Polémica en Andalucía con la Ley de Memoria

Reportaje publicado en el número de febrero de La Marea, que puedes adquirir en quioscos y en nuestra tienda virtual

A Frasquito el bueno lo fusilaron en 1937 en Ronda (Málaga). Su nieto Paco Pimentel, hoy con 70 años, inició una huelga de hambre a las puertas del cementerio el pasado noviembre, después de que la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, dependiente de una consejería dirigida en estos tres años de gobierno bipartito por IU, decidiera exhumar la fosa sin su apoyo y el de la asociación que preside. La Administración tenía previsto destinar 17.000 euros en una primera fase, una cantidad que “sólo dará para hacerse una foto con cuatro huesos”, denuncia Pimentel, que busca junto con otros familiares a unos 1.700 asesinados. Pilar Comendeiro y Nelly Bravo pelearon contra el silencio de las administraciones y, tras varios años, lograron por fin iniciar la búsqueda de su tío, uno de los mineros de Huelva que quisieron acabar con los planes de Queipo de Llano. De los resultados de la primera intervención, subvencionada por la Junta, se enteraron por la prensa. Guadalupe Martín removió cielo y tierra, archivo por archivo, para localizar a su abuelo, supuestamente enterrado en el cementerio de Adamuz (Córdoba). La exhumación comenzó el pasado verano con una ayuda autonómica. Desde entonces, asegura sentirse fuera del proceso y desinformada. Leyó en los periódicos que la Junta actuaría de oficio. El coordinador del Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria Histórica y Social de Andalucía de CGT-A, Cecilio Gordillo, impulsor, entre otras muchas exhumaciones, de la búsqueda de restos en un campo de concentración en La Algaba (Sevilla), conoció los resultados del hallazgo por un teletipo de la agencia Efe.

La política que durante este tiempo ha adoptado la Dirección de Memoria, fundamentada en que tiene que ser el Estado –en este caso la Junta– quien asuma las exhumaciones, tal y como venían reclamando el colectivo memorialista, el derecho internacional y la ONU, ha venido generando sin embargo malestar, preocupación e indignación entre algunos familiares de víctimas del franquismo que, desde hace años, llevan buscando a los suyos solos, sin el apoyo de ninguna administración y con algunas en contra. La nueva Ley de memoria, uno de los proyectos que el adelanto electoral deja en el aire, establece multas de hasta 150.000 euros por la realización de excavaciones sin la autorización de la Junta, una actuación tipificada como falta muy grave. Es decir, exhumaciones modélicas llevadas a cabo por los familiares, prácticamente sin ayuda pública, como el caso de El Marrufo, en Cádiz, donde fueron localizados 28 restos, ya no serían posibles sin la autorización y tutela de la Administración.

Esto, que es una buena política en tanto que la Junta de Andalucía sería la que asumiría la reparación de las víctimas como una obligación de Estado, genera recelos entre el colectivo por temor a que un excesivo control de la Administración aparte a los familiares del proceso. “Se trata de una nueva política pública de memoria que da respuesta a los derechos humanos y no permite el olvido de los luchadores por la libertad y la democracia”, explicó el –hasta el cierre de esta edición– vicepresidente de la Junta, Diego Valderas (IU), durante la presentación del proyecto. Valderas aseguró que la ley, mucho más avanzada que la estatal, no se hacía con un afán sancionador, sino de convencer, y no creía que tuvieran que llegar a imponer ninguna multa porque, según indicó, no quedaría ni una fosa por abrir ni un hueso sin exhumar si lo piden los familiares.

