Indignación ante la sentencia que condena a prisión a ocho personas por el cerco del Parlament

BARCELONA // “La sentencia obedece a un sesgo ideológico; todo el mundo sabe cómo funciona el Supremo, se ha plegado a las presiones del poder ejecutivo y toda la presión ambiental que se produjo sobre la sentencia de la Audiencia”. Así ha valorado el letrado de varios de los condenados por el cerco al Parlament en junio de 2011, Jaume Asens, la condena a tres años de prisión para ocho de los encausados. En conversación con La Marea, Asens ha señalado que se trata de un “aviso a navegantes” que establece “un precedente”, y ha relacionado el fallo del Supremo con los casos de escraches que se han juzgado hasta ahora, así como las acciones de Rodea el Congreso, que han terminado con sentencias absolutorias.

El Tribunal Supremo ha decidido anular la sentencia absolutoria de la Audiencia Nacional e imponer penas de prisión por un delito contra la instituciones del Estado a las ocho personas que durante el juicio se pudo demostrar que se encontraban en el lugar de los hechos. De confirmarse, supondría su entrada en la cárcel. El Alto Tribunal considera que los derechos de manifestación y reunión que la Audiencia contempló para rechazar las peticiones de pena que demandaba la Fiscalía -de cinco años y seis meses de prisión-, colisionaron con “el derecho de participación de los ciudadanos a través de sus legítimos representantes en el órgano legislativo”. La protesta de los indignados alrededor del Parlament en la sesión que debía aprobar los recortes impulsados por el Ejecutivo de Artur Mas, estima el Supremo, pretendía «paralizar el trabajo ordinario del órgano legislativo», y establece que este hecho está por encima de la libertad de manifestación.

Esta sentencia contraviene lo expuesto por la Audiencia Nacional, que había absuelto a 19 de los 20 encausados, y condenado a uno de ellos por una falta por pintar con spray la chaqueta de la diputada socialista Montserrat Tura. La sentencia de la Audiencia, que contó con la discrepancia en forma de voto particular del presidente del tribunal, Fernando Grande-Marlaska, subrayó que los acusados no trataban de atacar el funcionamiento de las instituciones, sino plantear que se estaba operando un vaciamiento de los derechos fundamentales. “Quienes protestaban no querían restricciones económicas de los servicios públicos y quienes adoptaban tales decisiones ya no les representaban […] los partidos de Gobierno que habían conseguido la mayoría no habían planteado ni propuesto en sus programas el recorte de gasto social que ahora se iba a acometer«, afirmaba el texto.

La Fiscalía, la Generalitat, y el Parlament (con los votos a favor de CiU, el PSC y el PP, la abstención de ERC y el único voto en contra de David Companyon, en nombre de ICV-EUiA), presentaron un recurso contra la sentencia absolutoria, que a la postre ha propiciado el fallo del Supremo. Finalmente, ha sido el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, quien ha redactado la sentencia, puesto que el ponente inicial, Perfecto Andrés, era partidario de confirmar la resolución de la Audiencia.

El Govern celebra las condenas

El portavoz del Govern, Francesc Homs, ha celebrado las condenas y en declaraciones a los medios ha señalado que “una parte muy importante de la ciudadanía de Cataluña no entendía que se quedara en nada lo que pasó en el Parlament años atrás, en que hubo expresiones violentas e intimidación”. Según Homs, existía un “sentimiento muy mayoritario” de que los hechos no podían pasar “como si no fuera nada”.

Por el contrario, desde ICV, el diputado de la Izquierda Plural en el Congreso Joan Coscubiela ha criticado la decisión del Supremo, de la cual ha destacado su “dureza y desproporción”. A su juicio, las condenas ponen de manifiesto que las libertades públicas en España se “reinterpretan de manera restrictiva”. El coordinador general de EUiA, Joan Josep Nuet, ha denunciado que la sentencia se inscribe en una “campaña profunda de la derecha política y los partidos que dan apoyo al sistema actual para criminalizar a los movimientos sociales”. Nuet ha subrayado que la acción de los indignados no buscaba que el Parlament no actuase, sino “que hubiese soberanía real, que los parlamentos no se conviertan en meros instrumentos del poder económico y financiero”.

Varios centenares de personas se han concentrado a partir de las 20 horas en la plaza de Sant Jaume de Barcelona para mostrar su rechazo a la sentencia y mostrar su solidaridad con los condenados. «Yo también estaba en el Parlament, y lo volvería a hacer», se ha coreado en numerosas ocasiones. El diputado de la CUP David Fernàndez, presente en la concentración, ha criticado lo que considera una «sentencia política» y una «chapuza jurídica». «Demuestra el doble rasero, el cinismo y la hipocresía: 120 heridos en el desalojo de la plaza de Cataluña, que estos sí que acabaron en el hospital con puntos de sutura, terminaron con una absoluta impunidad«, ha expresado a La Marea. Fernàndez ha subrayado que lo sucedido aquella jornada a las puertas del Parlament «respondió a una estrategia planificada por el conseller de Interior, Felip Puig, que decretó un punto muerto policial para tratar de demostrar la teoría que mantenía, que el 15M era violento». «Fue una protesta simbólica, que en ningún momento trató de parar el Parlament», ha concluido.

Según ha confirmado Asens, las personas condenadas presentarán un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.