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Carta de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento
Desde la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS) nos ponemos en contacto con usted en referencia a la noticia publicada por su medio, el pasado 20 de octubre, que llevaba por titulo “Un millón de hogares tuvo problemas en 2013 para pagar el agua”.
En primer lugar, queremos aclararle que no somos «Ia patronal», sino que llevamos ya 41 años como asociación profesional de operadores de servicios de abastecimiento y saneamiento y de empresas colaboradoras que prestan servicios de operación, mantenimiento, explotación y gestión del agua urbana y que nuestros asociados dan servicio a prácticamente el 80% de la población española.
Asimismo, agrupamos, entre otros asociados, tanto a empresas públicas, como privadas o de carácter mixto. No hay que olvidar que los operadores tenemos Ia importante misión profesional de gestionar los servicios de agua urbana que nos encomienda la Administración Pública competente, que es quien ostenta la titularidad responsable y quien debe controlar y velar por la calidad de nuestro trabajo.
En segundo lugar, queremos trasladarle nuestra sorpresa y malestar por lo que estimamos que es una falta de rigor en Ia redacción del titular de la misma, ya que, indirectamente, nos
atribuyen a nosotros tal afirmación. Es un error importante establecer una relación directa entre un primer aviso de corte de suministro y tener problemas económicos para pagar la factura, tak ky como deja entrever el titular.
En este sentido, hay que señalar que los avisos de corte se deben a multitud de circunstancias como por ejemplo el cambio de titular de la vivienda o el olvido en el pago de la factura, entre otros muchos. Incuso cuando se habla de 180 cortes definitivos (del ejemplo de 100.000 contratos) hay que tener en cuenta que suelen ser debidos a motivos como la compraventa de viviendas, cambios en los contratos de alquiler, casas que dejan de estar ocupadas, etc. Queremos insistir en que esos 180 cortes definitivos no significa dejar a esas familias sin agua.
De hecho, tal y como recoge el documento en el que basan su información, de los 5.128 usuarios que recibieron el aviso de primer corte fueron 28 los hogares que necesitaron la ayuda de los servicios sociales por falta de recursos. La totalidad de ellos fueron atendidos convenientemente y reconectados al suministro.
Frente a otros servicios, los procedimientos de suspensión del servicio son legalmente muy garantistas. Tras reiterados avisos, y para asegurar la efectiva comunicación, en general, dicha suspensión sólo se produce previa supervisión del titular público del servicio (entidades locales, etc,).
En nuestra opinión, el concepto de «pobreza hídrica» no es, actualmente, de aplicación a la situación española. Asimismo, el sector dispone de mecanismos de acción social que, sin duda, ayudan a que todos los ciudadanos puedan disponer del servicio de abastecimiento y saneamiento en condiciones incluso muy superiores al del mínimo vital, al que hace mención la ONU.
Por último, queremos señalar que los datos que manejan en su información no se han difundido en ningún tipo de foro público, por lo que nos preguntamos cómo han podido llegar a su conocimiento. En cualquier caso, y como no puede ser de otra manera, respetamos profundamente sus fuentes de información pero desde AEAS no hemos tenido la oportunidad de ofrecer la pertinente explicación de dichos datos para que sean comprendidos e interpretados de manera rigurosa.
Desde AEAS intentamos actuar siempre con la mayor transparencia posible y ponemos la información sectorial de la que disponemos al servicio de la ciudadanía. Por ello, les pedimos el mayor rigor posible en las informaciones que difundan sobre nuestra asociación y quedamos a su disposición ara ofrecerle las explicaciones oportunas que aclaren la interpretación de las cifras de dicho documento con el objetivo de prevenir que en un futuro vuelva a ser utilizadas de manera errónea.
…»hogares que necesitaron que necesitaron la ayuda de servicios sociales por falta de recursos…»
Para qué?, para garantizar sus beneficios?.
El agua no es una mercancia y por tanto debe estar, ella y su gestion, deben estar fuera de las leyes de mercado.
No se escondan detras de gestores públicos de agua y saneamiento, lo que los diferencia esta en los ojetivos y a la parte que ustedes estan ahora repesentando, ha quedado claramente expuesta.
