La presión por esclarecer el caso 4-F vuelve a la calle

BARCELONA // Este miércoles 4 de febrero se cumplen nueve años de aquella madrugada de invierno que marcó para siempre la vida de Patricia Heras, Rodrigo Lanza, Juan Pintos, Álex Cisternas y Juan José Salas. Este último, guardia urbano de Barcelona, quedó tetrapléjico tras recibir un fuerte impacto en la cabeza durante una intervención policial en la fiesta que se estaba celebrando en un edificio ocupado de la calle Sant Pere Més Baix. Los cuatro primeros fueron condenados por aquellos hechos.

Rodrigo Lanza, a quien la sentencia señaló como el autor material del lanzamiento de una piedra que habría herido al agente, cumplió cinco años de prisión. Juan Pintos y Álex Cisternas, tres años y tres meses. Patricia Heras fue condenada a tres años de reclusión y se quitó la vida durante un permiso penitenciario. Siempre negaron su participación en los hechos, denunciaron irregularidades en el proceso judicial y haber sufrido torturas durante su detención.

Durante los años siguientes, el caso 4-F fue una “pintada en la pared”, como ha señalado en más de una ocasión Xavier Artigas, codirector junto a Xapo Ortega de Ciutat Morta, un documental denuncia que, tras obtener numerosos premios (entre otros el de Mejor Documental en el Festival de Málaga y, esta semana, el Ciutat de Barcelona que otorga el Ayuntamiento), cayó como una bomba sobre la opinión pública catalana tras su emisión en el programa Sala 33 del segundo canal de Televisió de Catalunya.

Los responsables del ente público catalán no pudieron eludir la presión social para que se emitiese y las redes sociales y las cadenas de mensajes por WhatsApp hicieron el resto para lograr una audiencia de 569.000 espectadores un sábado por la noche en un canal minoritario, al nivel de los primeros espadas de TV3. Pocos días más tarde, esta vez sí, en la primera cadena catalana y en uno de los programas de mayor audiencia, el debate sobre el caso en el PuntCat de TV3 batía la marca del espacio. Silenciado durante años, el caso entró en los hogares de Cataluña y sacudió conciencias. Porque de lo que habla el documental no es sólo de un proceso judicial con aparentes lagunas, sino también de mala praxis de los resortes políticos y policiales. Las peticiones de explicaciones se multiplicaron.

Parlament y Ayuntamiento instan a la revisión

De todos los estamentos interpelados, el primero en levantar la voz fue el político. Ante una ciudadanía conmocionada los partidos mostraron indignación, y sorpresa. Pese a que el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, sentenciaba al día siguiente de la emisión del documental en una entrevista en Rac1 que “no podemos estar dudando de la gente que pone orden en la ciudad y lo hace muy bien”, poco después el consistorio suavizaba su postura y se mostraba dispuesto a abrir una investigación interna y aclarar los hechos.

El ayuntamiento incluso elevó una petición a la Fiscalía adjuntando el DVD del documental para que valorase si la cinta aporta nuevas pruebas que permitan reabrir el caso. El semblante del primer teniente de alcalde, Joaquim Forn, ante la sugerencia expresada por el catedrático de Derecho Penal Joan Josep Queralt de que se llevase a cabo una investigación externa independiente, realizada bajo los focos en el programa PuntCat, arrojaba sin embargo algunas dudas sobre la firme determinación expresada por el gobierno municipal.

En una declaración poco habitual, firmada por todos los partidos políticos, incluido el PSC –que en el 2006 gobernaba Barcelona-, el Parlament de Catalunya instó también al Ministerio Fiscal a revisar el caso 4-F y, en vista de lo que muestra la cinta, observar si “no hubo una investigación suficientemente cuidadosa” de los hechos que motivaron las condenas y de las denuncias de torturas que formularon los condenados, que fueron archivadas.

Las palabras de un supuesto testigo en las que asegura que un conocido le confesó haber lanzado una maceta que impactó en el policía se señalaron como una posible vía de reapertura de la causa. La tesis de la maceta, que difundió el propio alcalde de la ciudad Joan Clos en los días posteriores a los altercados, desapareció del relato oficial y se sustituyó por una piedra lanzada a pie de calle. Este nuevo marco permitía encausar a los detenidos aquella noche, puesto que ninguno de ellos fue arrestado dentro de la casa.

La Fiscalía rechaza la reapertura

Tras las numerosas peticiones, el estamento judicial se cerró en banda. La Fiscalía rechazó revisar el caso y mantuvo que nada de lo que se explica en el documental constituye un elemento nuevo con valor suficiente para forzar otra investigación. Tampoco la confesión del testigo que, afirmó el Ministerio Público, no tiene valor de prueba. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) lamentó “las descalificaciones gratuitas” que se hicieron “de la juez de instrucción, del tribunal sentenciador y del Tribunal Supremo” en el documental. La salida a la defensiva del TSJC evocaba las palabras del abogado Gonzalo Boyé en la película: “Los sistemas fallan. Lo que pasa es que no es admisible plantearse que el sistema falla, porque entonces hay que cambiar el sistema”.

Nada se ha movido pues a nivel judicial. Aunque la emisión de Ciutat Morta tuvo otras consecuencias. El estado de opinión se había vuelto perceptivo a este tipo de casos y tres jóvenes se animaron a confesar haber sufrido graves torturas por parte de agentes de la Guardia Urbana en 2005. Pocos días antes había aludido al caso en un vídeo subido a YouTube un sargento del cuerpo jubilado muy crítico con el funcionamiento de algunas de las unidades policiales municipales.

Los familiares y amigos de los jóvenes condenados por el caso 4-F continúan reclamando que se haga justicia. Siguen pendientes de que se pronuncie el Constitucional y anuncian que están dispuestos a llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este 4 de febrero, volverán a manifestarse, en una marcha que partirá a las 19 horas desde la plaza Universitat. Aunque este año estarán mucho más acompañados. En otras ciudades catalanas también se han convocado concentraciones frente a los ayuntamientos. Habrá que ver si la reclamación rebasa los círculos activistas en los que circunscribía cuando el 4-F era sólo “una pintada en la pared” y suma a aquellas personas que padecieron la conmoción en sus casas un sábado por la noche viendo el Canal 33.