Trece años de desastres en la sanidad madrileña (1ª parte)

La Sanidad Pública madrileña ha tenido, desde las transferencias, una financiación siempre inferior al promedio de las CCAA. Ya en las transferencias, Madrid asumió las mismas con una financiación de 714,63€ por habitantes (la cifra menor de todas las competencias en 2001, donde el promedio de financiación fue de 825,54€ y el máximo de 994,84€). Desde entonces el presupuesto sanitarios per capita siempre han estado por debajo de la media de las CCAA, de manera que, entre 2009 y 2015, si los presupuestos se hubieran situado en el promedio de las CCAA (€ /habitante) se habrían dedicado 4.704 millones € mas a la Sanidad.

Lógicamente esta falta de financiación mantenida ha tenido profundos y negativos efectos sobre el sistema sanitario madrileño.

Un proceso privatizador de largo recorrido

Madrid ha sufrido un proceso privatizador desde que recibió las transferencias del INSALUD (enero de 2002), con cambios legislativos, incluso previos a estas transferencias, que demuestran que el gobierno del PP estaba firmemente comprometido con la política privatizadora.

Entre los cambios legislativos, cabe destacar, la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid (LOSCAM) en 2001, que favorece la privatización de los servicios sanitarios (lo que se reforzó en las leyes de acompañamiento posteriores) y las derivaciones al sector privado; en 2004, el Decreto 62/2004, sobre listas de espera quirúrgica, pensada y utilizada en la práctica para la derivación sistemática de pacientes al sector privado; más tarde, la Ley 6/2009, de Libertad de Elección en la Sanidad de la Comunidad de Madrid, que suprime las áreas de salud y favorece aún mas el desviar enfermos y prestaciones diagnósticas y terapéuticas al sector privado.

Enseguida empezaron a producirse avances en la privatización. El primero en el tiempo es la creación de la UTE IDC-Fundación Jiménez Díaz (2002), propiciada por la Consejería de Sanidad, por la que se permite a la multinacional CAPIO su presencia en la entidad pero manteniendo un concierto singular que la trata como si fuera una entidad sin ánimo de lucro. El siguiente paso es la creación de la empresa pública del hospital de Fuenlabrada en 2003 (entró en funcionamiento en 2004) que, aunque mantenía la titularidad pública, incluía los mecanismos de gestión privada. El paso más importante fue la construcción de 8 nuevos hospitales que incorporan 3 mecanismos de gestión distintos: 6 hospitales PFI gestionados cada de ellos en la parte sanitaria por una empresa pública distinta para cada uno, 1 hospital PFI en que la parte sanitaria tiene gestión tradicional (Majadahonda) y un hospital gestionado totalmente por una empresa privada, mediante el modelo de concesión administrativa, mas conocido como “modelo Alzira” que se adjudica a CAPIO (Valdemoro). A la vez se adjudican las pruebas de laboratorio de los nuevos centros y sus áreas de influencia a una empresa privada (Unilabs, del grupo Ribera Salud) cerrando laboratorios públicos, se crea la empresa pública de radiodiagnóstico y se privatizan la informática y el control de los nuevos centros.

Posteriormente se adjudicaron otros tres hospitales por el sistema de concesiones administrativas (Torrejón, Mostoles y Collado-Villalba)

Como medida complementaria, la Ley de acompañamiento de 2012 eliminó todos los órganos de asesoramiento y participación social y profesional y el defensor del paciente; de esta manera el escaso control social y profesional que existía desapareció totalmente.

Cambio del modelo sanitario

En abril de 2012 se aprueba por el gobierno central el RDL 16/2012 que incide de manera importante sobre la Sanidad madrileña, y cuyo análisis detallado ya se ha hecho en numerosas ocasiones, solo resaltar que supone:

• Cambio del modelo sanitario, pasando de un sistema sanitario que se basaba en la residencia a otro basado en el aseguramiento.

