Propuestas para salvar la Sanidad pública (3): central de compras y subastas

Artículo publicado en el número de marzo de La Marea, a la venta en quioscos y en nuestra tienda virtual

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 3. Centrales de compra ante las multinacionales

La unión hace la fuerza. Esta popular frase adquiere pleno sentido a la hora de hablar de las negociaciones con las empresas farmacéuticas. En estos momentos, cada comunidad autónoma negocia por separado el precio de compra. Desde el año 2012, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), dependiente del Ministerio de Sanidad, centraliza las compras de las comunidades autónomas que, voluntariamente, quieren adherirse. Hasta ahora lo han hecho, en diferentes programas, diez gobiernos regionales, con un volumen de compras por valor de más de 838 millones de euros. Así se ha conseguido un mejor precio en productos sanitarios y medicamentos genéricos, entre otros.

Para el responsable de Sanidad de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, esto no es suficiente y se debe aspirar a una compra centralizada a nivel europeo. “Ahora hay nuevos fármacos que comprometen la viabilidad del sistema y ya que la dimensión especulativa de las multinacionales es tan grande, la compra debe ser comunitaria para negociar de igual a igual y utilizar las mismas armas”, sentencia el político asturiano.

La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) también apunta a la industria farmacéutica y recuerda que “por cada euro que se invierte en investigación, hay otros 19 euros que se dedican a promoción de esos productos”. Las críticas también arrecian desde otras asociaciones para quienes la farmacia condiciona la formación de los médicos, la prescripción y la incorporación de nuevos medicamentos».

En cambio, el diputado socialista José Martínez Olmos, ve «muy teórico» el planteamiento de una central de compras ya que «los intereses son muy diversos y Europa no está montada para eso». En lo que sí ve un avance es en la subasta. En 2012 el Gobierno andaluz decidió comprar a gran escala aquellos medicamentos que tienen una mayor prescripción. El objetivo es doble, por un lado reducir el gasto farmacéutico y por el otro bajar el déficit de la comunidad autónoma. A través de la subasta, se logra ajustar el precio a la baja con los laboratorios. El que ofrezca el precio menor, se lleva la concesión. Con este sistema, la Junta de Andalucía prevé ahorrarse una media de 244 millones anuales. La medida ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por el PP al considerar que rompe con la equidad del sistema e interfiere en competencias estatales. Además, cuenta con el rechazo de los colegios farmacéuticos y de la patronal, Farmaindustria.