Incertidumbre en los institutos públicos que acogerán las votaciones el 9-N

BARCELONA // Más de 1.300 locales acogerán este domingo las urnas para que los catalanes y las catalanas que quieran votar sobre la independencia puedan depositar su papeleta. Gran parte de estos serán institutos de educación secundaria de la red pública de la Generalitat, que se habilitarán como punto de participación. Las complicaciones surgidas tras las sucesivas suspensiones decretadas por el Tribunal Constitucional –primero de la ley de consultas, y esta semana de la consulta alternativa-, y el hecho de que la Generalitat no haya transmitido órdenes directas para evitar problemas legales, así como las advertencias expresadas por el Gobierno central de posibles consecuencias legales para los responsables de los centros, ha generado inquietud entre los directores de instituto. También ignoran si abrir los centros puede acarrearles alguna consecuencia no deseada. Este jueves, todos ellos recibieron una carta de la Delegada del Gobierno en Barcelona, María de los Llanos de Luna, recordándoles la «importancia» de cumplir las resoluciones del Alto Tribunal. “Estamos entrando en un terreno desconocido legalmente y en muchos aspectos”, expresa Santi Pubill, director del Instituto Josep Lladonosa de Lleida.

“Toda la información que me ha llegado ha sido siempre vía oral, nunca por escrito”, explica la directora de un centro de enseñanza secundaria de la comarca del Maresme que prefiere mantener el anonimato. “Recibí un correo electrónico del Servei Territorial del Maresme-Vallès –el órgano territorial del Departamento de Educación de la Generalitat- donde se me convocaba a una reunión”, cuenta. “En esa reunión se nos dijo que necesitábamos voluntarios”, añade. En este centro, el equipo directivo adoptó un papel secundario, y ninguno de sus miembros forman parte del equipo de voluntarios que se encargará de abrir el instituto el domingo, montar la infraestructura, etc., además de recibir a los equipos de voluntarios externos que integrarán las mesas de votación y gestionarán el proceso participativo. “Me consta que hay más centros en los que el equipo directivo se ha mantenido en un segundo plano”, afirma la directora, que remarca que “en ningún momento se presionó para que los voluntarios fueran del equipo directivo». «Eso hay que decirlo, porque el Gobierno va diciendo que los funcionarios hemos sido presionados y no ha sido así”, sentencia.

En el caso del Instituto Josep Lladonosa, el equipo de voluntarios del centro sí incorpora a parte de la dirección. “Hay gente del equipo directivo y otros que no”, puntualiza Pubill. Además de institutos públicos, también escuelas concertadas serán puntos de votación en ciudades grandes como Barcelona. Es el caso de la escuela Sant Felip Neri de la capital catalana. Su directora, Anna Regàs, afirma que cuando se les ofreció la posibilidad de abrir el centro para acoger las votaciones no se plantearon si ello podría acarrear consecuencias legales. “En el momento de la decisión lo valoramos entre el claustro y la gerencia y decidimos abrir el centro porque nos parecía que el proceso es democrático, al margen de independencia o no, porque las sensibilidades en la escuela son diversas”. Ella no es funcionaria, y la comunicación les llegó a través de la Asociación Escolar Catalana, que agrupa a varios centros concertados. Los diez voluntarios de la escuela Sant Felip Neri son personal docente del centro. “No tenemos miedo”, afirma Regàs al ser preguntada al respecto.

Pubill, en cambio, asegura que los mensajes del Gobierno de que los directores de los centros podrían tener que asumir responsabilidades han generado inquietud en algunos centros públicos: “Los directores somos los responsables del centro las 24 horas del día. Esperemos que todo vaya con corrección, con normalidad. Si esto después puede derivar hacia un problema hacia nosotros, no sé. Esperemos que no”. Entre los voluntarios, que se apuntaron antes de que el Gobierno recurriese la consulta alternativa, existe algún recelo, pero “nadie se ha dado de baja”, explica.

