PER: las ayudas de la discordia

Artículo publicado en el número de octubre de La Marea, a la venta en quioscos y en nuestra tienda virtual

No hay derecho. Nuestro payés no puede recoger la fruta porque no hay dinero, mientras que en otros sitios de España, con lo que hacemos nosotros, reciben el PER para pasar toda la jornada en el bar de su pueblo”. Esta frase, que podría haber figurado en el guion de una secuela de Ocho apellidos vascos, es real. Josep Antoni Durán Lleida, portavoz de CiU en el Congreso, resumía así en 2011 la imagen tópica que muchos españoles aún tienen del PER, un plan de empleo rural que cumple 28 años y sobre el que sigue pesando una leyenda negra fuera de Andalucía y Extremadura. Un uso a veces partidista y políticamente interesado que ha contribuido a agrandar la brecha de incomprensión y rivalidad entre comunidades autónomas más que ninguna otra política económica en España.

¿Qué fundamentos tienen estas críticas, a las que se han abonado otros políticos de renombre como la ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre (en contra de la corriente principal de su partido, que en Andalucía ha aprobado junto con las demás fuerzas políticas el PER, y del propio Gobierno que lo mantiene en el presupuesto)? ¿Es el PER un sistema caro, que favorece el fraude y el clientelismo político, y que discrimina a otras comunidades autónomas? Susana Corzo, decana de la facultad de Ciencias Políticas y Sociología de Granada, afirma que el PER ha cumplido la función que se pretendía, desde su fundación en 1986, de mantener a la población rural estable en sus pueblos, con una ayuda del Gobierno que en la mayoría de los casos no llega a los 2.500 euros al año por persona. Corzo fue autora de una de las primeras tesis doctorales sobre el PER, publicada en 2002. La conclusión de su trabajo es que, al menos en aquellos años, las ayudas no se tradujeron en un aumento de votos recibidos por el PSOE en Andalucía y sí, curiosamente, se produjo una subida para Izquierda Unida. Corzo señala que hay ayudas estatales que pueden compararse o son incluso superiores a las que el Estado invierte en el PER, y cita las que se conceden a la automoción, “gran parte de la cuales han ido a parar a Cataluña”.

Lo cierto es que hay varios programas de ayudas públicas que en los últimos diez años han igualado o incluso superado en cuantía el desembolso anual en el PER y que no han sido objeto de tantas críticas. La Política Agraria Común (PAC) es la mayor política de ayudas de la UE. Absorbe el 40% de todo su presupuesto. De los 7.249 millones de euros que correspondieron a España en 2013, 2.000 millones fueron a Andalucía. De esa cantidad, 1.600 millones de euros se destinan a las ayudas directas a propietarios y empresas agrarias, que comprenden dos capítulos de ayudas: las subvenciones directas por hectáreas (sólo por tener tierras) y las ayudas al almacenamiento privado (un complejo sistema de apoyo al almacenamiento de los productos para influir en su precio).

Un total de 80 familias (algunas empresas entre ellas) percibieron en 2013 casi 100 millones de euros sólo por poseer muchas hectáreas, según denuncia el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT). Sólo unos 200 millones de euros se destinaron en 2013 a financiar ayudas para el desarrollo rural, únicas subvenciones que incentivan, entre otras políticas, la mejora de la calidad del empleo. La propia consejera andaluza de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras, reconoce que el sistema no le gusta, aunque admite que lo acepta como “demócrata” por haber sido aprobado en el seno de la Unión Europea. Sin embargo, ha propuesto al Gobierno que se penalice el 50% de la subvención a los que perciben más de 150.000 euros y que se aumente la dotación a los pequeños propietarios para que puedan cobrar como mínimo 300 euros al año, sea cual sea la cantidad de tierra que posean.

Frente a ello, el PER (hoy llamado PROFEA) supone un desembolso anual de unos 900 millones de euros, siempre que se sumen las cantidades destinadas al plan de empleo propiamente dicho y las que se desembolsan en los subsidios y en la renta agraria. Estas ayudas son las prestaciones que perciben todos los jornaleros que hayan sumado 35 peonadas anuales. La medida en origen hacía referencia a la superficie de tierra que una persona era capaz de trabajar en un día. Hoy corresponde a 7 horas y 45 minutos de trabajo en el campo. Si el jornalero no llega a esas 35 jornadas, puede complementarlas con trabajos que ofrece el Ayuntamiento.

Pero la PAC no es la única ayuda pública que supera la cuantía del PER, y sin necesidad de recurrir a la UE. Los planes de reconversión del sector del carbón, que afectaron sobre todo a las comunidades de Asturias y Castilla y León, también son mayores. Entre 1990 y 2012, el Estado había invertido 24.000 millones de euros enlos sucesivos planes de ayudas, con una media anual de más de 1.000 millones de euros de los contribuyentes. No le anda a la zaga el sector de la automoción, sector que ha recibido cuantiosas ayudas públicas también a través de sucesivos planes bien conocidos por los conductores españoles: PIVE; PREVER… En la última década el sector ha recibido más de 7.000 millones.

Los aproximadamente 700 millones de euros que le cuesta al Estado el pago de los subsidios y de la renta agraria en Andalucía (el pago directo de las peonadas que el Estado concede a los ayuntamientos sólo supone 200 millones de euros) representan un 2% del gasto nacional en prestaciones por desempleo del régimen general de la Seguridad Social, es decir, del paro común.

