El Senado aprueba la ley de propiedad intelectual pese al rechazo del sector

MADRID // El pleno del Senado dio este miércoles el visto bueno al proyecto de ley de propiedad intelectual, la conocida como Ley Lassalle, con el sector cultural en contra porque, a su juicio, llevará a la “industria creativa a su destrucción”. La ley toma el nombre del secretario de Estado de Cultura y principal impulsor de la reforma, José María Lassalle.

El Partido Popular hizo valer su mayoría en el Senado para sacar adelante esta ley que en uno de sus artículos más polémicos establece una tasa por el uso privado de las obras: “La reproducción de obras divulgadas en forma de libros o publicaciones que a estos efectos se asimilen reglamentariamente, así como de fonogramas, videogramas o de otros soportes sonoros, visuales o audiovisuales, realizada mediante aparatos o instrumentos técnicos no tipográficos, exclusivamente para uso privado, no profesional ni empresarial, sin fines directa ni indirectamente comerciales, de conformidad con los apartados 2 y 3 del artículo 31, originará una compensación equitativa y única para cada una de las tres modalidades de reproducción mencionadas. Dicha compensación, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, estará dirigida a compensar los derechos de propiedad intelectual que se dejaran de percibir por razón del límite legal de copia privada”.

Este artículo 25 sobre la “Compensación equitativa por copia privada” es el que más preocupa al sector cultural, que teme que puede ser “el final de la cultura”, tal y como denuncian en un comunicado sobre la Ley Lassalle. “De aprobarse en su redacción actual, cercenará gran parte de nuestro potencial, forzará una injusta reducción de la renta de artistas, autores, editores y productores, seguirá destruyendo empleo en un sector que perdió 25.000 puestos de trabajo sólo en 2013, y castigará nuestra expansión cultural en el exterior al romper los acuerdos de reciprocidad con los creadores de todo el mundo, cuyos derechos estarán peor protegidos en España”, afirman en un comunicado.

A su juicio, la Ley establece una regulación de la copia privada “arbitraria e injusta” y es “contraria al modelo promovido por la Unión Europea, que ahora pagan todos los ciudadanos españoles con sus impuestos, vía Presupuestos Generales del Estado, y sólo favorece a los fabricantes de teléfonos, tabletas y reproductores multimedia”. Lo que ha supuesto el rechazo de la mayoría de los representantes de la cultura, desde la actriz Pilar Bardem al productor Enrique Cerezo, o el músico Luis Cobos, por poner sólo tres ejemplos.

Los representantes del sector cultural también ha denunciado que la ley no aporta ninguna solución eficaz al problema de la piratería, lo que impedirá la creación de 27.000 empleos y el ingreso en las arcas públicas de más de quinientos millones de euros. El actor Pepe Viyuela aprovechó la protesta para criticar al Gobierno y la subida del IVA que ha supuesto “una sangría de espectadores”. En este sentido, puso el ejemplo de Holanda. “Allí se pagaba el IVA del 6% y alguien tuvo la idea de subirlo al 21%. En cuatro meses se rectificó, pero la la sabiduría parece ser un privilegio únicamente holandés”.

El Gobierno, por su parte, asegura que la ley es un instrumento más para luchar contra la piratería en Internet. Además, destaca que servirá para asegurar una mayor transparencia y eficacia de las actuales entidades de gestión de los derechos como la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

La tasa ‘Google’

El otro punto polémico es el artículo 32.2. En él se ponen las bases para penalizar las webs que se dedican a agragar contenidos, es decir, un canon a la propiedad intelectual de las propias páginas web.

El artículo dice: «La puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos de fragmentos no significativos de contenidos, divulgados en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento, no requerirá autorización, sin perjuicio del derecho del editor o, en su caso, de otros titulares de derechos a percibir una compensación equitativa. Este derecho será irrenunciable y se hará efectivo a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual. En cualquier caso, la puesta a disposición del público por terceros de cualquier imagen, obra fotográfica o mera fotografía divulgada en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica estará sujeta a autorización«.

Y continúa: «Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios que faciliten instrumentos de búsqueda de palabras aisladas incluidas en los contenidos referidos en el párrafo anterior no estará sujeta a autorización ni compensación equitativa siempre que tal puesta a disposición del público se produzca sin finalidad comercial propia y se realice estrictamente circunscrita a lo imprescindible para ofrecer resultados de búsqueda en respuesta a consultas previamente formuladas por un usuario al buscador y siempre que la puesta a disposición del público incluya un enlace a la página de origen de los contenidos«.

Así, los agregadores de contenidos de Internet, entre los que estarían incluidos Google News, Menéame u otras redes sociales, según la norma podrán incluir esos fragmentos no significativos de contenidos de otras webs o de publicaciones sin autorización, pero los que generen esos contenidos tendrán derecho a una compensación equitativa.

Al conocerse este articulado, Google News ha amenazado con cerrar en España, según adelantan desde 20 Minutos. Según un estudio reciente de la consultora Analistas Financieros Internacionales (AFI) para la Coalición Pro Internet, la aplicación de la tasa Google o Canon Aede tendría un impacto de 1.133 millones de euros y provocaría la desaparición de los agregadores, o al menos de gran parte de ellos.