El texto aprobado, que también prevé sanciones –de hasta 10.000 euros– por no retirar los símbolos franquistas, lleva una memoria económica de 10 millones de euros y prevé un plan cada cuatro años donde se priorizarán las medidas y actuaciones para la localización, exhumación y la identificación de restos. En Andalucía hay más de 600 fosas. ¿Qué porcentaje del presupuesto total se destinaría a exhumaciones? Valderas afirmó que dependería de la demanda. En la última convocatoria de subvenciones para trabajos de localización, catas, exhumaciones e identificación de ADN fueron concedidos 155.000 euros a ayuntamientos y asociaciones, una cantidad ajustada a los límites presupuestarios que, si bien es lo único que queda después de que el PP desmantelase la ley aprobada por el gobierno de Zapatero, resulta insuficiente para exhumar todas las fosas a un ritmo razonable. Muchos familiares son ya mayores y el tiempo corre en su contra. La del Marrufo, por ejemplo, supuso un coste superior a ese presupuesto anual y el proceso duró cuatro años.

Controlar el movimiento

Mari Carmen España lleva desde 2006 batallando para encontrar a su abuelo, un jornalero de Lantejuela (Sevilla), supuestamente enterrado en el pueblo vecino, La Puebla de Cazalla. El proceso de exhumación, empantanado por las dificultades físicas del terreno en el cementerio y por el insuficiente apoyo económico de las administraciones, acaba de finalizar la cuarta fase. Mari Carmen no tiene palabras para cuantificar el desgaste económico y físico que le ha supuesto. Pero es esa búsqueda lo que a la vez le da fuerzas para seguir avanzando: “Sí, pedimos al Estado y a la Junta que se responsabilicen de una vez por todas de la localización de nuestros seres queridos. Pero eso es una cosa y que se quiera dejar a un lado la voluntad de las familias, otra muy distinta. Por tanto, no veo otra explicación en esa política que querer controlar el movimiento y encauzarlo para que no sea tan molesto”.

En la respuesta a una pregunta parlamentaria de octubre, la diputada del PSOE-A Micaela Navarro ya dejó patente ese malestar que, según manifestó, le habían trasladado asociaciones memorialistas. También algunas alegaciones presentadas al anteproyecto hacían referencia al papel de los familiares. “La elaboración de una ley de tanto calado para el movimiento social de memoria no significa que nos retiremos y dejemos en manos de la administración la aplicación de ésta sin más: debemos estar alerta y realizar un seguimiento cercano para que se aplique aquello que consideramos se ajusta a las reivindicaciones y/o que se modifique lo que no se ajuste al sentido de las víctimas […]. Estamos de acuerdo en que la Junta de Andalucía asuma el proceso de exhumaciones, los controle, los financie y los difunda. Aunque ese trabajo debe contar con las asociaciones, familiares y víctimas que llevamos mucho tiempo trabajando en este tema”, recogía en su escrito a la Junta la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia (AMHyJA), que considera que cualquier traba administrativa que la ley imponga a las víctimas y a sus familiares para la consecución de sus objetivos «se vivirá como un obstáculo insalvable al proceso de recuperación de la memoria».

Paco Pimentel protesta a las puertas del cementerio de Ronda (Málaga). 

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que desde 2000 ha exhumado más de 200 fosas en toda España, es bastante crítico con la nueva política de la Dirección de Memoria: “Es de extrema gravedad y de extrema prepotencia. Exhumar contra los familiares, como en el caso de Ronda, es una aberración. No se trata de una decisión judicial sino de una decisión política que pasa por encima de la voluntad de las familias. Se hace un uso partidista de la memoria, un control partidista, y la memoria no es la memoria de un sector del Parlamento. La ley se ha ido haciendo sin participación”.

Cecilio Gordillo, que había depositado toda su confianza de mejora en la tramitación parlamentaria, también mantiene esa misma percepción: “La desconfianza que sobre el movimiento memorialista se trasluce en el texto del proyecto de ley es su elemento más negativo. Pensamos que su reglamentismo, su proyección ralentizadora, oscurantismo y opacidad en las resoluciones administrativas que se atribuye son debidas precisamente a un ejercicio viejo de la acción política, al marginar, intentar controlar y desconfiar del movimiento memorialista. Se olvida que gracias a sus acciones desde hace más de una década estamos en la situación actual y que la propia administración andaluza ha terminado planteándose la elaboración de una ley como la de ahora”.

