glencree. Algunas de estas terapias continuaron en las cárceles, esta vez con sus verdugos presos, hasta que en 2012 el Gobierno español las prohibió. La Marea ha intentado, sin éxito, conocer los motivos del Ejecutivo para suspender los encuentros acordados entre víctimas y victimarios.

“Despojarles de esos diálogos fue una barbaridad, una canallada inmoral. Para algunos de ellos enfrentarse a todo aquello fue un trance que ha servido para reparar el daño moral”, sostiene Urkijo con dureza. Y, paradojas de la vida, puede que esa narración que han comenzado a escribir mantenga ahora a ETA, o lo que queda de ella, aterrada en su laberinto.

Para víctimas como Mari Carmen Hernández, viuda del concejal del PP de Durango Juan María Pedrosa, la decisión de cancelar aquellos encuentros cayó como un jarro de agua helada. “Es un grave perjuicio para algunas personas que quieren escuchar cómo les piden perdón, que es un reparo emocional, una ayuda inestimable para avanzar en el duelo. Yo lo hice sola”, dice. Su voz suena suave pero sin un ápice de fragilidad. Menuda y con la mirada limpia, Mari Carmen habla de su esposo en pasado pero de vez en cuando deja entrever el sentimiento de quien ya ha asumido la existencia de un vacío abismal.

A veces se emociona pero quiere seguir hablando: “Todo fue voluntad por salir. Yo creo en el arrepentimiento y en la reinserción”. La reconstrucción emocional a la que se sometió fue colosal, con periodos de profundas tinieblas y un momento inolvidable, el encuentro con Pili Zabala, hermana del etarra Joxi Zabala, secuestrado, torturado y asesinado por dos guardias civiles en nombre del GAL. “Fue un descubrimiento enorme para las dos, creo, y hoy somos amigas”, añade. La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, necesitó tiempo para reunirse en prisión con Valentín Lasarte, el verdugo de su hermano Gregorio. Cuando llegó esa hora no se anduvo con rodeos. Preguntó a Lasarte por qué mentía y por qué ocultaba información sobre atentados donde participó. Pese a que el juez de vigilancia penitenciaria informó que el preso no colaboró en aquel encuentro, la Audiencia Nacional le concedió permisos de salida. “Lo que me repara es la justicia. Me parece muy positivo que alguien se arrepienta de haber estado en ETA, pero a las víctimas, lo que nos restaura es que se haga justicia, que quienes mataron a nuestros familiares sean juzgados por lo que hicieron”, certifica.

También hay protestas en el otro sentido. Nadie lo ha explicado oficialmente pero el pasado año el juez de vigilancia penitenciaria retiró los permisos de salida a Joseba Urrusolo Sistiaga, un histórico de ETA con atentados brutales sobre sus espaldas, por participar en una entrevista de la Cadena SER. Parco, austero y muy crítico con la banda, Urrusolo describió en antena un arrepentimiento existencial que el magistrado interpretó como apología del terrorismo.

Gorka Espiau ocupa hoy un cargo directivo en una fundación británica para el desarrollo de las ciudades, pero años atrás desempeñó una función clave en la búsqueda de apoyos internacionales que sirvieran para acercar posturas en el difícil camino de la desaparición de ETA. La conclusión final de organismos como la Comisión Europea y de países como Estados Unidos es que en España se habla dos lenguajes distintos sobre este tema y así no es posible progresar. “No comprenden los motivos de la dureza actual del PP ni su negativa a aplicar estrictamente la ley con los presos. Ahí está el dictamen del Tribunal de Estrasburgo contra la doctrina Parot de acumular las penas de diferentes delitos”, asegura. Eso es lo que piensan fuera. Su análisis personal es más preocupante. “Existe una intencionalidad por parte del Gobierno para que la derrota de ETA arrastre también a su ideología política y al independentismo vasco”, asegura Espiau. Se refiere a que este Gobierno aplica la política desde una lógica de aplastamiento que cierra las puertas a posturas conciliadoras sin herir la memoria de las víctimas. Algo que siempre ha complacido a la UE para solucionar viejos conflictos internos como el irlandés.

Para la abogada, y miembro de la Mesa Nacional de Herri Batasuna Jone Goirizelaia, existe una persecución contra la izquierda abertzale y un perjuicio de los derechos “de los presos políticos vascos”, como los denomina. Un deseo de venganza, en su opinión, que puede verse reflejado en la reciente “operación mate” contra su entorno jurídico, en las presiones ejercidas sobre el Tribunal Supremo y en el encarcelamiento de aquellos políticos de la formación como Arnaldo Otegi que fueron claves en la renuncia a la violencia por parte de ETA. “El Gobierno sigue mirando a las encuestas electorales y este tema aún aporta o quita votos. Por eso aplican una política que ellos califican de firmeza pero que en realidad está destinada a calmar a un sector concreto de las víctimas (el más duro y numeroso), que con todo el respeto hacia su dolor, ya le han dicho que van a pensarse seriamente apoyar a otros partidos como Vox y UPyD”, añade.

Para Covite, una de las asociaciones aludidas por la izquierda abertzale cuando habla del “sector duro” de las víctimas, los presos de ETA no son prisioneros políticos, sino terroristas que han asesinado y perseguido a inocentes “por una motivación política totalitaria y etnicista”. En su manifiesto de cinco puntos, descarta la aplicación de medidas de gracia hacia ellos, incluso si muestran arrepentimiento, ya que a juicio de este colectivo “firmar una petición de perdón, reconocer el daño personal causado o asumir el pago de indemnizaciones pendientes que nunca se efectuará, es un fraude”.

Frente a tantos escollos, también hay avances. Se ha censado a todas y cada una de las víctimas, más de 1.000, pueblo por pueblo y ciudad por ciudad. Se ha reconocido institucionalmente que ETA asesinó con alevosía a inocentes. Pero ahí está el límite, por el momento. Para junio está prevista la primera reunión del lehendakari Iñigo Urkullu con todas las asociaciones de víctimas, algo que para muchos llega con retraso.

Este es el clima que azota hoy este pequeño territorio habitado por tres millones de personas que se preguntan cada vez menos efusivos si realmente hay voluntad para terminar con la banda y si será posible escribir algún día la historia de lo qué pasó. Quizá sin vencedores, es cierto, pero sí con vencidos, los violentos. Falta aún mucho tiempo. La viuda de Juan María Pedrosa, concejal del PP en Durango asesinado por ETA, reconoce que sigue percibiendo miradas de rencor en su pueblo pero también que ha tenido encuentros impensables hace unos años. En febrero conversó con una vecina cuyo hijo pertenece a ETA y está encarcelado en Murcia. Le habló de la angustia que sufre, de la depresión que no cesa, de una vida perdida. “Soy partidaria del acercamiento de los presos porque tenerlos lejos es un dolor añadido para sus familiares y no es humanitario”, añade.

Es la joven dependienta de la librería de Bilbao quien compara la relación de Euskadi con la violencia como una fatiga interminable: “No entiendo a qué esperan unos para entregar las armas y los otros para que los presos cumplan su pena en cárceles de por aquí”. En el silencio quedan muchos relatos por cerrar, tantos como muertos dejó el terrorismo en España.