De la LOU al tres más dos, cinco momentos y un futurible

Artículo publicado en el número de marzo de La Marea, que puedes adquirir en quioscos y en nuestra tienda virtual

5 de marzo de 2004

En el aula magna de la Universidad Carlos III de Madrid, llena hasta la bandera, el candidato José Luis Rodríguez Zapatero anuncia que cuando llegue al gobierno derogará la Ley Orgánica de Universidades (LOU), aprobada por la mayoría del PP en 2001. El auditorio se viene abajo y aplaude a rabiar las palabras del líder socialista.

La LOU sentaba las bases para una concepción de la universidad al servicio de las grandes empresas. Una universidad que, si bien mantiene formalmente el calificativo de «pública», se gestiona y administra cada vez más bajo los criterios del mercado. Es esta ley la que, por ejemplo, abre la puerta a la flexibilización en la contratación del profesorado, permitiendo la existencia simultánea de múltiples formas de contratos con duración, condiciones y salario diferentes.

La promesa de Rodríguez Zapatero respondía al rechazo que la LOU había concitado en los campus. Fueron muy importantes las movilizaciones que se impulsaron contra ese ataque del PP al corazón del sistema universitario español; sistema que, dicho sea de paso, no gozaba de muy buena salud. Todavía recordamos la presencia en ellas no sólo de estudiantes, personal de administración y profesorado, sino incluso de rectores y cargos académicos. Lo nunca visto.

12 de abril de 2007

El Parlamento aprueba con la mayoría socialista la reforma de la LOU. Lejos de derogarla, la reforma mantiene la filosofía del texto del PP e, incluso, abunda en algunos de sus aspectos. No en vano se la conoce como la «RE-LOU». La reforma ofrece la cobertura necesaria para el Plan Bolonia y establece la nueva ordenación de los estudios en grado, máster y doctorado.

En cuanto a la selección y promoción del profesorado, la RE-LOU mantiene la puerta abierta a que las universidades contraten y despidan a su antojo mediante estas fórmulas contractuales que se extienden por doquier. En la actualidad hay más de 20 tipos de contrato laboral diferentes y sólo uno de ellos indefinido: el profesor contratado doctor. Nótese la forma de control ideológico sobre el profesorado que supone esta forma de contratación.

Para acceder a las categorías funcionariales, la RE-LOU creó un sistema de acreditación de méritos en el que comisiones –nombradas por el gobierno de turno y actuando con criterios poco transparentes– decidían sobre quiénes podían acceder a la condición de profesor titular o de catedrático. Tanto la RE-LOU como este oscuro sistema siguen hoy en vigor.

Las protestas que acompañaron la aprobación de la LOU en 2001 no se repitieron en 2007. Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, apoyaron al PSOE en esta reforma. Incluso el grupo parlamentario de IU-ICV –muy elogioso con el nuevo texto– votó a favor de la RE-LOU. Las protestas fueron escasas y, por supuesto, en ellas no participaron rectores ni cargos académicos. Eran tiempos de complacencia universitaria con el poder político.

29 de octubre de 2007

El Ministerio de Educación publica el decreto por el que se desarrolla la ordenación de las enseñanzas en grado, máster y doctorado. Se inicia así la implantación del plan Bolonia. Este decreto fue aprobado con el consenso oficial, pero sin escuchar a los sectores implicados: estudiantes y trabajadores de la universidad pública. A su amparo se desarrollaron los nuevos grados. ¿Cómo? Pues en la mayoría de los casos simplemente comprimiendo las viejas licenciaturas de cinco años en cuatro. Además, a «coste cero» e importando bien poco el plan de estudios resultante. Se entabló una batalla en los departamentos para ver quién introducía más materias en las nuevas titulaciones. Cuantas más asignaturas, más dinero para contratación de profesorado como meros «dadores de clase» y en precario, por supuesto, dado que el ministerio socialista no puso freno a la proliferación de las figuras contractuales temporales.

En este decreto se atisba el destino final de los estudios de grado: servir como un mero trámite para que el estudiante curse lo que realmente importa, lo que le preparará profesionalmente y le permitirá acceder al mercado, que no es otra cosa que el máster (cuyo coste para el alumno es mayor que el del grado). De ahí que el esfuerzo de las autoridades académicas se centre en diseñar estudios de máster que respondan a los intereses de un mercado competitivo, especializado, exigente, etc.

20 de abril de 2012

El gobierno de Mariano Rajoy aprueba un decreto-ley de medidas urgentes de racionalización de gasto público en el ámbito educativo. Esta norma establece una brutal subida de las tasas universitarias, lo que sumado al paulatino descenso de las becas provoca la expulsión de las aulas de un buen número de estudiantes. Además, la «selección natural» comienza a funcionar: sólo los alumnos con recursos suficientes podrán pagarse los estudios de máster, los que marcarán la diferencia a la hora de acceder al mercado laboral. El resto, suerte si pueden costearse un grado que a duras penas les servirá para encontrar un puesto de trabajo.

Además de bajar sueldos, este decreto-ley establece el ajuste de las cuentas de las universidades al principio de estabilidad presupuestaria del nuevo art. 135 de la Constitución. Así, se limita el ingreso de personal del sector público a la tasa de reposición al 10%. Más allá de este estrecho margen, quedan prohibidos los concursos de acceso al funcionariado y se congelan las plantillas.

2 de febrero de 2015

El Ministerio de Educación de José Ignacio Wert aprueba un decreto por el que  se permite que las universidades implanten grados de tres años, en vez de los cuatro actuales, y que se suba la duración de los másteres a dos. La razón esgrimida es la armonización europea. Un argumento falso, ya que cada país hace de su capa un sayo. Italia, por ejemplo, implanta grados de cinco años: la laurea magistrale.

Pero el trasfondo de la reforma va más allá de hacer caja en un contexto de drástica reducción de la financiación pública de las universidades. Con esta norma se da otra vuelta de tuerca a la «selección natural» del alumnado: empresas, bufetes, laboratorios, grupos de presión, etc. han puesto sus ojos en los másteres que les interesan y becan a alumnos para formarles a su servicio. Y los másteres que no respondan a estos criterios de mercado están condenados a desaparecer.

1 de enero de 2016

Tras las elecciones, PP y PSOE alcanzan un pacto de gobierno con los siguientes compromisos, apoyados también por Ciudadanos y UPyD: imposición de grados de tres años; supresión de universidades «no productivas»; total equiparación de universidades públicas y privadas; financiación de la universidad a través del «cheque estudiantil», que cada alumno entregará allí donde estudie; y flexibilización absoluta en la contratación de profesorado, que en el futuro no podrá ser indefinido ni funcionario.

¿La buena noticia? Que este 2015 es año electoral y en nuestras manos está evitar este triste final para la universidad pública.

*Rafael Escudero es Profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid