La búsqueda de hidrocarburos, una amenaza de norte a sur

BRUSELAS // Palabras como “fracking” o expresiones como “prospección petrolera” han entrado de lleno en el vocabulario desde la aparición de cientos de terremotos en las costas de Tarragona y Castellón por la actividad de Castor o por la insistencia de empresas y Gobierno por explorar la costa canaria en busca de petróleo. Son conceptos que suenan a peligro, pero de los que poco se sabe. La respuesta contra estas técnicas, a pesar del desconocimiento, es fruto principalmente del trabajo de movilización social que están haciendo las plataformas y asociaciones que luchan en los territorios contra el fracking y las prospecciones.

La mayoría de estas plataformas participaron esta semana en unas jornadas en el Parlamento Europeo organizadas por el grupo de la Izquierda Plural con el objetivo de intensificar y coordinar las acciones contra el fracking. En esta cita, colectivos de todo el Estado explicaron su experiencia y los peligros que el fracking y las prospecciones suponen para todas las regiones del país.

Esta es la situación por zonas que dibujaron durante sus intervenciones:

Prospecciones en Canarias, una lucha por el derecho a decidir

El conflicto que la sociedad canaria está manteniendo con el Gobierno central y con la empresa Repsol es uno de los más mediáticos de los últimos tiempos. Uno de los motivos de este conflicto proviene del órdago que lanzó el presidente de la comunidad autónoma, Paulino Rivero, al convocar una consulta popular sobre las prospecciones y de la respuesta negativa del PP a esta propuesta.

Para el Movimiento ciudadano no petroleras, sí renovables, la posición del ejecutivo regional responde a la presión ciudadana que se viene realizando. “Los partidos del Gobierno se posicionan ahora en contra de las prospecciones rotundamente, pero en un principio no era una posición tan clara, sólo el empuje social ha provocado esto”, argumentó su representante durante las jornadas.

Desde esta plataforma, que actúa en Fuerteventura y Lanzarote, ponen el foco en el peligro que supondría una fuga de petróleo para su supervivencia, tanto en el sentido económico como en el ecológico. Tal y como explicó su portavoz, en estas islas el 80% de sus recursos proceden del turismo, por lo que un desastre ecológico los dejaría sin alternativas. Más preocupante sería lo que podría ocurrir con su agua potable, que depende casi exclusivamente de la desalinización del agua de mar, por lo que “si hubiera un derrame, y Repsol reconoce esta posibilidad, tendríamos agua sólo para dos días y el problema no se podría solucionar hasta pasados tres meses”.

En las islas de Tenerife y Gran Canaria actúa la Coordinadora canaria contra las prospecciones, cuya representante apeló a otra cuestión importante para la zona: la presencia de fuerzas militares. “La militarización de Canarias es ya denunciable, pero desde el momento que inicien las prospecciones las islas se convertirán en un objetivo de ataque en caso de conflicto y un punto caliente de defensa”, aseguró.

El Mediterráneo, en peligro desde la Costa de Sol hasta Cataluña

Uno de los casos más sonados en los últimos tiempos ha sido el del proyecto Castor, un depósito de gas natural situado en un antiguo yacimiento de petróleo en las aguas de Castellón. Cuando la empresa Escal UGS (propiedad de ACS, la constructora de Florentino Pérez) empezó a extraer el gas, comenzaron a tener lugar cientos de terremotos en la costa.

La alarma no es injustificada, ya que como recordó Hortènsia Grau, diputada de ICV en el Parlament de Catalunya, en la zona existen dos centrales nucleares que elevan el riesgo de catástrofe. “Queremos que haya un estudio global y se observen todas las consecuencias que la búsqueda de hidrocarburos puede generar, ya que después de Castor sabemos que hay fallas comunicadas que llegan incluso hasta la central de Vandellós”, aseguró Grau.

Pero los peligros no quedan aquí. “No queda un palmo del Mediterráneo que esté libre de prospecciones o con una potencial”, advertía el portavoz de CST i Alba Sud Fracking Prospecciones. Frente a esta situación, tampoco queda una región sin un colectivo que defienda su ecosistema: Columbretes Netes, Balears diu No, Alianza Mar Blava o el Movimiento ciudadano contra las prospecciones Costa del Sol, son algunos de ellos. En el caso balear, el movimiento ciudadano ha conseguido que se produzca un rechazo generalizado de toda la sociedad, y que partidos políticos, sindicatos y patronal se muestren contrarios a las prospecciones petrolíferas por el riesgo que suponen para el turismo de la zona.

“En la Costa del Sol también hay muchos empresarios del turismo que se oponen a las prospecciones, pero no porque busquen un modelo que respete el medio ambiente, sino porque quieren asegurarse una indemnización en caso de desastre”, explicaron desde el movimiento ciudadano de la Costa de Sol tras recordar que el proyecto Siroco que Repsol tiene a solo nueve kilómetros de la costa de Mijas puede suponer un gran problema para los miles de puestos de trabajo que la hostelería genera en su provincia. Desde la plataforma andaluza apuntan también al peligro sísmico que las prospecciones podrían generar en Málaga y Granada, la zona con más actividad sísmica del país.