Hoy hemos sabido que el Defensor del Pueblo Andaluz decidió intervenir de oficio e iniciar una investigación a raíz de las denuncias que Facua Jaén realizó acerca de los cortes de suministro de agua potable llevados a cabo por la empresa mixta concesionaria del servicio en la ciudad, Linaqua, a varias familias de Linares.
Además, la institución andaluza también tuvo en cuenta las críticas públicas lanzadas con motivo de la renovación periódica de los contadores en domicilios, “sin la notificación adecuada”, y por el servicio de atención al cliente que se presta en las oficinas de la compañía, donde, según Facua, se producen largas colas como consecuencia de la falta de personal.
La polémica comenzó el pasado mes de octubre cuando el secretario general de la organización de consumidores en la provincia, Felipe Serrano, denunció públicamente “situaciones irregulares” cometidas por la empresa Linaqua en lo referente a cortes por impago de facturas de sus clientes, así como por el cambio de contadores “sin avisar”. “Hay empleados que van al domicilio del usuario y proceden a su sustitución”, indicaba entonces Serrano. Además, el representante de Facua aludía a que su organización tenía constancia de casos en los que el aviso de cambio de contadores se enviaba con una fecha en la que no se presentaban: “Lo hacen antes o después, lo que origina molestias al usuario por tener que esperar al trabajador de la compañía”, señalaba.
Estas críticas recibieron, a los dos días, la respuesta del gerente de la empresa mixta del agua, Ramón Martín, y del concejal de Servicios, Joaquín Robles, para salir al paso de las acusaciones vertidas por Serrano. En ese sentido, Linaqua defendió su “cumplimiento riguroso de la legislación vigente” en su forma de proceder ante los supuestos incumplimientos por los cambios de contadores realizados. Asimismo, la compañía manifestó que sí se realizaron los correspondientes avisos de pago y de cortes, ya que “se enviaron 5.675 cartas de preaviso y 2.747 de corte de suministro”.
Pese a ello, el Defensor del Pueblo Andaluz, en su afán por salvaguardar los derechos de las personas consumidoras y usuarias de servicios de interés general, entre los que se encuentra el suministro domiciliario de agua potable, consideró oportuno “promover una actuación de oficio con objeto de conocer el alcance del problema y proponer soluciones al mismo”, según recoge la página web de la institución.
Frente a esto los “señores del agua” optan por la estrategia de la «negación». El negacionismo de esta realidad, cruda, trata de evitar el descontento y la contestación social ante la falta de previsión de las autoridades locales y/o de los desmanes que están suponiendo la privatización del servicio sobre todo a los ciudadanos más vulnerables.
«La pobreza hídrica no es de aplicación directa a la sociedad española», ya que «el sector dispone de mecanismos de acción social que aseguran el cumplimiento del derecho humano al agua», defiende el presidente de AEAS. Desde aeopas sostenemos que la privatización convierte ese derecho en «producto de mercado», lo cual se nota «en los apremios de las empresas a los clientes que no pueden afrontar algún pago, las amenazas y los cortes de suministro» y ya más del 52% de los sistemas urbanos está gestionados por empresas privadas.
AEAS calcula, según hemos leído recientemente, que al año hay 500.000 avisos de cortes y que 9.200.000 personas «tienen dificultades para garantizarse este bien». El presidente del grupo Agbar, Ángel Simón, ha admitido que «cada mes se hacen 12.000 cortes» sólo en su corporación. Pero llama a estos deudores «personas que cometen fraude», como aseguró en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona.
La semana pasada supimos, también gracias a los medios de comunicación, que incluso hay denuncias de que Aqualia cortó el agua a un vecino de La Barca (Jérez de la Frontera) ocho días antes del plazo reglamentado que le había notificado http://t.co/5Uu449tmbj
Vivimos en una situación de mercantilización de un elemento esencial para la vida. Este proceso se hace sin transparencia, sin datos ni sin competencia. Por eso hoy nos alegra conocer que el Defensor del Pueblo Andaluz «entra» en el confilcto del agua
Un saludo, que siga el debate, desde la serenidad y buscando soluciones y pongamos fin a esta situación
Sra. Esquinas, según su soflama de quien debemos fiarnos es de Ud.. Hay que desconfiar de quien ante un conflicto se alinea consigo misma para juzgar y condenar a todo el que se menea, incluso al apuntador, quizás pensando que derribando se le ofrece una oportunidad para hacer negocios con la reconstrucción. Entre AEAS y AEOPAS siempre estaré con quienes son públicos y de origen electo. Ocurre igual con los responsables políticos, me quedos con ellos salvo que Ud. proponga otra opción mejor que la democracia. Otra cosa es la corrupción, el sabotaje social, el saqueo público, y con eso que es muy grave no debe frivolizar, por favor, ponga nombre y apellidos a los corruptos, no envenene con pozoñas a una sociedad civil que ya sufre sin necesidad de sus arengas de autopromoción laboral
En el pleno municipal de Olías de Rey, y a instancias de una moción presentada por grupo municipal de Izquierda Unida de la localidad, se ha acordado Instar a la Federación Española de Municipios y Provincias no suscribir acuerdos y recomendaciones técnicas con colectivos empresariales que contemplen medidas perjudiciales para los usuarios de abastecimiento de agua potable, como es el caso de corte de suministro por impago.
