La policía británica ha vigilado al menos a seis periodistas

Los periodistas Jules Mattsson, el también cómico Mark Thomas, el videoperiodista freelance Jason N. Parkinson y los fotógrafos Jess Hurd, David Hoffman y Adrian Arbib denuncian haber estado bajo vigilancia policial, como parte del monitoreo policial del llamado “extremismo doméstico”. Todos ellos forman parte del sindicato de periodistas NUJ (National Union of Journalists). La Policía Metropolitana londinense ha monitorizado su actividad periodística y las que desarrollan en el sindicato, según los periodistas. Estos han decidido denunciar a la Policía Metropolitana y al Ministerio del Interior para desafiar la vigilancia policial en curso, revelar la extensión del “espionaje”, las razones detrás de esta práctica, conocer con quienes han compartido esta información y eliminar su perfil de la base de datos.

Los informantes investigados por la policía han trabajado anteriormente exponiendo las malas conductas de grandes empresas y del Estado británico y todos ellos también han litigado contra malas praxis policiales, según el comunicado de prensa del sindicato NUJ. En muchos de estos casos, la Policía Metropolitana ha sido obligada a pagar los daños causados, disculparse y admitir su responsabilidad, después de que los derechos de los periodistas fuesen restringidos por agentes de policías en actos públicos.

La vigilancia policial ha salido a la luz gracias a una campaña, iniciada en el año 2008 por el sindicato NUJ, en la que se pedía a los miembros del sindicato que pidiesen a las autoridades los datos que tenían de ellos, incluyendo los de una unidad policial dedicada a monitorizar el “extremismo doméstico”. Gracias a esta campaña, varios miembros del sindicato obtuvieron la información recopilada sobre ellos. En los dossieres policiales a los que han tenido acceso han encontrado información relativa a su historial médico, su infancia e incluso observaciones sobre su sexualidad. El sindicato teme que haya muchos más periodistas que estén siendo vigilados. “Estos casos causan preocupación en muchos aspectos como el impacto en la privacidad, el efecto escalofriante en la actividad de los miembros del sindicato y los periodistas para hacer su trabajo y su capacidad para tomar parte en actividades legítimas sindicales”, afirma el sindicato NUJ. “Los periodistas y sindicalistas no tienen forma de conocer las circunstancias en las que estas actividades fueron monitorizadas y sistemáticamente almacenadas en secretas bases de datos policiales de “extremismo doméstico””, denuncian.

“En la información que he obtenido de mi archivo policial no hay ni siquiera una pista que indique que soy sospechoso de ningún delito ni tengo antecedentes. En cambio, las entradas sobre mí contienen frases tan obvias como el hecho de que estoy ‘siempre buscando una historia’ y que ‘he grabado anteriormente a agentes de policía’”, declara Jules Mattson, uno de los seis periodistas vigilados. “No veo ninguna justificación para mantener esta información ni imagino una defensa razonable del impacto que esto ha tenido en mi capacidad para hacer mi trabajo, como el desvelar la información policial a terceros cuando pido acreditaciones de prensa”.

“El hecho de que ninguno de los periodistas sean sospechosos de ningún crimen pero que todos hayan cubierto historias de conductas policiales y empresariales erróneas apunta a algo más siniestro, que la policía parece espiar a aquellos que buscan hacerles responsables de sus actos”, afirma el periodista y cómico Mark Thomas. “Mi dossier tiene 12 páginas y consta de cerca de 140 registros de vigilancia durante casi una década. Mi detallado expediente muestra que soy una especie de enemigo público simplemente por hacer mi trabajo”, declara el videoperiodista freelance Jason N. Parkinson.

“He afrontado la intimidación, vigilancia y en ocasiones violencia por parte de la policía durante toda mi vida profesional. No debería suceder que a veces tenga miedo de ir a trabajar. El mero hecho de crear una base de datos de ‘extremistas domésticos’ que almacene detalles de personas inocentes es sentida como una intimidación del Estado”, ha declarado el fotógrafo freelance Jess Hurd. “El simple hecho de formar parte de una base de datos de extremistas es en sí mismo perjudicial”, afirma el fotógrafo freelance David Hoffman.