• Exclusiones de la asistencia sanitaria. Como resultado de los anterior se excluye del derecho a la asistencia sanitaria a los inmigrantes no regularizados, a las personas con ingresos superiores a los 100.000€ y a las que pasen en el extranjero un periodo superior a 90 días.

• Cambios en la cartera de servicios, que se fracciona en 3 niveles: la básica que seguirá siendo gratuita y la complementaria y la suplementaria sujetas a copagos.

• Copagos generalizados, como son el cambio del copago farmacéutico (que se amplía a los pensionistas y se incrementa en los activos) y la inclusión de copagos por el transporte sanitario no urgente, las dietas, las órtesis y las prótesis.

• Nuevo medicamentazo, excluyendo un centenar de medicamentos de la financiación pública.

El resultado son exclusiones de la atención sanitaria con muchas personas que carecen de la misma, disminución de las prestaciones del SNS y barreras económicas en el acceso a muchas prestaciones necesarias que penalizan a las personas mas enfermas y con mas problemas de salud.

El denominado “Plan de medidas de garantías y sostenibilidad del sistema sanitario público de Madrid”

En noviembre de 2012 el Gobierno de la Comunidad aprueba el que denomina “Plan de medidas de garantías y sostenibilidad del sistema sanitario público de Madrid” que supone las siguientes transformaciones para el sistema sanitario madrileño:

• Un nuevo recorte presupuestario, centrado en el sistema público; así, los hospitales públicos tienen una disminución del 16,19% mientras que los privados incrementan su presupuesto en el 5%; la atención primaria tiene un nuevo recorte (-7,06%) y disminuyen los presupuestos en planificación sanitaria (- 28%), promoción de la salud (-37%), infraestructuras y equipamientos (-68%) y en la agencia antidroga (-15,6%)

• Privatización de servicios no sanitarios, con la desaparición de 26 categorías profesionales

• Transformación del hospital de La Princesa en un centro de media y larga estancia

• Privatización total de 6 hospitales PFI (los que funcionaban como empresas públicas diferenciadas)

• Conversión del hospital Carlos III en centro de media y larga estancia

• Cierre del Instituto Cardiológico

• Unificación de servicios de los hospitales 12 Octubre y Puerta de Hierro (Majadahonda) a pesar de estar a 25,6 Km

• Privatización del anillo radiológico

• Concentración de laboratorios

• Privatización de 27 centros de salud

• Establecimiento de una tasa de un euro por receta

El rechazo a este plan de recortes y privatizaciones fue lo que provocó el inicio de las movilizaciones sociales y profesionales que se han conocido como “Marea Blanca” y cuyos resultados son bien conocidos, consiguiendo parar una parte importante del Plan: el hospital de la Princesa continúa siendo un hospital general, no se privatizaron los 6 hospitales PFI ni los centros de salud, ni el anillo radiológico, no se concentraron los laboratorios ni se unificaron los servicios, y el euro por receta quedó paralizado por el Tribunal Constitucional.

Las derivaciones

Otro de los mecanismos para privatizar la Sanidad madrileña ha sido la sistemática derivación a centros privados de las intervenciones quirúrgicas, de las pruebas diagnósticas y de las consultas de especialistas, utilizando para ello el “centro de llamadas” privatizado que gestiona la empresa Indra. Tras las movilizaciones que demostraron el rechazo frontal de profesionales y ciudadanía a las privatizaciones, este mecanismo se incrementó de una manera muy importante utilizando en más de un caso mecanismos como la infrautilización de los recursos tecnológicos públicos para favorecerlas. En 2014 al 37,53% de las personas que se habían realizado una prueba diagnóstica y/o estaban en lista de espera quirúrgica, se les había intentado derivar a centros privados. En todo caso también se ha evidenciado el rechazo de la población a estas derivaciones (por poner un ejemplo, en diciembre de 2013, el 50,20% de quienes estaban en lista de espera quirúrgica se habían negado a ser derivados a centros privados).

Sergio Fernández es vicepresidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid