Un sistema mundial injusto con apoyo de la Unión Europea

Podríamos iniciar el 2015 con el objetivo de diseñar un sistema fiscal mundial justo, que cubriera las necesidades de todas las personas, que recaudara impuestos de manera eficaz y redistributiva y fuera una herramienta de lucha contra la pobreza. Al inicio del año aparecen los buenos propósitos y aunque a veces se quedan lejos del cumplimiento real, la intención es buena y se agradece, sobre todo si la hay. No es el caso de las intenciones políticas en la Unión Europea, así que sin buenos propósitos en materia de transparencia y fiscalidad justa, tal vez el año nos depare más de lo mismo que el 2014.

Las últimas semanas del año la UE aprobó una nueva normativa sobre el blanqueo de dinero tras las reuniones entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea. Hace años que las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la justicia fiscal vienen exigiendo transparencia, para poder evitar procesos de lavado de dinero y corrupción, mediante registros nacionales públicos que aclaren quién posee realmente las empresas y su patrimonio, evitando así la evasión y elusión de impuestos y controlando mejor los movimientos. Pero la nueva directiva, aunque con pequeños avances, se queda lejos de cumplir con esta expectativa de estructuras societarias abiertas y transparentes, gracias a los impedimentos presentados por varios países, entre ellos España.

La concienciación de la opinión pública sobre la necesidad de una fiscalidad adecuada que garantice los servicios públicos no es una tarea fácil, sobre todo cuando día tras día asistimos a casos de corrupción que malgastan el erario que entre toda la ciudadanía se construye, pero la exigencia ciudadana es sin duda el mejor apoyo contra la opacidad fiscal. Desde EURODAD -una red de entidades sociales europeas, entre las que se incluye InspirAction, que trabaja por la transparencia y la justicia fiscal- se elabora anualmente un informe que compara el desempeño de 15 países de la Unión Europea en la lucha contra la evasión fiscal y el trabajo por garantizar la transparencia financiera. Beneficios Ocultos: el apoyo de la UE a un sistema mundial injusto demuestra los escasos avances producidos en esta materia, la evasión fiscal no es una prioridad para los gobiernos europeos.

Es curioso cómo en estos momentos de crisis económica los gobiernos de la UE, y particularmente el de España, no se afanen en reformar el sistema fiscal de manera que aumente la recaudación, se reduzca el déficit y se aseguren los mecanismos suficientes que garanticen una redistribución con justicia y equidad, que recaiga fundamentalmente sobre aquellas rentas del capital mejor dotadas, las de las grandes empresas. Un sistema fiscal progresivo es la herramienta más importante a disposición de los gobiernos para luchar contra la desigualdad. Y la lucha contra la evasión de impuestos debe ser una prioridad.

El informe Beneficios Ocultos explica que, tal y como hemos visto con el escándalo LuxLeaks, mientras nuestros líderes europeos están fallando en la reforma del sistema fiscal, las multinacionales siguen evadiendo impuestos en Europa, así como en los países más pobres del mundo, donde se necesita desesperadamente para afrontar inversión social pública los ingresos por impuestos a las empresas. Isabel Ortigosa, responsable de Incidencia de InspirAction, apuntaba que “hay una gran falta de coherencia, ya que los estados hablan de reforma fiscal para apoyar la generación de recursos para los presupuestos nacionales pero luego se negocian tratados fiscales con países en desarrollo que les obligan a bajar la tasa de impuestos para beneficiar a las empresas europeas.”

España es uno de los países europeos que ha conseguido negociar las mayores reducciones en las tasas de impuestos para la expansión de empresas a través de sus tratados fiscales con los países en desarrollo, lo que significa la pérdida de ingresos fiscales en los países más pobres y no revierte en un beneficio público para nuestro país en cuanto a ingresos. Nuestro país ha firmado tratados fiscales con 43 países en desarrollo consiguiendo una reducción media de 5,7 puntos porcentuales, comparados con la media general de 2,8 puntos.

En la mayoría de países de la UE existe un nivel insuficiente de transparencia empresarial, y las grandes multinacionales se pueden aprovechar de instrumentos legales que les permiten minimizar el pago de impuestos, como ejemplo en España las ETVEs (Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros) pensadas para atraer inversión extranjera mediante grandes beneficios fiscales. Para acabar con la opacidad financiera, el informe plantea diferentes medidas entre las que se encuentra el “reporte país por país” para que las multinacionales revelen los beneficios obtenidos y los impuestos pagados en todos los países en los que operan. El intercambio de información entre las jurisdicciones de los contribuyentes debe ser automática, y debe haber registros públicos de la identidad de los beneficiarios finales de las empresas para hacer frente al secreto fiscal y evitar las “empresas fantasma”.

En la comparativa entre los 15 países de la UE que han sido examinados, Francia es actualmente el país más transparente y con la normativa más estricta en cuanto a presentación de informes para las empresas multinacionales y ha defendido activamente esta cuestión en los foros europeos. España, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos y Suecia son todos malos actores en materia de transparencia, ya sea en relación con la falta de información que dan sobre la propiedad de las empresas a nivel nacional o porque se resisten a las iniciativas a nivel de la UE para promover la transparencia en el registro de propietarios. Este secreto está ayudando a las empresas a evadir impuestos y obtener a cambio ganancias en los paraísos fiscales.

Es destacable también que para la mayoría de países miembro de la UE el sistema de negociación fiscal global sigue siendo un espacio privilegiado donde son los países más ricos –miembros de la OCDE y del G20- quienes toman las decisiones y se niegan a dar el paso a una negociación en el seno de Naciones Unidas, donde los países más pobres también tengan representación y no sólo el “club de los ricos” pueda decidir sobre las políticas fiscales mundiales que más les favorezcan. Si las decisiones fiscales se siguen tomando país a país y sin coordinación con otros, las empresas se moverán buscando la legislación más permisiva, como en el caso de los paraísos fiscales, por lo que es fundamental que existan acuerdos globales sobre fiscalidad. La falta de cooperación global es una de las razones fundamentales por las que el sistema tributario mundial es injusto y beneficia a los países más ricos en lugar de favorecer a los más pobres con el principio básico de redistribución.

Informe completo (inglés)

Capítulo global y capítulo país (español)

*Corina Mora es miembro de InspirAction