La liberalización de servicios que pactan en secreto 50 países amenaza la privacidad

La liberalización de servicios podría suponer una amenaza para la privacidad de datos de los consumidores si salen adelante los planes de las partes que actualmente están negociando el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA, en sus siglas en inglés). Así lo reflejan los documentos secretos a los que ha tenido acceso La Marea a través de la plataforma de filtración de archivos Fíltrala, en la que también colaboran Diagonal, eldiario.es y Mongolia.

“Ninguna Parte podrá impedir a un proveedor de servicios de otra Parte transferir, acceder, tratar o almacenar la información, incluyendo información personal, dentro o fuera del territorio de la Parte, cuando esa actividad se lleva a cabo en relación con el ejercicio de la actividad comercial del prestador de servicios”, reza un documento clasificado de las negociaciones que se están llevando a cabo con la misma opacidad que las rondas sobre el Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP, en sus siglas en inglés). Esto podría chocar con normas nacionales de protección de datos que regulan su uso en el ámbito nacional.

Actualmente, y en paralelo al TTIP, se está negociando la liberalización de servicios para que empresas de otros países puedan ofrecer sus servicios sin restricciones nacionales allí donde quieran operar. A diferencia del TTIP, que afecta a EEUU y los 28 Estados de la UE, en TISA participan 21 países más, como Colombia, Japón o Suiza. Los sindicatos están en alerta porque temen la pérdida de la calidad de servicios en beneficios de empresas multinacionales que podrían socavar estándares laborales, técnicos o medioambientales establecidos en cada país.

Rosa Pavanelli, secretaria general de la federación global de sindicatos del sector público Public Services International (PSI), que representa más de 200 millones de trabajadores en 150 países, denuncia que la «negociación sin restricciones de flujo de información personal, neutralidad del Internet y  firma eletrónicas puede ser usada para violar los derechos individuales. Los gobiernos deben ser claros sobre lo que están negociando en esos tratados secretos». Sobre el oscurantismo con el que se están desarrollando las negociaciones, Pavanelli tilda de «inaceptable» que ciudadanos sólo puedan enterarse a través de documentos filtrados de «las leyes que sus gobiernos están negociando en su nombre».

El documento que ha dado a conocer Fíltrala establece, como principio básico, que la prestación de servicios no esté sujeta a condicionantes locales como ocurre en muchos concursos o contratos públicos, en los que, por ejemplo, se prima la proximidad de la empresa o el empleo de mano de obra local. El documento “protegido de divulgación no autorizada” afirma que no se puede “condicionar la recepción o continua recepción de una ventaja al cumplimiento de ningún requisito” como “bienes producidos en su territorio, o la compra de bienes en su territorio”.

Sin embargo, se establece una serie de excepciones que, en principio, permiten a los gobiernos nacionales salvar algunas condiciones a la hora de conceder servicios y que podrían interpretarse como un privilegio para empresas locales, como “programas de promoción de la exportación y la ayuda exterior” o condiciones de seguridad o medioambiente. Lo mismo se aplica a decisiones “por un tribunal judicial o administrativo o autoridad de competencia para rectificar una práctica declarada tras un procedimiento judicial o administrativo como anticompetitiva conforma a las leyes de competencia de la Parte”, según el documento.

Sindicatos como Ver.di en Alemania advierten que el TISA amenaza con diluir normas y estándares europeos en cuanto a la calificación profesional de las personas que prestan servicios o mínimos técnicos al prestar servicios, por ejemplo en los sectores de sanidad o la educación. Según estas opiniones, el tratado cementaría la liberalización de servicios públicos ya hecha y cerraría la puerta para que un gobierno en el futuro pueda dar marcha atrás y revertir ciertos servicios a la función pública.