Santiago Fernández recuperó los restos de su tío en una cuneta sin el apoyo de ninguna administración y sigue buscando a otro familiar por su cuenta. Así respondió a través de su Twitter a la presentación del proyecto: “Dificultades para exhumar, autoritarismo y asociaciones de familiares puestas de rodillas: eso es la ley de memoria andaluza”. Según denuncia, en el fondo, la nueva política emprendida por la Dirección de Memoria, capitaneada por Luis Naranjo, no apuesta por las exhumaciones. “El director general procede de las filas de IU, pero hemos de concretar que es del PCA (Partido Comunista Andaluz) y ha sido vicepresidente del Foro por la Memoria de Córdoba.

El foro por la memoria entiende que las políticas de memoria trascienden, o han de trascender, la reparación de las víctimas en ámbitos familiares, estableciendo que la víctima de la dictadura fue la sociedad en su conjunto, ideologiza la memoria histórica convirtiendo el tiempo de la segunda república y la guerra en el referente para construir la izquierda de hoy”, escribe Fernández en una radiografía sobre la evolución del movimiento en Andalucía, publicada en la página web ‘todoslosnombres.org‘. Allí pone como ejemplo un artículo escrito por el propio Luis Naranjo, titulado El debate sobre las fosas, ¿exhumar, para qué?, en el que afirma lo siguiente: “En el marco de la memoria histórica, las exhumaciones no pueden considerarse sólo como un acto privado o familiar o como un derecho exclusivo de los descendientes, sino que poseen una dimensión pública y cívica, que se basa en el derecho de todos los ciudadanos a conocer lo que ocurrió”.

«Presuntos familiares»

Naranjo, en conversación con La Marea, niega rotundamente que hayan actuado en contra de las familias y se remitió a ese mismo artículo para defender su postura, que es la de la reparación pública: “Los muertos son del pueblo andaluz. Los familiares son presuntos familiares hasta que exista la comprobación del ADN. Y cada muerto es una prueba del horror que fueron los crímenes franquistas. Hay que sacar a la luz ese horror. Nuestro foro, además, fue pionero en las exhumaciones”, asegura. Según explica, la línea seguida por su departamento incide también en otra de las cuestiones que se encuentra en el espíritu de la ley: que los jueces se mojen. “Siguen archivando las denuncias, pero ahora lo están haciendo con más rapidez. Antes no pasaba eso”, añade.

Guadalupe Martín cuenta, sin embargo, que se dirigió a Naranjo, cuando aún era vicepresidente del Foro, para pedirle ayuda en la búsqueda de su abuelo: “Descartó de antemano la exhumación ante la reforma del cementerio y, una vez nombrado director general, se desentendió de nosotras sin dar explicación alguna”. Como director general, tras la exhumación realizada en verano, denuncia que se arrogó la potestad de presentar los resultados provisionales en una rueda de prensa. “Le pido a Luis Naranjo que actúe de forma más respetuosa y cautelosa sobre la información que hace pública, deje de hacer un uso político y partidista de los supuestos hallados, espere la confirmación del estudio antropológico una vez sean exhumados los restos, se nos consulte e informe de todas las decisiones respecto a los mismos”, desgranó Guadalupe en un escrito. Tras una reunión con él, llega a la misma conclusión: “Las familias hacemos el trabajo y ellos hacen lo que les da la gana. Nos dicen que actuarán de oficio y a la vez que lo solicitemos. Una contradicción”.

“La política de memoria tiene que ser pública y transversal. La reparación y las garantías de no repetición no deben ser asuntos de política partidista, sino de principios y derechos que conciernen a todos los ciudadanos”, insiste Naranjo, que considera que el movimiento memorialista está reconocido en la ley. Emilio Silva concluye que no puede haber una política pública de memoria si el centro de esa política no son los familiares.