El Gobierno premiará a las autonomías y ciudades que apuesten por el ‘fracking’

MADRID // El Congreso de los Diputados debatirá este jueves el Proyecto de ley por el que se modifica la ley 34/1998 del sector de hidrocarburos, que establecerá una compensación económica tanto para los municipios como para las comunidades autónomas que acojan en su territorio prospecciones en busca de gas a través de la técnica fracking.

El texto, que fue aprobado en Consejo de Ministros, justifica esos beneficios económicos para los municipios en que así se «armonizan el riesgo y la rentabilidad» con «el interés general de las actividades de investigación y explotación de yacimientos de hidrocarburos». Para ese fin, en los Presupuestos Generales del Estado se reservará una partida destinada a «incentivos para las Comunidades Autónomas y Entidades Locales que desarrollen actividades de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos«.

Para Rodrigo Irurzun, coordinador del área de energía de Ecologistas en Acción, esta reforma legislativa «abre la puerta al fracking y lo que hace es que da dinero e incentivos para paliar posibles perjuicios que ocasione cualquier tipo de instalación de hidrocarburos». Además, subraya que se busca «desarticular la oposición de las personas afectadas».

«Esto es pan para hoy y hambre para mañana», señala Irurzun. «A corto plazo sí que puede ser que haya una parte de la población y sobre todo de las instituciones que esté de acuerdo, pero en realidad lo que se genera son redes clientelares y un caciquismo muy fuerte, es un mecanismo perverso». «Todo se limita a una forma de comprar voluntades«, concluye. El representante de Ecologistas en Acción se pregunta por qué si la actividad no es perjudicial se debe entregar ese dinero.

La patronal que aglutina a la mayoría de empresas interesadas en la fracturación hidráulica, Shale Gas, ya ha elaborado una estimación del dinero que deberá pagar a comunidades autónomas y ayuntamientos. Según sus cálculos, cada sondeo en tierra, ya sea de exploración o de producción, pagará un canon de 125.000 euros. A esto hay que añadir que el Proyecto de Ley establece que el 1% de la producción se repartirá entre todos los propietarios de los terrenos situados sobre los yacimientos de los que se extraigan hidrocarburos. Además, la patronal recuerda que los ayuntamientos recibirán entre 300.000 euros y 600.000 euros en concepto de impuestos locales y tasas, sobre una base de un 4% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

Regulación del mercado interior del gas

Otro de los aspectos que regula este Proyecto de Ley es el de un futuro mercado interior del gas. Actualmente existe una red de distribución del gas, pero no como tal un mercado, como en el caso de la electricidad. Para los grupos ecologistas, este mercado con diferentes comercializadores favorecería la competencia y por tanto supondría una bajada de precios. Aunque alertan de que debería haber un control público, que la reforma legal no contempla, donde se regulasen situaciones como los bonos sociales o los cortes de suministro.

Desde Ecologistas en Acción ven «inadecuado» otro de los puntos del Proyecto de Ley que se debate este jueves en el Congreso y que facilita la instalación de nuevas redes de gas. «En un momento en que el hay una transformación del sistema energético hacia las renovables, y cuando los precios van a ir subiendo, no tiene sentido invertir en infraestructuras caras y que, si cada vez se utilizan menos, los costes fijos del sistema se van a repartir entre menos gente y esto hará que se pague más al final», apunta Izurzun. A su juicio, esta ley «es un claro error, ya que genera más mercado con la expectativa de que haya más consumo de gas y petróleo cuando la tendencia es la contraria».