La crisis amplía la brecha entre el nacionalismo español y el periférico

La crisis económica, junto con los mensajes que los políticos tradicionales españoles han estado trasladando a la población desde el comienzo de la misma, parecen haber situado la opinión de muchos ciudadanos sobre el modelo de Estado que prefieren en dos grandes ámbitos opuestos: los partidarios de una mayor autonomía para sus comunidades autónomas (incluyendo la independencia), por un lado, y los partidarios de disolver el Estado de las Autonomías y traspasar las competencias a un Estado centralizado, por otro.

Un estudio realizado por un extenso equipo de sociólogos dirigido por la investigadora Antonia María Ruiz Jiménez, experta en análisis de discursos y estrategias de competición electoral de la Universidad Pablo de Olavide, concluye que, a partir de 2007, fecha en la que se experimentan los primeros efectos de la crisis, los partidarios de la recentralización de España han crecido exponencialmente, pasando de un casi anecdótico 8% en ese año a casi un 25% en 2013. Paralelamente, el porcentaje de los que están conformes con el actual Estado de las autonomías ha caído en picado en el mismo período desde casi el 60% en 2007 a un 32% en 2013, es decir, más de 20 puntos porcentuales. En el bando contrario, el nacionalismo periférico ha aumentado desde un 5% a casi un 10% en el mismo período, si bien hay que subrayar que este porcentaje sería mucho mayor si la encuesta tuviese ámbito exclusivamente autonómico, dado que el estudio abarca todo el territorio nacional. El informe ha tomado como base 23 encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) desde 1984.

Cabe señalar que esta tendencia se suaviza en el lado españolista si se incorporan los últimos datos aportados por los autores del estudio, que incluyen el barómetro del CIS de septiembre de 2014 (no incluido en la gráfica adjunta), el primero que se ha realizado cuando ya existía huella política de la formación Podemos en la sociedad: en este último informe, los denominados recentralistas bajan hasta un 19,5% y los partidarios de mantener el Estado de autonomías como está suben hasta un 33%. Pero no ocurre así con los partidarios de una mayor autonomía para su comunidad o la independencia, que siguen aumentando hasta situarse por encima del 11%.

Para Luis Navarro, uno de los autores del proyecto, lo más impactante es que los valores registrados actualmente repiten casi con total exactitud los que había a principios de los años ochenta. En su opinión, estos datos nos devuelven a una situación “más polarizada”, como la que existía en la sociedad española cuando Felipe González ganó las elecciones generales en 1982. Es decir, una posición “propia de la transición a la democracia”.

Para Navarro, una explicación de este fenómeno se encuentra en la alta permeabilidad que tienen lo que denomina los “mensajes políticos dominantes”, es decir, los mensajes que la clase política española está difundiendo desde 2007, así como sus acciones políticas. Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, llegó a pedir la devolución de las competencias de Sanidad y Educación al Gobierno central. Su partido, el PP, actualmente en el poder, ha llevado a muchos ciudadanos a considerar como beneficiosa esa opción no sólo con declaraciones, sino con acciones: “Muchas de las medidas tomadas por el Estado para reducir el déficit público tras la reforma del artículo 135 de la Constitución han afectado a importantes capítulos de las competencias autonómicas. Así ha sido, por ejemplo, en materia de Sanidad, Educación, función pública, gobierno local, relaciones laborales, comercio interior o servicios sociales”, indicó Marc Carrillo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, en una tribuna en El País publicada en marzo de este año.

En el otro lado, las apuestas políticas han sido contundentes: en Cataluña se celebró el pasado mes de noviembre una consulta sobre la independencia, no vinculante pero prohibida por el Estado. Además, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, persigue la convocatoria de unas elecciones autonómicas constituyentes, con una lista única integrada por todas las formaciones independentistas.