La Federación Internacional de Periodistas (IFJ, por sus siglas en inglés) también ha condenado la acción policial. “Consideramos este vigilancia como un ataque al derecho a la intimidad de nuestros compañeros y condenamos su tratamiento como extremistas domésticos por la policía”, ha declarado Jim Boumelha, presidente de IFJ.

42 millones de euros gastados en investigar a periodistas

Según ha podido saber Press Gazette, la Policía Metropolitana de Londres ha gastado más de 33 millones de libras (más de 42 millones de euros) en tres operaciones destinadas a investigar a periodistas. Una de esas operaciones fue lanzada en enero de 2011 para investigar las alegaciones de hackeos telefónicos realizado por el tabloide News of the World. Las otras dos surgieron a partir de la anterior e investigan pagos de periodistas del diario The Sun a policías para obtener información y hackeos informáticos de reporteros de ese diario. Todos estos escándalos periodísticos afectan al grupo News International del australiano Rupert Murdoch.

En total, 125 agentes de policía han participado en estas operaciones y 99 periodistas son sospechosos de haber realizado algún delito relacionado con su actividad profesional. 63 periodistas han sido arrestados y 43 imputados o citados a declarar. 67 policías sido investigados.

“Soy fotógrafo, no terrorista”

En 2009 nació la campaña “I’m a Photographer Not a Terrorist” (Soy fotógrafo, no terrorista). Surgió a partir de un pequeño grupo de fotógrafos y camarógrafos establecidos en Londres que cubrían protestas políticas en Gran Bretaña, y descubrieron que estaban siendo vigilados por la Policía Metropolitana londinense. Al conocer este hecho, decidieron combatir “esta práctica antidemocrática y represiva” de forma colectiva. Fundado por el sindicato NUJ y el grupo de presión Campaign for Press and Broadcasting Freedom, la web fue presentada en público el 8 de agosto de 2009 en un evento al que acudieron unos 300 fotógrafos. La siguiente acción fue una flash mob para “desafiar el problema creciente de los espacios públicos privatizados”. Unas 100 personas, con sus cámaras, se reunieron en Canary Wharf, un lugar conocido por sus agresivos guardias de seguridad privada (habituados a impedir el trabajo a los fotoperiodistas), para grabarse y fotografiarse. Ningún guardia de seguridad hizo acto de presencia.

En enero de 2010, 3.000 fotógrafos se concentraron en Trafalgar Square. Esta vez la protesta estaba motivada por el uso de las leyes antiterrorista por la policía para impedir fotografiar el espacio público. Semanas antes de esta “reunión” de fotógrafos, las noticias de identificaciones, retenciones, amenazas e incluso arrestos de fotógrafos por el mero hecho de fotografiar lugares públicos aparecieron en los medios británicos. El 4 de julio de 2010 celebraron con una flash mob frente a Scotland Yard tras la decisión unánime del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de considerar que la sección 44 de la Ley Antiterrorista, que permitía a la policía identificar y registrar a cualquiera en un área determinada sin necesidad de ningún tipo de sospecha, incumplía el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que consagra el derecho a la privacidad. En consecuencia, la coalición gubernamental ha introducido la sección 47A, que permite a los mandos policiales autorizar un poder temporal y geográficamente limitado a los agentes policiales para identificar y registrar personas sin sospecha sin el mando policial “tiene sospechas razonables de que un acto terrorista tendrá lugar”. La sección 44 no incluía “sospechas razonables” para decretar registros indiscriminados. ¿Pero qué son sospechas razonables?, se preguntan los promotores de la campaña: “Como fotógrafos que trabajamos en espacios públicos, todavía somos tratados bajo una sospecha que no es merecida y que no la experimentan la mayoría de ciudadanos en su vida diaria”.