Este “ayuntamiento de ayuntamientos” ha recogido esta sugerencia que hacía la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), asociación profesional que aglutina a las empresas que gestionan el ciclo integral de agua urbano y que obtienen enormes beneficios con esta actividad, y que puede permitir el corte de suministro en caso de impago de un recibo si transcurren 20 días sin hacer efectivo el pago del mismo.
Además, en la moción que se ha aprobado por el pleno del ayuntamiento de Olías del Rey se insta a grupos municipales del Ayuntamiento a iniciar de las negociaciones del Pacto Social Municipal por un Agua Pública en el que se ha de incluir que el servicio de suministro de agua no será cortado bajo ningún concepto de impagos, así como iniciar las negociaciones con la empresa adjudicataria de la gestión del abastecimiento del agua potable en el municipio para incluir en las cláusulas de los Pliegos de condiciones que han de regir el servicio de abastecimiento una que impida el corte de suministro por motivos imputables a impago de familias que no pueden hacer frente al mismo.
Izquierda Unida entiende que este es un paso muy importante, ya que está obligando a la corporación municipal, en la que gobierna el PP por mayoría absoluta, a “iniciar una toma de posición política en la que se han de anteponer los criterios de solidaridad vecinal, frente a los criterios economicistas con los que se ha tratado el abastecimiento de agua potable en la localidad hasta el momento”, ha indicado Jorge Vega, concejal de IU en la localidad.
Esta moción que se ha presentado en Olías en defensa del agua pública considerándola un Derecho esencial, y no parte de un negocio de grandes multinacionales (Aqualia, que gestiona el agua en Olías, pertenece a FCC, multinacional de la construcción), se presentará en los municipios de la provincia para conseguir esta toma de concienciación que se ya se ha conseguido en Olías y que debe llevarnos a un proceso masivo de remunicipalización de este Derecho.
Es muy grave lo que está pasando, pagando las consecuencias la ciudadanía. El agua es el nicho de negocio donde todos los que han arruinado este país, ahora buscan refugiarse. Ni confio en AEAS, ni AEOPAS, ni asociaciones que tienen vinculación con partidos políticos sus gerentes, asociados y demás jugadores de esta horrible partida. El agua es necesaria para la vida y aquí se utiliza como couta de poder. Llevo muchos años y los mismos que ahora se autoproclaman preocupados por nuestro destino, llevan vetándonos para que no podamos destrozar su horrible juego. Pero la gente no es tonta y poco a poco están empezando a despertar. Sus convenios de gestión son ilegales a igual que el reparto de beneficios que hacen cada cierre de balance económico donde se financian partidos, voluntades, prostibulos y demás sinvergonzadas a costa de nuestro recibo del agua. Vayan acostumbrándose, pero en breve lo mismo un Guardia Civil les hace una visita…
Llamamiento a todos los operadores públicos de agua de Europa a salir de la EUREAU y de AEAS
17 de febrero, por Agua
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Hoy el Parlamento Europeo debatirá la primera Iniciativa Ciudadana Europea: “El Agua es un derecho humano”, que ha recogido 1,8 millones de firmas en 28 estados europeos. Una iniciativa que pide firmemente la garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento así como que la gestión de agua no sea liberalizada.
EUREAU (European Federation of National Associations of Water Services), apoyada por AEAS (Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento) ha escrito una declaración en la que, una vez más, pone de manifiesto la hegemonía que el sector privado tiene sobre ambas instituciones y su interés en erigirse falsamente como los “únicos” representes del sector público y privado.
