CiU y ERC impiden que Artur Mas dé explicaciones por el caso Pujol

BARCELONA // La comisión de investigación sobre corrupción política, fraude y evasión fiscal que este lunes ha comenzado en el Parlament de Catalunya, impulsada a raíz del caso Pujol pero que ampliará su radio de actuación a otros procesos, ha tenido que hacer frente a dos amenazas que ponían en peligro su pervivencia. La primera sigue vigente: la posibilidad de unas elecciones anticipadas la dejaría en suspenso, a la espera de que el futuro Parlament decidiese retomar los trabajos. La segunda se ha logrado salvar tras la presión ejercida por ERC, ICV-EUiA, Ciutadans y la CUP-AE para que CiU y PSC rectificasen los vetos realizados durante el primer turno de solicitud de comparecencias. Únicamente se ha mantenido el veto, por parte de CiU y ERC, a la participación del president de la Generalitat, Artur Mas.

Socialistas y nacionalistas, como ya ocurrió con la comisión de investigación de la Sanidad catalana celebrada a finales del año pasado, habían acordado oponerse a la presencia en la cámara de implicados en casos de corrupción que afectan a sus partidos. La pinza sociovergente impidió que se aprobasen las comparecencias de, entre otros, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, dos exaltos cargos de los gobiernos de Jordi Pujol implicados en el caso Pretoria -que investiga supuestos delitos de soborno, corrupción urbanística y blanqueo de dinero-. También del exalcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz y el exdiputado del PSC Luis García Sáez, implicados en el mismo caso; del extesorero de Convergència Daniel Osácar y los saqueadores confesos del Palau de la Música Félix Millet y Jordi Montull, protagonistas en el caso del Palau –si bien a Osácar se le ha levantado la imputación-; así como del empresario Javier de la Rosa, del actual conseller de Empresa y Ocupación, Felip Puig; y del exconseller socialista de Obras Públicas Joaquim Nadal. Junto con el PP, CiU y PSC también vetaron la participación de los expresidentes del Gobierno Felipe González y José María Aznar, que finalmente deberán comparecer, puesto que CiU finalmente ha optado por la abstención.

El argumento esgrimido por el PSC para justificar su voto en contra de estas comparecencias fue que la comisión debía acotarse al caso Pujol, y CiU sentenció que se debía evitar que la comisión se convirtiese en un “espectáculo” o en un “plató televisivo”.

El “pacto de silencio”, como fue denominado por parte de la oposición, indignó a los partidos impulsores de la comisión (ERC, ICV-EUiA y CUP). El diputado de la CUP David Fernàndez, que por cuestiones de alternancia preside la comisión, aseguró que dejaría la presidencia si no se replanteaban los vetos. «Es inaceptable asumir un pacto de silencio. Nosotros no lo avalaremos”, sentenció Fernàndez. A las críticas se sumó Ciutadans, que integró una unión inédita con las tres fuerzas citadas para exigir una lista de mínimos con 22 de los nombres vetados, entre ellos los citados anteriormente. “Somos cuatro grupos muy distintos pero tenemos una coincidencia clara en la voluntad de limpiar”, afirmó el diputado de ICV-EUiA Marc Vidal.

La presión hizo sucumbir al PSC, que a pocos meses de varias citas electorales teme que su postura en la comisión le pase factura, y a finales de la semana pasada anunció que los socialistas no serían “un obstáculo para satisfacer las peticiones de comparecencia del resto de grupos”, según expuso el diputado del PSC Jordi Terrades. CiU, ante la posibilidad de quedarse sola en su oposición a la comparecencia de implicados en casos de corrupción, ha anunciado finalmente este lunes que está dispuesta a “modular” su oposición a las 22 comparecencias, como ha afirmado la diputada Mercè Conesa. Finalmente, ambos partidos han rectificado y han dado luz verde a prácticamente todas las comparecencias vetadas.

Quien finalmente no deberá comparecer es el president de la Generalitat, Artur Mas (conseller de Obras Públicas y de Economía durante los gobiernos de Pujol), cuya presencia en el Parlament pidieron PP y Ciutadans, y que se rechazó con los votos en contra de CiU, PSC y ERC. Este lunes se ha vuelto a votar su comparecencia y ha vuelto a ser rechazada, en este caso, con los votos en contra de CiU y Esquerra, que ha invitado a Mas a explicarse en la comisión de Asuntos Institucionales del Parlament. ICV-EUiA ha votado a favor, como con el resto de peticiones, con el objetivo de «escuchar a todos».

Más de 150 comparecencias

La comisión ha arrancado este lunes con la intervención de Miguel Ángel Mayo, inspector de Hacienda y coordinador del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), quien ha afirmado que el volumen del fraude en Cataluña es del 25% del PIB, y ha recordado que la Comisión Europea cifra en 120.000 millones de euros el coste de la corrupción en la UE. Un total de 60 expertos desfilarán por la cámara catalana como testigos, entre ellos el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo y el exfiscal José María Mena, que investigaron a Pujol por el caso Banca Catalana.

El expresident Jordi Pujol, su mujer Marta Ferrussola y seis de sus hijos han sido llamados a declarar. Los ministros Jorge Fernández Díaz (Interior) y Cristóbal Montoro (Hacienda); el director general de la Policía, Ignacio Cosidó; el jefe del gabinete del presidente del Gobierno, Jorge Moragas; y el director del CNI, Félix Sanz, son algunos de los altos cargos que también deberán pasar por el Parlament. Además, se ha citado a los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta; así como a empresarios, políticos y banqueros.