Elena Víboras considera que el PER “forma parte del ADN de nuestra comunidad”, y rechaza tajantemente la «demonización” que sufre en muchos sectores políticos y sociales, especialmente fuera de Andalucía. Para ella, frases como la de Duran i Lleida, son “despreciables, durísimas e inmerecidas” por quienes “han estado cotizando a la Seguridad Social, como en cualquier otro régimen”, afirma. La Consejera andaluza esgrime las cuentas: “Dos millones de jornales a 600 euros al mes, ¿es para demonizarlo?”. Víboras defiende que a cambio de una cantidad “asumible”, los beneficios sociales del PER son enormes. “Los 772 pueblos de Andalucía cuentan hoy con numerosas instalaciones financiadas con los jornales del PER: centros sociales, de salud, polideportivos…”, argumenta. “Y ha favorecido también la cooperación entre Administraciones, porque las obras que los alcaldes destinan a sus pueblos se financian directamente con el PER e, indirectamente, a través de material y maquinaria, por las diputaciones y ayuntamientos”. Para Víboras, el sistema del PER ha resultado un éxito para mantener a la población rural en sus localidades, evitando el éxodo a las ciudades, algo esencial, en su opinión, ya que el empleo rural “supone el 10% del de toda la comunidad, y el 13% del PIB”. Y pone como ejemplo de lo que habría ocurrido en Andalucía sin el PER a la Comunidad de Castilla y León, “despoblada en las áreas rurales».

Los jornaleros prefieren trabajar

Quien piense que los jornaleros andaluces viven “en el bar del pueblo” para cobrar el PER se llevaría una sorpresa si visitase a los que trabajan en la explotación agraria Nectasevilla, en Brenes (Sevilla). Ellos, como la mayoría de los jornaleros andaluces, no acuden a su ayuntamiento para que les ayude asignándoles trabajo extra, porque acumulan las horas que necesitan para recibir el PER en esta finca sevillana. Algunos, como Manolo,se quejan de que en ocasiones pierden parte del subsidio porque acumulan más horas de las que el sistema les permite para obtener la cuantía máxima. Y eso a pesar de que, debido a la estacionalidad del trabajo en el campo, siempre están obligados a parar parte del año. “Cuando me paso de 50 peonadas, me quitan 150 euros cada seis meses” (de prestación), dice Marcelo, el “manijero” (capataz) del grupo de unas seis personas que en ese momento realiza labores de poda en los melocotoneros de Nectasevilla.

Francisco Arroyo, el empresario que dirige esta finca, es uno de los eslabones intermedios de la cadena, un pequeño agricultor que se empeña en hacer de unas cuantas hectáreas de melocotones una empresa productiva y exportadora. Arroyo, que no recibe ayudas “de nadie”, es crítico con el sistema tanto de las ayudas de la PAC como de las del PER tal y como están planteadas. En el otro extremo, los jornaleros que trabajan para él temen acumular demasiadas horas por miedo a perder parte de las prestaciones. “La PAC debería estar enfocada en función de las peonadas de cada cultivo”, señala Arroyo, lo que en su opinión acabaría con la asfixia de los agricultores que verdaderamente quieren explotar las tierras, dan de alta a los jornaleros y sufren en solitario los costes de su empresa y la entrada en la UE de productos producidos a más bajo coste en otros países.

El alcalde de Brenes, Manuel Moreno, del PSOE, no duda en subirse a su coche y mostrar, una por una, todas las cosas que ha podido hacer en el pueblo gracias al dinero que el Gobierno le traspasa para destinarlo a trabajos en obras. Tras la ventanilla del vehículo desfilan un polideportivo con piscina y con tartana olímpica que incluye incluso la zona de lanzamientos de peso. También un centro de atención a discapacitados, un parque público e incluso los asfaltados nuevos de calles que compara con los que todavía están sin ejecutar. En una de estas últimas, una vecina le increpa cariñosamente: “¿Y ésta para cuándo? Como me caiga, al Ayuntamiento le va a faltar dinero para pagarme”. “El día 1 empezamos”, le contesta Moreno.

“El PER es una bendición para el pueblo”, dice el alcalde. Su Ayuntamiento pudo dar el año pasado 16.478 peonadas, que se tradujeron en trabajo para 824 personas durante 20 días. “Con unas 300 personas trabajando podemos hacer 200 obras en las calles”, dice. El alcalde se siente obligado a justificar su honestidad en el reparto, consciente de que el fraude es otro de los acicates que lastra el prestigio del PER. “Aquí no elegimos a nadie para darle las peonadas”, afirma. “Pedimos la lista de beneficiarios a la oficina del INEM, que escojan ellos”, asegura.
Franco, en los orígenes del PER

Diego Cañamero, del Sindicato de Obreros del Campo (SOC) y del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), es uno de los líderes de los movimientos jornaleros que desde finales del siglo XX ocupan fincas baldías o con baja explotación. Cañamero sitúa el antecedente del PER en el miedo de Franco al estallido de una revuelta social en el campo andaluz. El dictador sacó en 1971 la Ley de Empleo Comunitario, que otorgaba a los gobernadores civiles unas cantidades para ayudar a los campesinos, partidas que se consignaban en el presupuesto bajo el epígrafe de mantenimiento del orden público. Eso mismo, dice Cañamero, pensó el PSOE de Felipe González cuando tras el regreso de los emigrantes españoles de Europa, se generó una población desempleada estable de un millón de personas en el campo andaluz. Es en esa época cuando proliferan las ocupaciones de fincas en Andalucía y cuando sale adelante el PER, según Cañamero, “para quitar a los líderes jornaleros el control de unas ayudas que hasta entonces se repartían en las plazas de los pueblos”.