Básicamente su comunicado pretende defender el sector privado del agua en Europa, que reconocen minoritario, y desmentir que la liberación de los servicios de agua comporte subidas de tarifa, a la vez que aboga por alcanzar un nivel de tarifas adecuado para poder hacer inversiones, es decir, subirlas.
Desde los movimientos sociales le recomendamos a EUREAU que lea el informe “Salida de operadores privados internacionales de agua en América Latina” del Banco Interamericano de Desarrollo, organismo que auspició las privatizaciones del agua en América Latina, que nos cuenta que el fracaso masivo de la privatización del agua en el continente fue provocado principalmente por incumplimiento en las inversiones acordadas por el sector privado y un fuerte rechazo social a unas subidas de tarifas abusivas, citamos textualmente las conclusiones de dicho informe: “Tampoco se puede pasar por alto cierta incompetencia de algunos operadores, que con un manejo político y técnico deficiente, o con comportamientos directamente oportunistas, intentaron obtener rentas mediante el incremento desproporcionado de las tarifas, o promovieron continuas renegociaciones de contrato sin que existiera la base de apoyo político que permitiera sostener el impacto social negativo que ello causó”. Por cierto, sobre las inversiones privadas le recomendamos leer el informe “Espejismo en el agua. El fracaso de las inversiones privadas en servicios de agua de países en desarrollo” de la Public Services Internacional Research Unit donde queda demostrado que los operadores privados no son una fuente de inversión nueva sino que acuden a las mismas fuentes de financiación que el sector público (el excedente que produce el suministro de agua, la ayuda del gobierno nacional o de gobiernos extranjeros, préstamos de bancos de desarrollo y préstamos y obligaciones de bancos comerciales).
Este documento también nos brinda un interesante dato complementario: el sector privado sólo había realizado, en los 9 años que se estudian, el 0,3% de las nuevas conexiones necesarias para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Milenio.
Si analizamos la situación en Europa no sorprende mucho leer que EUREU defienda que es competencia de los Estados Miembros organizar los servicios de agua de acuerdo a las disposiciones pertinentes del TFEU (Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) y no denuncia la intromisión de la “Troika”, el Banco Central Europeo (BCE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea (CE), en las condicionalidades impuestas en el rescate de Grecia (privatización de la gestión de agua en Atenas y Tesalónica) y Portugal (privatización de Aguas de Portugal). O no denuncie la carta que Mario Draghi i Jean-Claude Trichet mandaron a Monti en agosto 2011 pidiendo que no hiciera efectivo referéndum constitucional promovido y ganado por la sociedad civil en contra la gestión privada del agua unas semanas antes. Catarina De Albuquerque, la Relatora Especial sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento de Naciones Unidas, señalaba en su informe de Julio 2013 que “Las medidas de austeridad vienen acompañadas a menudo de llamamientos para una mayor participación del sector privado, también en los sectores del agua y el saneamiento, como vía para que los gobiernos aumenten sus ingresos. La Relatora Especial ya ha expuesto anteriormente algunos problemas fundamentales de la prestación de servicios de agua y saneamiento por parte del sector privado desde la perspectiva de los derechos humanos (véase A/HRC/15/31)“.
Cabe añadir que el proceso de privatización forzada en Grecia ha conllevado subidas del recibo del agua del 300%, en Portugal un estudio de la Associação de Empresas para o Sector do Ambiente concluye que los ciudadano pagan un 30% más cara el agua bajo el sector privado. En Francia podemos recordar que Paris al remunicipalizar la gestión del agua consiguió bajar un 8% la tarifa y ahorrar 35 M€. También podemos citar el informe de 2006 del Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD “Más allá de la escasez: poder, pobreza y crisis mundial del agua” donde nos expone sin tapujos que “A precio por unidad, el agua de un servicio público es con diferencia la opción de menor costo” y nos complementa con la siguiente reflexión: “La preocupación de que el agua se transforme en una mercancía ha sido una poderosa reacción a la privatización y, en sentido más general, a la comercialización de las redes de abastecimiento. A cierta es escala, la preocupación se justifica. Como fuente de vida, el agua no se debería tratar como una mercancía”.
