Ayuntamientos del PSOE usan la reforma local del PP para aprobar presupuestos

La nueva ley de reforma local, recurrida en el Tribunal Constitucional por el PSOE, se ha convertido paradójicamente en la llave de algunos ayuntamientos socialistas para aprobar sus presupuestos de manera cómoda. Es el caso, por ejemplo, de Alcalá de Guadaíra y Morón de la Frontera. Ambas localidades sevillanas, de 73.675 habitantes y 28.390, respectivamente, se han acogido a una disposición de la ley que permite aprobar las cuentas sin necesidad del acuerdo del Pleno. «Excepcionalmente, cuando el Pleno de la Corporación Local no alcanzara, en una primera votación, la mayoría necesaria para la adopción de acuerdos prevista en esta Ley, la Junta de Gobierno Local tendrá competencia para aprobar el presupuesto del ejercicio inmediato siguiente, siempre que previamente exista un presupuesto prorrogado», reza la disposición decimosexta, aplicada y recurrida a la vez por los dos consistorios en la demanda presentada junto a casi 3.000 ayuntamientos de toda España, admitida el pasado septiembre por el Constitucional.

Solicitado por los propios ayuntamientos, el Consejo de Estado emitió un dictamen en el que considera que otorgar la capacidad de aprobar las cuentas municipales a la Junta de Gobierno Local, que es un órgano compuesto por el alcalde y varios concejales nombrados por este, va contra la representatividad democrática del Pleno: «Se pretende que determinadas decisiones municipales sean adoptadas por un órgano que -como señala la sentencia del Tribunal Constitucional núm. 161/2013 de 26 de septiembre- no se integra de conformidad con los principios de representatividad y proporcionalidad del Pleno«, dice el Consejo de Estado.

Con los presupuestos prorrogados desde 2012, los ayuntamientos socialistas que han aplicado esta disposición alegan que, ante el «bloqueo» de la oposición, no han tenido más remedio que hacerlo -a pesar de que no es de obligado cumplimiento, sino una opción que da la ley- por la situación de inestabilidad financiera que genera la ausencia de presupuestos. «Prima tener presupuestos porque si no, nos llevaría a una parálisis financiera», explican desde el equipo de comunicación del alcalde de Alcalá, el también senador socialista Antonio Gutiérrez Limones, que gobierna en minoría. El argumento es similar al que el Gobierno central dio para justificar la introducción de esta disposición: una vía para solucionar los problemas de gobernabilidad en determinados ayuntamientos a la hora de aprobar los planes de ajustes. Pero según el Consejo de Estado, tampoco esto es una razón suficiente para romper el principio democrático del Pleno: «El voto contrario de la mayoría de los miembros del pleno no es -como dice el preámbulo [de la ley]- una situación de interferencia de la situación política en el funcionamiento financiero de los municipios afectados, sino una cabal manifestación de la voluntad de los vecinos del municipio expresada a través de sus representantes libremente elegidos«.

Los mismos ayuntamientos de Alcalá y Morón suscribieron en el recurso conjunto con el resto de consistorios que esa disposición en concreto que ahora aplican vulnera el principio democrático y el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos reconocidos en la Constitución, sencillamente porque excluye al Pleno. Además, alegaron que se produce una lesión de la autonomía local garantizada en el artículo 140 de la Constitución, «que incluye la opción constitucional por una administración democrática».

Incluso el Gobierno, tan aferrado a su reforma, tiene planeado derogar esta disposición adicional «próximamente» atendiendo a las recomendaciones del Consejo de Estado, según ha confirmado el Ministerio de Hacienda a este periódico.

Denuncia de IU

En el caso de Alcalá de Guadaíra, Izquierda Unida ha denunciado en los tribunales a los miembros de la Junta de Gobierno Local por entender, además, que se ha aplicado de forma incorrecta: «La posibilidad de aprobación de los presupuestos municipales sólo sería admisible para el ejercicio inmediato siguiente. No para el año 2014 en curso, sino para el año 2015», sostiene el gabinete jurídico de IU, que considera que puede haberse producido un posible delito de prevaricación. Según el portavoz municipal de IU, Alberto Miranda, el alcalde no ha querido negociar ni dialogar las enmiendas. «No queremos bloquear nada. De hecho, en los últimos presupuestos aprobados, los de 2012, votamos a favor porque se negociaron e incluyeron varias enmiendas, entre ellas, una partida para los trabajadores afectados por el ERE de Roca», afirma Miranda.

Desde el Partido Andalucista, su portavoz, Lola Aquino, critica que el alcalde haya aprobado los presupuestos «por la puerta de atrás». «No se puede estar en contra de una ley y luego aplicarla cuando te conviene», afirma. El PP estudia recurrir las cuentas, pero no por la fórmula elegida para sacarlas adelante, sino por su contenido, según explicó a este periódico la portavoz municipal, María del Carmen Rodríguez. Un grupo de vecinos, agrupados bajo el nombre Andaluces de Alcalá, presentaron en un primer momento alegaciones al Ayuntamiento, que no fueron tenidas en cuenta, y ahora están estudiando también el recurso judicial por considerar que se han aprobado de forma ilegal, según confirma uno de sus miembros, el abogado Luis Ocaña. Este periódico intentó contactar varias veces, sin éxito, con el alcalde.

En Morón de la Frontera, la oposición también rechaza la fórmula empleada para aprobar las cuentas municipales. El portavoz de Asamblea Moronera Alternativa (AMA), Isidoro Albarreal, que presentó alegaciones, denuncia la «postura antidemocrática» del PSOE local y su incoherencia al aplicar una ley que ha recurrido no sólo el PSOE y la Junta de Andalucía, sino el propio Ayuntamiento: «Por un lado se defiende que un artículo es anticonstitucional y por otro se usa para pisotear el Pleno«, concluye indignado Albarreal. El argumento del PSOE local para justificar la contradicción en la que ha incurrido es que ha hecho lo mejor para el pueblo.

Otros ayuntamientos socialistas como el de Ourense también han decidido aplicar la ley de reforma local para que le salgan las cuentas.