La gestión del espacio

Las preocupaciones de la responsable del instituto del Maresme van por otro lado: “Lo que me preocupa mucho es la gestión de la gente que vendrá a votar”. En un municipio de más de 100.000 habitantes, únicamente se han habilitado cinco institutos públicos como punto de votación. Por poco que haya una gran participación, tocan a unos cuantos miles para cada uno. “Aquí han tocado 28 mesas electorales, es una animalada”, lamenta. “Tendremos un montón de gente que se acumulará aquí, me da miedo que no se cuelen infiltrados con ganas de boicotear el acto”, afirma la directora, que asegura que no se les ha comunicado nada respecto a cómo se garantizará la seguridad durante la jornada. “En unas elecciones normales siempre tienes dos policías en la puerta, y se van turnando, ahora parece que no, que se dedicarán a dar vueltas por la población, pero como todo se ha hecho de esta manera…”, expresa.

En el centro del Maresme, que acoge también líneas de bachillerato artístico, suelen tener expuestos trabajos de los alumnos en la entrada, que han comenzado a retirar. “Tendremos que sacarlo todo, cerrar las puertas que dan a todos los despachos…”, apunta la directora, que critica que se les haya pasado “todo el marrón” a los institutos públicos. “Los concertados le dijeron a la consellera que ellos estaban para lo que fuera, y a la hora de la verdad, cerrados”, lamenta.

Santi Pubill explica que están muy atentos a las novedades que puedan irse produciendo en un contexto en el que no están claros los límites legales. “Estamos a la expectativa y seguimos las noticias al día, lo que tenemos claro como centro es que se actuará con sentido común”, señala.

Desconcierto en los Mossos

Entre el colectivo de los mossos d’esquadra también se ha generado cierta inquietud por el papel que les tocará desempeñar el domingo, según han denunciado esta semana varios sindicatos policiales. La primera orden que recibieron del Departamento de Interior les convocaba a trabajar el 9 de noviembre pero no entraba en más detalles, y ni siquiera nombraba la consulta. “Pasaban los días y la gente sólo sabía que iba a trabajar pero no sabía en qué”, asegura Toni Castejón, portavoz del Sindicato de Mossos d’Esquadra (SME). “Todo el mundo se imaginaba a qué íbamos, pero con todo lo que está pasando después de la decisión del TC y con Mas que dice que tira adelante, llega un punto en que se genera una presión”, añade.

“Parece ser que ayer por la tarde salió una orden de servicio, que supongo que tienen los mandos, que es un documento en el que te explican las funciones que se tienen que hacer y las que no”, explica Castejón. “Lo que haremos es ir a los lugares donde se debe votar, estar por ahí, no dentro ni cerca, sino a una distancia prudencial, y vigilar que todo vaya bien”. Se movilizarán cerca de 7.000 agentes, que deberán acatar órdenes de jueces y fiscalía si estas se producen. El escenario de tener que retirar urnas, mantiene Castejón, “sería un desastre absoluto”. “Esperemos no llegar de ninguna de las maneras, aunque si llega una orden del Ministerio Fiscal o de un juzgado no habrá más narices, no tenemos potestad discrecional aquí”, argumenta.

El portavoz del sindicato policial señala que muchos agentes están viviendo “con nervios” estos días previos ante la posibilidad de que finalmente tuvieran que intervenir en los colegios. “Se comenta la posibilidad de que tengamos que actuar de esta manera, y esto a nadie le hace gracia”, afirma. “Esperemos que sea un día de normalidad, nosotros no debemos tener ningún protagonismo, esto es un tema político y aquí no pintamos nada. Y el ministro metiéndonos por medio diciendo que ‘los Mossos actuarán’, no hace falta… Es más presión, y además no lo decidirá ni él, lo decidirá un juez. Pero es esta guerra entre los dos gobiernos…”, concluye.

El ministro de Justicia, Rafael Català, afirmó este jueves que si la Generalitat deja en manos de las entidades civiles la organización del 9-N, el Gobierno no hará nada para impedirlo. El Govern, sin embargo, ha asegurado que seguirá capitaneando el proceso, y por ejemplo mantiene activa la web que informa de la jornada. Si no se echase atrás, el Ejecutivo central volverá a “ejercer actuaciones en defensa del Estado de Derecho”, sentenció el ministro.