Además si leemos el informe de la Relatora de Julio 2013, podemos ver una clara relación entre las subidas de tarifa y la no inversión: “A menudo, los beneficios generados por operadores privados se distribuyen casi en su totalidad entre los accionistas en lugar de reinvertirse parcialmente en el mantenimiento y la ampliación de los servicios, lo que provoca subidas de precios para los consumidores, la necesidad continua de inversión pública y unos servicios potencialmente insostenibles”. Complementariamente podemos ver en el informe del Food&Water Watch, Enero 2009: “El fracaso de la privatización del agua en los Estados Unidos”, donde encontramos aumento de tarifa, deterioro del servicio, deterioro servicio al Cliente, pérdida de ganancias, corrupción, pérdida de puestos de trabajo y por ejemplo recoge como el financiamiento privado es más costoso que el financiamiento público debido a que el interés es más alto en bonos corporativos que en bonos municipales. Además, los bonos corporativos están sujetos a impuestos.
Pero no solamente los beneficios privados elevan la tarifa innecesariamente, también encontramos los cánones concesionales (importes que pagamos los ciudadanos a la Administración Pública titular del servicio para que un ente privado gestione un servicio público mediante unas infraestructuras públicas, queda claro que poco tiene que ver con brindar un servicio de calidad, más bien tiene que ver con una compra de voluntades políticas o utilizar el agua como un activo financiero). Pues bien, en agosto de 2011 la Relatora nos informaba que «los recursos recaudados mediante la aplicación de tarifas solamente pueden utilizarse para la explotación, el mantenimiento y la mejora o ampliación de los servicios de distribución de agua y saneamiento y no pueden destinarse a otros fines oficiales”, y en España encontramos ya algunas sentencias judiciales en contra de estos cánones. En este sentido pedimos a EUREAU que hable con sus socios privados y terminen con estas prácticas, por ejemplo los 1.000 M€ que pagamos a la Generalitat de Catalunya por la privatización de Aguas Ter Llobregat a Acciona o 700 M€ del Área Metropolitana de Barcelona a cambio de solucionar concesiones irregulares de Suez en más de 20 municipios.
El comunicado aún es más sorprendente cuando EUREAU afirma a su vez que “reconoce las difíciles circunstancia a las que se enfrentan muchos ciudadanos europeos y apoya las diferentes iniciativas para garantizar que el agua sea asequible a todos los consumidores”. No hace falta que le contemos a su socio español, AEAS, el crecimiento exponencial de los cortes de agua en España y la incapacidad del oligopolio del agua de Aqualia y Suez para garantizar su asequibilidad, sólo en la ciudad de Barcelona se produjeron 30.000 cortes de agua y en la ciudad de Málaga se abrieron casi 41.000 expedientes en 2013.
Por otro lado, echamos en falta que EUREAU no nos recuerde uno de los primeros éxitos que ya ha cosechado esta Iniciativa Ciudadana Europea, como fue la no inclusión del agua en la directiva europea de concesiones, tal y como querían sus socios privados. El propio comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier, admitió que había influido la primera propuesta ciudadana europea, y entendía “que los ciudadanos se enfaden y decepcionen cuando les dicen que sus servicios de agua pueden privatizarse contra su voluntad. Me sentiría igual si existiera este riesgo”. “Es nuestro deber tener en cuenta las preocupaciones expresadas por tantos ciudadanos”, añadió.
Y finalmente nos sorprende enormemente que nos pretendan hacer creer que el sector privado del agua esté de acuerdo con el Derecho humano al agua y al saneamiento. Desde el primero de los Foros Mundiales por el Agua organizados por el Consejo Mundial del Agua (otro espacio cooptado por las grandes corporaciones del agua) ha habido una oposición frontal por parte del sector privado a dicho reconocimiento. Sólo fue mediante las movilizaciones ciudadanas y los Foros alternativos que se consiguió que en Méjico 2006, 4 países (Uruguay, Venezuela, Bolivia y Cuba) firmasen una declaración complementaria donde sí reconocían el derecho humano al agua. En Turquía 2009, la sociedad civil conseguimos que fueran 25 los países que realizaron una declaración propia al respeto, y no fue hasta el Foro Mundial del Agua de Marsella 2012, una vez la Asamblea General de Naciones Unidas ya había aprobado el derecho humano al agua y al saneamiento que por primera vez se recogió en la Declaración ministerial oficial. Por mucho que el sector privado cambie ahora su discurso, pues no les queda otra, nunca serán creíbles, pues llevan décadas trabajando en su contra.
