Asalto al palacio de la exregente María Cristina de Borbón

La noticia de estos días es que la infanta Cristina de Borbón, hija del rey de España impuesto por Franco en 1969 y coronado a la muerte del dictador en 1975, se sentará en el banquillo de los acusados según ha decretado el juez José Castro. Lo hará ante un tribunal que la juzgará como cooperadora necesaria en los delitos fiscales de su marido, el exbalonmanista Urgadangarin, sin que por el momento haya renunciado a sus derechos dinásticos. La ocasión es propicia para remontarse en el pasado de la monarquía borbónica en España, pues hay precedentes que pudieron acabar en el banquillo.

El primero data de quien llevó el mismo nombre que la infanta, la reina regente María Cristina de Borbón, esposa del rey felón Fernando VII, que se casó en segunda nupcias con el apuesto sargento Fernando Muñoz, y a la que los historiadores juzgan como paradigma de corrupción durante el reinado de su hija, Isabel II, la de los tristes destinos, según Pérez Galdós. Y es que junto al sargento, elevado a la categoría de marqués de Salamanca -hoy barrio madrileño de postín-, una serie de concesiones ferroviarias, contratos y movimientos financieros nutrieron no solo las rentas de la exregente, sino las de cuantos arribistas crecieron en su entorno.

María Cristina se había convertido en un auténtico baldón para la monarquía, aunque no era el único personaje público -civil o militar- conocido por sus corruptelas. La exregente jugaba a la Bolsa con información privilegiada y cobraba comisiones en los negocios del ferrocarril. España estaba en los albores de la revolución industrial y el nombre de María Cristina era, como otros muchos en aquel tiempo, sinónimo de tráfico de influencias. Alcanzó tanta impopularidad que el palacio de las Rejas, en el que residía y desde donde cabildeaba, fue atacado el 17 de julio de 1854 durante la llamada Vicalvarada y tuvo que huir al Palacio de Oriente, donde residía su hija, la reina.

Sobre Isabel II pesa asimismo una acusación del mismo tipo. La primera denuncia seria de corrupción se remonta al mes de febrero de 1865. La firmó el reputado trubuno Emilio Castelar en las páginas de su diario republicano, La Democracia. El artículo llevaba por titular El rasgo, y el autor exponía que la reina hacía un buen negocio al ceder el 75% de la venta del Patrimonio Real para impedir el anticipo de los impuestos, porque ella y «una docena de traficantes, de usureros» iban a engordar» sus bolsillos con el 25% restante y a costa de un patrimonio que en realidad era nacional. También España viviría una revolución unos años después del artículo de Castelar, la llamada Gloriosa o Setembrina (1868), que acabó con la reina en el exilio, aunque el artículo le costó en principio a don Emilio la expulsión de su cátedra.