REDES documenta 319 personas rechazadas por el decreto sanitario

MADRID // Un total de 319 personas han denunciado a través del Registro Estatal para la Denuncia de la Exclusión Sanitaria (REDES) el rechazo que han sufrido por carecer de la tarjeta sanitaria en vigor al acudir a los centros de salud u hospitales. La mayoría de ellos son inmigrantes sin papeles, aunque también se han registrado casos de pensionistas e inmigrantes retornados a España.

REDES es un registro creado por la organización Yo Sí Sanidad Universal (YoSí) y la Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria (SoMaMFyC) donde se contabilizan las incidencias y la falta de asistencia desde que se aprobó el Real Decreto 16/2012 que acababa con el derecho universal a la sanidad. El observatorio lleva en marcha desde enero y ahora ha presentado sus primeras conclusiones.

De los 319 casos documentados destaca que la mitad de las personas tenía derecho a la asistencia al estar incluida en algunas de las situaciones especiales marcadas por el mismo Real Decreto (ser menor, embarazada o acudir por una urgencia) o por el desarrollo del articulado de la propia comunidad autónoma.

José Luis Quintana, vicepresidente de SoMaMFyC, señala que el principal motor de exclusión es «el miedo». «Las personas sin tarjeta sanitaria prefieren no solicitar el servicio, aunque tengan derecho, por lo que les puede pasar», añade.

Es el caso de María, una mujer embarazada que en marzo de este año abandonó sus controles de gestación por miedo a que le facturasen. Sólo acudió a urgencias al dejar de notar los movimientos fetales y empezar con dolor abdominal fuerte. Al ingresar en el hospital se confirmó la muerte del feto.

Pablo Meseguer, miembro de YoSí, explica que los casos que conocen son «la punta del iceberg del grave problema que ha supuesto los dos años de aplicación del decreto sanitario». «La mayoría de situaciones quedan invisibilizadas y están siendo objeto de una situación de exclusión que no se puede soportar», añade.

Quintana recuerda que el código deontológico obliga a los sanitarios a la atención y critica que en muchas ocasiones, desde la administración, «se confunda gravedad con urgencia. Los pacientes graves no siempre se pueden solucionar en urgencias».

El informe de REDES, que sus responsables no se cansan de recordar es «sólo una muestra representativa de lo que ocurre cada día», constata en sus conclusiones que en los dos últimos años «se ha perdido la universalidad de la asistencia sanitaria sin que haya una evaluación de lo que esto supone, se han impuestos más barreras para acceder al sistema sanitario, se incumplen las excepciones que la propia norma prevé, rompe el proceso asistencial y afecta también a personas con permiso de residencia».

Manifiesto contra la exclusión

Precisamente este martes, 30 de septiembre, se ha presentado un manifiesto firmado por más de 60 organizaciones y plataformas de todo el país donde se denuncia que «al menos 873.000 personas en España perdieron el derecho a la asistencia sanitaria, según cifras del propio Gobierno».

En el manifiesto recuerdan que se trata de una población «especialmente vulnerable y que debería gozar de medidas de protección sociosanitarias. Hay que apuntar además, que se trata de un colectivo que, al igual que todo ciudadano viene contribuyendo a su financiación mediante los impuestos».

«La exigencia de firma de compromisos de pago, la facturación indebida de la atención en urgencias y otros impedimentos para el acceso al sistema sanitario, han generando un efecto disuasorio y una ruptura de la continuidad asistencial, que está poniendo en grave riesgo la salud y la vida de las personas, tal como organizaciones medicas han evidenciado en los fallecimientos de Alpha Pam en Mallorca, Soledad Torrico en Valencia y Janneth Beltrán en Toledo», recuerdan en el escrito.

Ante estas situaciones instan al Gobierno de España a derogar el RDL 16/2012 y elaborar una nueva Ley de Sanidad.