La cuenca Cantábrica, cuando el turismo no es un argumento

A principios del mes de octubre el BOE publicó la doble solicitud que Repsol había realizado para comenzar la búsqueda de petróleo frente a las costas de Vizcaya, una propuesta que el gobierno del PNV ha acogido de buena manera en una primera instancia. La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, calificó las prospecciones como una “oportunidad” para mejorar la situación de dependencia energética en la que se encuentra Euskadi.

“En el País Vasco el turismo no es tan importante –explica el representante de Fracking Ez Araba- por lo que tenemos que tener cuidado con este argumento, ya que las prospecciones podrían ir de aquí para allá dependiendo del turismo”.

En Asturias también han existido intentos de buscar petróleo en sus aguas en las prospecciones Ballena I, II, III, IV y V, al igual que proyectos de factura hidráulica en su interior, una situación que también se ha repetido en Cantabria y País Vasco.

La fractura hidráulica, el peligro llega al interior

Durante mucho tiempo los riesgos por la búsqueda de hidrocarburos se concentraron en las costas, pero la fractura hidráulica (fracking), ha puesto en jaque también el interior del país. Esta técnica consiste en extraer el gas que contienen las rocas del subsuelo a través de la inyección de un compuesto de agua, arena y aditivos químicos que las rompe y libera el material energético. Sus defensores argumentan que de esta forma se pueden acceder a recursos que antes eran imposibles, pero sus detractores aseguran que existen grandes posibilidades de que los compuestos químicos se filtren por los diferentes estratos de la tierra y acaben contaminando los acuíferos.

“En Murcia estamos en una región semiárida, el agua es un bien de alto valor y el fracking no hace más que ponerla en peligro”, asegura el representante de Cuenca del Segura libre de Fracking. La fractura hidráulica no solo entraña el peligro de la contaminación de las aguas murcianas, sino que también, al igual que ocurre con las prospecciones en la Costa del Sol, existe el riesgo de provocar movimientos sísmicos en una región que ha sufrido terremotos recientemente.

Uno de los colectivos más afectados por el fracking son los agricultores. “La fractura hidráulica entra en contradicción con la agricultora sostenible y ecológica y contamina el agua con la que regamos”, explica Joan Montesó, de la Unió de pagesos. “Es una nueva agresión al espacio agrario. La tranquilidad y el modo de actuar que ahora tenemos se acabaría con el fracking porque tendrían que construirse nuevas carreteras, puentes, se tendría que desviar el tráfico y otras acciones que nos dificultarían llegar hasta nuestras explotaciones”, explica el representante de los agricultores catalanes.

En Andalucía la presión popular ha permitido que 27 municipios, una mancomunidad y tres diputaciones se hayan convertido en “zonas libres de fracking”. El portavoz de la plataforma contra el fracking de Sevilla remarcó la importancia de acciones como ésta, ya que, según explicó, las empresas que actúan en Andalucía en este sector “no son muy fuertes en su capitalización, por lo que ante cualquier problema como protestas o leyes que pidan más sistemas de seguridad se van a echar atrás”.

En la actualidad el fracking actúa en una especie de vacío legal en ciertos aspectos, ya que la mayoría de normas ambientales de la Comisión uropea son previas a su invención. Samuel Martín, responsable internacional de Ecologistas en Acción, apuesta por cubrir este vacío, legislar y retrasar su implantación para que de tiempo a que “se pinche la burbuja del fracking en EEUU antes de que se asiente a gran escala en Europa”.

Reivindicaciones en común

Las lógicas diferencias entre las distintas experiencias no esconden la lucha en común que mantienen todas las plataformas. Como explicó el portavoz de la Xarxa per la Sobirania Energética la batalla que estos colectivos mantienen contra el fracking y las prospecciones, “no es contra unas técnicas en concreto, sino contra un modelo extractivista que pone en peligro el medio ambiente”. El ejemplo más claro es el de los activistas riojanos, que aprovechando que en su comunidad se prohibió por ley el fracking, dieron un paso más allá en sus reivindicaciones y comenzaron a trabajar por un cambio de modelo energético en la región.

A pesar de la independencia que las plataformas han mantenido entre ellas, no ha faltado a lo largo del tiempo una solidaridad que desde la Plataforma Antifracking Comarcas de Castellón plasmaron en su lema “si nos perforan a uno nos perforan a todos”. Como se dijo en repetidas ocasiones en los días del encuentro en Bruselas, “los ecosistemas no tienen fronteras”, un problema en Aragón llega hasta el Mediterráneo a través del Ebro y un escape de petróleo en el Mediterráneo es un vertido que amenaza a media Europa. Coordinar la defensa de todos espacios, a nivel estatal y europeo, es el siguiente reto.