Beatriz Figueroa gana su batalla a la Seguridad Social

MADRID // Ha tenido que ir hasta tres veces al Congreso de los Diputados, ha recogido más de 500.000 firmas de apoyo, concedido decenas de entrevistas en medios de comunicación y, finalmente, ha sido un tribunal quien ha dado la razón a Beatriz Figueroa.

Un juzgado de Vigo ha reconocido a esta mujer enferma de cáncer la incapacidad permanente en grado total con efecto retroactivo desde septiembre de 2013. Esto es, a partir de ahora, recibirá del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) cerca de 550 euros como prestación equivalente al 55% de su última cotización. También pasará a ser pensionista, con lo que verá reducida su aportación para el copago de medicamentos.

Beatriz Figueroa está ahora en Almería pasando unos días y descansando tras una larga batalla. No cejó en su empeño ni cuando tenía que reposar durante varios días en cama a causa de los efectos de la medicación. La presión fue tal que confiesa que el mismo día del juicio se acostó y durmió durante tres días seguidos.

“Ya era hora de que después de 3 años y medio se me reconozca la condición de enferma porque mañana mismo me tocaba una vez más sellar la tarjeta del paro”, afirma por teléfono con una voz más fuerte de lo habitual. La sentencia parece haberle dado fuerzas. “Mientras haya vida, tiene que haber lucha. Ese es el mensaje que quiero transmitir”.

Pese a haber ganado la sentencia, Beatriz Figueroa no se conforma y asegura que queda mucho camino por hacer, al tiempo que recuerda que “por culpa de la mayoría absoluta del PP no se ha cambiado la ley, que es lo que queremos, que no se tenga que ir a los juzgados y que sea el propio INSS quien, mientras los médicos digan que no estamos recuperados, nos conceda la incapacidad permanente revisable para no tener que acudir a los tribunales”.

Beatriz Figueroa es abogada y periodista. El 28 de febrero de 2011 le diagnosticaron un cáncer. Aunque trabajó durante 20 años, la noticia de la enfermedad y el inicio del tratamiento le pilló desempleada y, según denuncia, desamparada por la Administración. A partir de ese momento comenzó esta lucha que ha dado sus frutos gracias a una sentencia judicial.