Mompó: “Ni mandando a la Armada ni encausándonos pararán a Greenpeace”

VALENCIA // Maite Mompó cuenta como su activismo nació con imágenes. Cuando tenía 11 años vio a una activista de Greenpeace interponerse entre un arpón y una ballena para evitar que la matasen. En ese momento dijo «yo de mayor quiero ser como estos». Un deseo que refrendó años después con el impacto que le causó la imagen de barcos lanzando residuos nucleares y vertidos al mar. Esta pacifista convencida es una de las 17 personas que serán juzgadas a partir del jueves por una acción reivindicativa en la central nuclear de Cofrentes (Valencia) el 14 de febrero de 2011.

¿De qué se os acusa?

Ese día Greenpeace convocó una manifestación pacífica en la central nuclear y hubo un grupo de personas que accedió a las instalaciones, pero no accedimos al reactor, que es la zona conflictiva. Ni nos acercamos allí. Lo que pasó es que hubo algunos activistas que pintaron Peligro nuclear en una torre de refrigeración. Por esto nos han encausado por un delito de desórdenes públicos, lesiones y daños y piden a Greenpeace como responsable civil subsidiario 360.000 euros. Y a las 17 personas encausadas (16 activistas y un fotógrafo independiente), penas de dos años y ocho meses de cárcel.

¿En total?

Para cada uno de nosotros. Es la causa más grande a la que ha tenido que enfrentarse Greenpeace en sus 30 años de historia. Lo que es importante resaltar es que esta acción fue un mes antes de que ocurriera el accidente en Fukushima. Lo que nos llevó a esta protesta fue que el gobierno quería ampliar la vida útil de la central de Cofrentes, que tiene 30 años y ya tenía que haber cerrado. Nosotros fuimos allá a decir que no estábamos de acuerdo con que se prolongara la vida de la central. Justo un mes después, ocurría lo de Fukushima. Y al día siguiente de eso, el gobierno español estaba firmando la ampliación de la vida de Cofrentes hasta el año 2021.

Cofrentes es una central que cada cierto tiempo tiene problemas con algunos de sus reactores.

Todas las centrales tienen problemas. Cofrentes es de las más viejas y en lo que respecta a la seguridad de una central, que siempre son inseguras, cuantos más años pasan, más inseguras se convierten porque los materiales se empiezan a corromper, empieza a haber fallos…

Hace pocos días, una lancha de Greenpeace fue agredida por intentar parar las prospecciones petrolíferas en Canarias.

Fue una cosa inaudita: lanchas de la Armada yendo contra las de Greenpeace, causando tres heridos. Pero ni mandando a la Armada ni encausándonos van a parar a esta organización porque es un derecho que se tiene a la protesta pacífica. Está reconocido por la Constitución y nosotros lo ponemos en práctica.

¿Por eso han iniciado la campaña #Misión45?

Sí. Porque el artículo 45 de la Constitución dice que todos los ciudadanos españoles tenemos derecho a a disfrutar de un medio ambiente que sea adecuado para el desarrollo de la persona. Además es nuestro deber protegerlo y conservarlo.

¿El Gobierno les tiene en su punto de mira?

Yo personalmente lo que veo es que hay una campaña del gobierno para tratar de frenar toda protesta contra sus políticas. Protestas de todo tipo, incluidas las medioambientales, pero también las sociales.

¿Cree que la sociedad española es consciente de los riesgos de la energía nuclear?

No, para nada. Sí que es cierto que Fukushima asustó mucho, pero es que no vuelve a salir en los medios televisivos y Fukushima es un problema que sigue estando ahí, que no se ha solucionado.

¿España tiene fukushimas latentes?

Es que te pone los pelos de punta. Yo soy de Albacete, pero vivo en un pueblo al norte de Alicante y si hubiera un accidente en la central de Cofrentes no sólo perderíamos todo, hablamos de millones de personas que lo tendrían que dejar todo como ha ocurrido en Fukushima. El primer ministro japonés, cuando ocurrió el desastre dijo que, en el peor escenario que se le podía presentar, el accidente habría afectado a un radio de 250 kilómetros, a 50 millones de personas, el 40% de la población en Japón. Hablamos de que los intereses económicos de una empresa que tiene una central nuclear pone en riesgo la vida, la integridad física y la forma de vivir de millones de personas.

En el caso de Cofrentes, ¿quién es esa empresa?

Iberdrola. De hecho, se ha personado en el juicio contra nosotros porque es la operadora de la central. Es la que pide la multa para Greenpeace porque dice que se produjeron daños y que se afectó al funcionamiento de la central. Pero el propio consejo de seguridad nuclear dijo que los ecologistas no accedieron a zonas vitales ni pusieron en peligro la seguridad de la central.

¿Se paró en algún momento la actividad de la central nuclear?

No. Siguió funcionando. No pusimos en ningún momento en peligro la central. Greenpeace es una organización pacifista, todos los activistas que fuimos allí somos pacifistas, todas las acciones que hemos hecho han sido no violentas. Lo que queremos es resaltar que algo sucede, que pone en peligro el medio ambiente.