El TTIP crea un sistema de alerta previa sobre legislación nacional

Para las sillas de niños y los parachoques en los coches rigen normas muy distintas en EEUU y en la Unión Europea, lo cual dificulta y encarece la exportación para los fabricantes a ambos lados del Atlántico. Encontrar un estándar común no debe ser demasiado difícil, ya que las dos partes persiguen como objetivo la seguridad de los pasajeros. Con este propósito, la UE y EEUU quieren crear un organismo de regulación común, RCB, en sus siglas en inglés, dentro del gran proyecto de crear un área de libre comercio, el TTIP.

Sin embargo, este regulador común ha sido criticado por sindicatos, organizaciones de consumidores, grupos ecologistas y otros activistas que se oponen al tratado de libre comercio. Temen que, de esta forma, se impondrán normas importantes desde un ente no elegido y por encima de las autoridades europeas y nacionales. Estos temores han recibido un nuevo aliento con la filtración de un documento secreto de las negociaciones, cuya opacidad ha encendido todas las alarmas, al que ha tenido acceso La Marea. Se trata de una propuesta que el equipo de negociadores europeos presentará a sus colegas norteamericanos la semana que viene en Brusales, donde se celebrará la octava ronda de conversaciones desde que comenzó el proceso en julio de 2013.

En el documento se describe un mecanismo de alerta temprana sobre asuntos de regulación. Ambas partes se comprometerían a informar al otro “lo más temprano posible” de planes y proyectos para regular la fabricación o venta de productos. Esta información previa se hará “a través de reuniones, intercambios por escrito y otros medios apropiados de comunicación directa”.

La idea es dar a la otra parte tiempo suficiente para evaluar lo que está cociendo el otro y preparar la respuesta. En este sentido, los diferentes lobbies podrían influir en el proceso desde una fase muy temprana. Luego habrá una “evaluación del impacto” (“impact assessment”) de cada medida sobre el comercio bilateral. Desde Bruselas se defiende que se consultará no sólo con representantes de la industria, sino también con grupos de presión de la sociedad civil. El RCB celebrará una asamblea anual en la que debe haber “una representación equilibrada de empresas, consumidores, sindicatos, grupos medioambientales y otras asociaciones relevantes del interés público”, reza el documento.

En respuesta a las críticas, la Comisión Europea asegura que a final no se verá afectada la capacidad de decidir de los organismos legislativos correspondientes. Es decir, si no gusta lo que se acuerda en el nuevo organismo regulador común, las autoridades europeas y nacionales pueden rechazarlo.