En lo único que estamos de acuerdo es en la necesidad y urgencia de tener un regulador fuerte, organismo que, por cierto, va claramente en contra de los principios de todo sector liberal. Si hablamos, complementariamente de rendición de cuentas y participación, creo que el sector privado tampoco tiene demasiado interés. La propia Relatora lo recogía así en 2013 “la prestación de servicios por operadores privados también puede resultar preocupante en lo que respecta a otros principios y normas importantes de derechos humanos, como los principios de participación y rendición de cuentas”.
Después de todo lo expuesto y de haber leído vuestro comunicado sólo nos queda hacer un llamamiento a todos los operadores públicos que forman parte de EUREAU y AEAS (y sus filiales regionales ASA y ASAC) a salir urgentemente de estos organismos pues difícilmente verán defendido el Interés General, o representadas sus funciones públicas y vocación de servicio, en definitiva sus valores, unos valores que si les acercaran a las persones, a la Iniciativa Ciudadana del Agua.
Entidades y plataformas ciudadanas que firman este comunicado
Asamblea Paz Fama Vistabella de Murcia; Coordinadora para la defensa del agua de Jerez formada por: Federación de Asociaciones de Vecinos, Facua, Ecologistas en Acción, CCOO, UGT, CGT, Ecologistas Tempul, ATTAC, Asociación de Vecinos El Portal, Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida, Foro Ciudadano, Trabajadores de Ajemsa, Trabajadores de IMESAPI, Trabajadores de la depuradora Guadalete, PDSA, Partido comunista de los pueblos de España, PCE, Asociación de vecinos “Palos Blancos”; Ecologistas en Acción; Federación española de Ingeniería Sin Fronteras; Marea azul del sur; Plataforma Aigua és Vida formada por: Agrupació Aus: Arquitectura i Sostenibilitat, Agrupament Escolta Sant Cugat de Salt, Assemblea 15M de Les Corts, Assemblea 15M de Sant Andreu de Palomar, Assemblea 15M de Sarrià – Sant Gervasi, Assemblea Social Guinardó-Can Baró, Associació de Veïns i Veïnes Sant Genís dels Agudells, Associació Veïnal Vila de Gràcia, Associació Salut i Agroecologia, Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona, Ateneu Rocaus, Ateneu Roig Cambrils, Attac – ACORDEM, Attac Catalunya, Badalona Indignada, Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya, Casal Independentista l’Ocell Negre, Col·lectiu Agudells, Col·lectiu per a la Defensa del Medi Ambient de Sant Andreu de la Barca, Col·lectiu RETS (Resposta a les Empreses Transnacionals), Comissions Obreres de Catalunya, Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya, Comitè d’empresa d’Aigües Ter – Llobregat, Comitè d’empresa de l’Agència Catalana de l’Aigua, Dempeus per la Salut Pública, Dia de la Terra, Ecologistes en Acció de Catalunya, Enginyeria Sense Frotneres Catalunya, Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, Gent del Ter, Grup de Defensa del Ter, Intersidindical Alternativa de Catalunya , Institució Altempordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura – Salvem l’Empordà, Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural, Plataforma del Ter, Plataforma d’Oposició als Transvasaments, Plataforma en Defensa de l’Ebre, Plataforma Prousal, TV3 i Catalunya Ràdio són teves, Unió de Consumidors de Catalunya, Unió General de Treballadors de Catalunya, Xarxa de Consum Solidari, Xarxa Nova Cultura de l’Aigua de Catalunya; Plataforma ciudadana APEMSA no se vende formada por: ANDAD, CCOO, Ecologistas en Acción, FLAVE, Foro Social y UGT; Red Agua Pública; y Red de agua Pública de Aragón formada por: CCOO, UGT de Aragón, Fnca, Ecodes, Ecologistas de Aragón, Unión de Consumidores de Aragón,Federación de Barrios, Marea Azul, Coagret y Ansar
Si tan seguros están de que la pobreza hídrica no existe en españa, porqué no piden a las empresas a las que representan que publiquen un listado actualizado de los cortes de suministro en el último año en cada uno de las ciudades españolas donde gestionan el servicio. Si como afirma AEAS, la mayoría de los cortes se deben a usarios morosos que no están en situación económica crítica o en riesgo de exclusión, no debería darles miedo la transparecia. Respecto a que los procedimiento de cortes de suministro son legales, es cuestionable, pues en el caso de incapacidad económica la mayoría de los reglamentos no lo prevén por lo que estarían vulnerado claramente el derecho humano al agua reconocido a nivel internacional. Si por garantistas entienden ustedes la vía ejecutiva, deberían planterse en qué situación dejan a una familia de 5 miembros, 4 de ellos en paro, que vive con la prestación o pensión de uno de ellos, con menores a su cargo, etc, a los que se le embarga la cuenta para el cobro de la deuda…
En Linanares, Jaén
La compañía privada, en la denominado «conflicto del agua» reconoce avisos de pago y de cortes, ya que “se enviaron 5.675 cartas de preaviso y 2.747 de corte de suministro”.
