Imputados dos policías en Granada por el uso de presuntas “listas negras” de manifestantes

Este jueves 26 de marzo está prevista la declaración en el Juzgado de Instrucción número 1 de Granada de dos policías nacionales en calidad de imputados por el supuesto uso de «listas negras» a la hora de identificar manifestantes. El motivo por los cuales el juzgado ha imputado a estos agentes de policía ha sido el “acceso y la utilización de datos reservados en perjuicio de las personas”. El juzgado quiere esclarecer si existen archivos clandestinos o internos de personas que participan en movimientos sociales, conocidos como “listas negras”.

Estos registros fueron utilizados, según Stop Represión Granada, para multar mediante identificación visual a una mujer sin antecedentes policiales o penales que pudo demostrar que no cometió ninguna infracción y que su multa no era válida. El colectivo antirrepresivo granadino ha contabilizado 161 multas a 85 personas en convocatorias del 15M, al menos 115 de ellas mediante identificación visual y sin requerir el DNI en la protesta. Stop Represión ha presentado 22 demandas a la Fiscalía. Dos de ellas han sido admitidas a trámite. El Juzgado de Instrucción número 5 llamó a declarar, en esta ocasión como testigos, a dos policías el pasado 26 de febrero, pero el juicio se aplazó por el colapso del juzgado.

En otros procedimientos penales de activistas denunciados por la policía, según Stop Represión Granada, la Jefatura de la Policía Nacional pidió que los agentes testificasen detrás de un biombo para mantener oculta su identidad, no sólo ante el denunciado sino también ante los abogados defensores, “debido a que, por norma general participan en las convocatorias a las que acuden sus defendidos”. Para Stop Represión Granada esto “supone un reconocimiento explícito de la existencia de archivos ilegales, también en el caso de los letrados”. La Marea ha contactado con el departamento de prensa de la Policía Nacional en Granada pero no han querido hacer declaraciones al no valorar decisiones judiciales.

Otras “listas negras”

Los trabajadores del último Mobile World Congress en Barcelona tuvieron que pasar el “filtro” de la División de Información de los Mossos d’Esquadra para poder ser contratados. Esta unidad de inteligencia contactó con el departamento de recursos humanos de todas las empresas que operaban en el congreso para recoger los nombres, apellidos y DNI de los miles de personas que iban a trabajar en el evento. Al menos una decena de personas fueron despedidas, incluyendo algunas que nunca han sido detenidas ni identificadas. Uno de ellos, sin antecedentes judiciales, afirma que “esto es un castigo hacia gente que participamos de entornos militantes”.

En otras ciudades se han producido similares denuncias de listas negras. La candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid y delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, admitió durante una entrevista televisiva manejar una lista de “entre ochocientas y mil y pico de personas que están en todo y son los que provocan los incidentes”. Posteriormente, la Delegación del Gobierno negó la existencia de esa lista y arguyó que la declaración de Cifuentes fue “una manera de hablar”. Sobre la Subdelegación del Gobierno de Córdoba también pesan sospechas de la existencia de un fichero de activistas. Juan Antonio Aguilar fue multado por la Subdelegación por organizar una marcha convocada en apoyo a las protestas estudiantiles del instituto Lluis Vives en Valencia. ¿El problema? Que Aguilar no se encontraba en la protesta sino en una asamblea del Consejo Local de la Juventud, como acreditan las actas de la misma. “Estamos ante un hecho gravísimo. Esta denuncia constata que existen listas negras dentro de la Subdelegación del Gobierno que se aplican automáticamente a toda movilización», declaró la diputada autonómica de Izquierda Unida, Alba Doblas.