Familiares de fusilados se oponen a la exhumación de una fosa

Paco Pimentel, 70 años, lleva desde 2006 investigando, trabajando e intentando desterrar el miedo entre los vecinos de Ronda (Málaga) para recuperar los restos de su abuelo y 1.700 fusilados más en el pueblo, según ha podido documentar. El pasado agosto, la asociación de familiares concluyó las labores de localización de fosas en el cementerio, para cuyos trabajos recibió una subvención de 6.000 euros por parte de la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía. Ahora, este departamento acaba de iniciar los trámites administrativos para comenzar la exhumación de la primera fosa, donde se calcula que puede haber un centenar de personas como mínimo, pero Paco y los demás familiares, tras años esperando este momento, se oponen a esta intervención. Denuncian que la Administración está actuando al margen de ellos y sin su consentimiento. “No tocarán la fosa. No la tocarán sin un plan sensato que permita una exhumación completa y no una foto de políticos con un boquete abierto. No queremos que con nuestros muertos se haga política ni negocio. Tantos años esperando esto, toda una vida luchando, llorando y resulta increíble que ahora nos veamos en la tesitura de tener que oponernos”, dice rotundo Pimentel, que tiene muy presentes los paseos con su abuela en el cementerio, cuando era niño, en busca de su abuelo, Frasquito el bueno, zapatero fusilado el 14 de marzo de 1937.

La Dirección General de Memoria Democrática tiene previsto destinar a este trabajo inicial de exhumación 17.000 euros y asegura que ha ofrecido la máxima colaboración a la asociación. Fuentes del departamento dirigido por IU explican que han intentado hacerles entender que la nueva política de memoria es pública, es decir, es la Administración la que tiene que asumir las exhumaciones: “Somos la única administración pública, junto con algún ayuntamiento y diputación, que está haciendo una política de memoria de acuerdo a las recomendaciones del relator de la ONU y asumiendo un papel que corresponde al Estado. Esta asociación, que tiene todo el derecho del mundo a manifestar su desacuerdo, no asume esta política”, añaden.

La asociación, sin embargo, asegura que acepta y aplaude que sea el Estado el responsable, lo que no comparte es que “quieran restar protagonismo” e incluso “marginar” a las familias en un proceso que han liderado hasta el momento. “Tras las catas, pedimos una subvención en 2013 para iniciar la exhumación y nos la denegaron porque no había dinero. En una asamblea de IU nos informaron de sus intenciones y les mostramos nuestro rechazo, luego nos mandaron una carta y ahora nos enteramos por casualidad de que han publicado en el Boletín Oficial de la Junta un anuncio con el inicio de la exhumación por su cuenta y riesgo. ¿Por qué para actuar ellos sí hay dinero y para hacerlo nosotros no? Con ese dinero, además, es una chapuza lo que quieren hacer. ¿Y luego qué? ¿Y las pruebas de ADN? ¿Dónde se guardan los huesos?”, se pregunta Pimentel indignado. Las exhumaciones de fosas grandes o complicadas, generalmente, llevan años de trabajo.

Ofrenda floral que la asociación realiza cada año en el cementerio de Ronda

La Dirección de Memoria afirma que ese dinero servirá sólo para una primera fase e insiste en que con la nueva política no concederá subvenciones a asociaciones privadas. Según explica, es la Administración, a través de un comité técnico -compuesto actualmente por el director general de memoria, un funcionario de esa dirección, dos representantes de asociaciones y un miembro de la Consejería de Justicia-, la que decide dónde intervenir según varios criterios. En primer lugar, el de urgencia. Por ejemplo, en el caso de un cementerio que vaya a ser desmantelado. Y, en segundo lugar, en función de la situación técnica del proceso. Es decir, se actuará antes en fosas donde las catas estén ya realizadas y se haya formulado la correspondiente denuncia al juzgado que en enterramientos aún sin tocar. En el caso de Ronda, la intervención fue propuesta en una reunión del comité el pasado 12 de marzo, según las actas publicadas en la página web de la Dirección.

En este conflicto, los familiares, de momento, tienen de su parte al Ayuntamiento, gobernado por PP y Partido Andalucista, que no ve nada claro conceder el permiso a la Junta sin el apoyo de los familiares. Según el consistorio, “un tema tan delicado” no puede llevarse a cabo sin ellos. De todas formas, aseguran que la Junta aún tiene que completar la documentación enviada para conceder o no la autorización. Los familiares presentarán alegaciones.

No es la única asociación que muestra su enfado ante esta nueva política de la Dirección de Memoria Democrática, que se verá refrendada en la ley de memoria que está preparando. Tras la publicación del anteproyecto, varios colectivos memorialistas denunciaron que la Administración se arroga la potestad de las exhumaciones pero apartándolos y, lo que ven mucho más grave, incluso pueden ser sancionados si deciden asumir la exhumación ellos mismos, de forma privada, como ha ocurrido en muchos casos hasta ahora, entre otras razones, porque la Administración en general o no ha tenido dinero o sencillamente no los ha escuchado.