El Govern avanza que mantiene la convocatoria de la consulta

BARCELONA // “Puedo avanzar que se ha acordado mantener la convocatoria de la consulta con la voluntad de que la ciudadanía pueda participar y ejercer el derecho a voto el 9 de noviembre, reclamar al Tribunal Constitucional que levante la suspensión de la ley y el decreto, e informar de que se hará un análisis exhaustivo de cómo garantizar en las mejores condiciones la convocatoria del 9-N”. Esta ha sido la escueta declaración efectuada por el portavoz del Govern, Francesc Homs, sobre la cumbre que mantienen en el Palau de la Generalitat las fuerzas favorables a la consulta: CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP. Ante una gran expectación por el resultado de una reunión de la cual no ha habido filtraciones, Homs ha anunciado que el encuentro continuará este viernes por la tarde y podría alargarse durante el fin de semana.

Los líderes de las fuerzas políticas catalanas que impulsan la consulta soberanista están analizando los pasos a tomar después de la suspensión de la ley de consultas y el decreto de convocatoria del 9-N por parte del Tribunal Constitucional (TC). A la reunión han asistido dos miembros de cada partido, además del president de la Generalitat, Artur Mas; la vicepresidenta, Joana Ortega; y el portavoz del Govern, Francesc Homs.

Mas los ha convocado para acordar una estrategia conjunta, tal como avanzo que haría si se concretaba la suspensión. Entre el bloque soberanista han surgido las discrepancias esta semana después de que el Govern suspendiera la campaña institucional del 9-N, lo cual no fue bien recibido por ERC y la CUP. También por el rumor de unas posibles elecciones anticipadas, que estos dos partidos rechazan, así como ICV-EUiA, que lo consideraría “un fraude”. La CUP, de hecho, afirmó que abandonaría la reunión si esta posibilidad se plantea.

Sobre la mesa de la reunión, si continuar o no con los preparativos de la consulta, fijar a partir de qué fecha sería demasiado tarde para iniciar los trámites para celebrarla con plenas garantías y valorar, en caso de querer seguir adelante, si reemprender preparativos como el registro de votantes extranjeros, del cual se derivan una retahíla de trámites más.

Los votantes extranjeros que residan en Cataluña – que según la ley de consultas pueden participar siempre que lleven más de un año empadronados, en el caso de los comunitarios, y tres, en los extracomunitarios- deben solicitar un certificado de empadronamiento con registro histórico, y posteriormente solicitar un documento de registro de votantes. Son trámites que requieren un tiempo y que deberían irse agilizando para llegar al 9 de noviembre, fecha fijada para la consulta.

Riesgo para los funcionarios

La reunión debe servir también para debatir hasta qué punto se puede forzar la situación de los funcionarios, que podrían ser inhabilitados y sancionados por participar en la preparación de la consulta. Tanto Mas como, por ejemplo, la coordinadora de ICV Dolors Camats, se han declarado dispuestos a asumir riesgos sobre ellos o su partido, pero no que afecten a terceros. ERC, por su parte, ha presentado un listado de funcionarios proconsulta que estarían dispuestos a participar, un escenario con el que Camats ha expresado su desacuerdo antes de entrar a la reunión: “El decreto y la ley dicen claramente que de debemos garantizar que las personas que estén en las mesas sean imparciales, la participación de todos sin miedo y sin voluntarismo”.

Con la suspensión del TC en vigor, contra la cual el Parlament ha presentado alegaciones, Artur Mas firmó este jueves el decreto por el cual se nombra a los miembros de la Comisión de Control de la consulta –equivalente a una Junta Electoral-, que este viernes ha entrado en vigor tras su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). El PP catalán ya anunciado que denunciará ante la Fiscalía la firma del decreto, pues mantiene que se está desplegando una ley que se encuentra en suspenso.

El Govern, sin embargo, considera que debe seguir dando los pasos necesarios para preparar la consulta por si el TC levantase la suspensión antes del 9 de noviembre, pese a que la providencia del TC fija expresamente que quedan también en suspenso cautelar las “actuaciones de preparación para la convocatoria de dicha consulta o vinculadas a ella”.

Dudas sobre las consecuencias jurídicas

El catedrático de Derecho Penal de la UB Joan Josep Queralt, expresó sus dudas este jueves en TV3 sobre el hecho de que continuar con los trámites preparatorios pueda ser objeto de sanción por desobediencia. El catedrático aludió al carácter excepcional de la suspensión, ya que responde a un mecanismo automático previsto en el artículo 161. 2 CE de la Constitución -que otorga un privilegio a los recursos del Estado- y que implica una suspensión cautelar automática por el mero hecho de su aceptación a trámite, sin que se produzca ninguna valoración sobre el contenido de la ley por parte de los magistrados. Según Queralt, la jurisprudencia del Tribunal Supremo dicta que para que se produzca desobediencia se debe incumplir una orden directa de un tribunal sobre una persona y acción concretas, lo que no se daría en este caso.

La postura de los partidos claramente independentistas –ERC y CUP- es la de atender a la legalidad catalana -emanada de las leyes elaboradas en un Parlamento, elegido bajo sufragio universal, por las fuerzas políticas que llevaron la consulta en sus programas electorales-, frente a la legislación española, a pesar de que ambas se encuentran bajo el mismo marco del Estado de Derecho. Por otro lado, el bloque soberanista alude al dictamen del Consejo de Garantías que avaló la ley de consultas –por un estrecho margen de 5 votos a 4- al considerar que esta se ajusta al Estatut y a la Constitución.

Recusación de dos magistrados del TC

En este contexto, las fuerzas del bloque soberanista han activado pedir la recusación urgente por parte del Parlament del presidente del TC, Francisco Pérez de los Cobos, y del magistrado Pedro José González-Trevijano, al considerar que su afinidad ideológica con el PP –Pérez de los Cobos militó en el partido coincidiendo con su labor en el Constitucional, y González-Trevijano fue el ponente del recurso del Gobierno contra la ley de consultas- los inhabilita para dictar una sentencia sobre los recursos presentados.