El documento económico de Podemos deja fuera varias de sus medidas estrella

Podemos ha hecho público este viernes el documento económico que servirá como base para elaborar el programa con el que concurrirán a las próximas citas electorales. El texto, titulado Un proyecto económico para la gente, y elaborado por los economistas Juan Torres López y Vicenç Navarro, implica un cierto giro a la derecha de la formación de Pablo Iglesias, que lo acercaría ideológicamente más al centro.

De este modo, medidas defendidas por Podemos desde su fundación, como la intención de declarar ilegítima e impagar parte de la deuda, desaparecen en el documento presentado este viernes. También la nacionalización de sectores estratégicos de la economía, política defendida por Pablo Iglesias – que ha llegado a hablar incluso de “confiscación” en casos extremos- e incluida en el programa con el que concurrieron a las europeas, desaparece. Lo mismo ocurre con la jubilación, que ha pasado de los 60 a los 65 años. Tampoco se habla de Renta Básica Universal, que pasa a ser una “renta mínima garantizada”, en el contexto de personas en exclusión social.

En el diagnóstico que detallan en el texto, los economistas abogan por “actuar con realismo sin renunciar a los sueños”. Aún así, no serán suficientes cuatro años para aplicar las medidas incluidas en él: “Partimos de la base de que las medidas concretas de gobierno que proponemos deben incluirse en un horizonte más amplio que el de una legislatura”, adelantan. Además, detallan que por delante quedan “costes y sacrificios” como consecuencia de “las políticas que se han venido realizando en los últimos años o de decisiones anteriores”, tales como la entrada en el euro o la aceptación del Tratado de Maastricht.

Por eso, inciden, el documento trata de proporcionar “propuestas para el corto plazo de un modo bastante pragmático”. “Proponemos hacer lo que creemos que realmente se puede hacer y no lo que nos gustaría poder llevar a cabo si las condiciones de partida y entorno fuesen otras”, explican. Al mismo tiempo, aseguran, no pueden “dejar de mirar hacia el futuro ni renunciar a nuestras aspiraciones de más largo alcance porque de ellas nace la esperanza que puede dar fuerza y sentido a nuestras acciones más pragmáticas del presente”.

A por el “pleno empleo”

Entre algunas de las medidas concretas que proponen Navarro y Torres López destacan la creación de una banca pública y “bancos ciudadanos de interés público”, la derogación de la reforma laboral, la jornada de 35 horas, la “aplicación de una tasa sobre las operaciones de compra y venta en el mercado bursátil progresiva” o la “flexibilización del pacto de estabilidad”. También abogan por consagrar en la Constitución el crédito y la financiación a la economía “como un servicio público esencial”, o exigir que se garanticen los derechos sociales y laborales “como condición de aceptación y permanencia en la Unión Europea».

En el plano laboral, Podemos se marca el objetivo del “pleno empleo”, y lo hará “aumentando la actividad y el gasto de las familias (consumo), de las empresas (inversión), del sector público o del exterior en nuestra economía (exportaciones)”. El texto habla también, aunque no da detalles, de la necesidad de incrementar el salario mínimo y establecer máximos en la diferencia entre los salarios más elevados y el medio en las empresas. Del mismo modo, se incide en la lucha contra el fraude fiscal, con propuestas como la creación de una oficina nacional antifraude independiente del poder político y el aumento de medios materiales y humanos en materia penal y procesal.

La lucha contra la pobreza es otra prioridad. “Debería articularse un gran Pacto estatal contra la pobreza y la exclusión social orientado a garantizar el ejercicio de los derechos humanos de contenidos económicos básicos”, explican. Para ello, proponen la puesta en marcha de “planes de urgencia destinados a proporcionar ingresos mínimos de subsistencia a familias y personas en exclusión o en riesgo de estarlo”. También la protección de la infancia tiene un papel clave, mediante “prestaciones universales por criatura y otras medidas preventivas de la pobreza infantil, como la gratuidad de los servicios de comedores escolares”.