Hoy mismo…
La jueza imputa a Aquagest e investiga al director de Administración Local de Asturias y al presidente cántabro
¿qué no son la patronal? Entonces porque en las instituciones (por ejemplo en el consejo andaluz del agua) a la confederación de empresarios.
¿qué no hay pobreza hídrica en España? En solo dos municipios andaluces como Jerez o El Puerto de Santa María se ha registrado ya un aumento del 50% en los cortes de suministro o en las solicitudes de bonificación para poder pagar. Más de 4.000 personas de estos dos pueblos tienen problemas para abonar la factura, por lo que no parece lógico pensar que en toda España sean solo 14.000 personas. Y más si, como reconoció Àngel Simón, presidente de la empresa privada de aguas Agbar, en una entrevista en el Colegio de Ingenieros de Cataluña, cada mes registran unos 12.000 cortes a usuarios, entre los que se encuentran los de la capital onubense.
En Jerez, el número de personas que se declara incapaz de afrontar el pago del recibo del agua se ha disparado. Hasta 2.897 familias han solicitado al Ayuntamiento bonificaciones del 95% para poder costear la factura. Es un aumento del 52% con respecto a 2013, un repunte progresivo de los últimos años. Según los datos aportados por el Consistorio, unos 1.700 usuarios pidieron en 2013 ayudas económicas; en 2014, la cifra subió a 1.896; y para 2015, las familias que dependen de la Administración local para evitar un corte de suministro de agua aumentan en otro millar.
El gobierno municipal de Jerez privatizó la gestión del agua en abril de 2013 y trata de evitar una oleada de cortes en el suministro por impago como la que ya sufrió la ciudad sólo nueve meses después de externalizar el servicio. En 2014, Aqualia, en solo cuatro días, interrumpió el abastecimiento a más de 200 familias, fundamentalmente de la zona rural. La concesionaria justificaba los cortes aportando dos datos: durante ocho meses se habían renegociado impagos con 6.000 familias y 7.000, en torno al 10% del total, presentaba dificultades para abonar este bien básico.
ara la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo (PP), el notable aumento de personas sin capacidad para abonar el agua obedece a que la ciudadanía está “más informada” de las ayudas públicas que se le ofrecen. “Sinceramente creo que es porque hay una mejor información”, apuntó por dos veces la regidora de Jerez, una ciudad que soporta una tasa de paro superior al 40%.
En los últimos años el recibo también se ha encarecido. Desde que el gobierno local privatizó el agua, la factura ha subido casi un 8%, un 3,4% de incremento por la actualización al IPC en 2013, otro 0,3% por el mismo concepto en 2014 y un 4% más vinculado solo a la externalización y es que con la gestión indirecta se aplica al recibo el 10% del IVA en los servicios de depuración y alcantarillado, tasas que están exentas de este impuesto si la explotación es pública. Por el contrario, para 2015 se anuncia una bajada del 0,20 por el descenso del IPC. En El Puerto de Santa María, según los datos de la plataforma contra la privatización, en 2013 se efectuaron 21.000 avisos de cortes, unos 1.750 al mes dirigidos al 8% de los contadores contratados. El pasado año, la cifra de cortes de agua se elevó a 1.037 y en los primeros nueve meses de este año ya llegan casi a 1.200, según los datos del mismo grupo. De mantenerse esta media, el año cerrará con un aumento del 49% en interrupciones de suministro con respecto al 2013.
Vamos a engañar se dedican este lobby