Cataluña aprueba una ley de consultas para dar cobertura al 9-N

BARCELONA // Una amplia mayoría del Parlament de Catalunya, 106 de 135 diputados, han aprobado este viernes por la tarde la proposición de ley de consultas populares no refrendarias y de participación ciudadana, que abre la puerta a que tanto la Generalitat, los ayuntamientos, como la misma ciudadanía, puedan impulsar consultas no vinculantes para conocer la opinión de los ciudadanos. A pesar de que la norma va más allá de la consulta del 9 de noviembre, esta ha protagonizado buena parte del debate.

La ley despliega el artículo 122 del Estatut, que prevé los mecanismos de participación ciudadana, y será la herramienta que esgrimirá el bloque soberanista para convocar la consulta de autodeterminación. El Gobierno ya ha anunciado que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional, con lo que su mera aceptación a trámite la dejaría suspendida.

La Constitución española no permite convocar referéndums (vinculantes) a las administraciones autonómicas, a no ser que el Congreso transfiera la competencia. Este hecho suscitó la división en el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias que avaló, por cinco votos a cuatro, que la ley se ajusta a la Constitución y el Estatut.

La postura del frente soberanista se resume en que la consulta del 9 de noviembre no será vinculante jurídicamente -si bien se consideraría como un mandato ciudadano-, así que por lo tanto no se trata de un referéndum y la ley de consultas lo ampara. El bloque contrario, que hoy ha quedado reducido a PP y Ciutadans, reafirma que se trata de un referéndum encubierto. Así lo ha sostenido el diputado popular Santi Rodríguez, quien ha defendido que “se puede preguntar en el ámbito de sus competencias, no en las competencias de los demás”, y el líder de Ciutadans, Albert Rivera: “Quieren consultar para aquello para lo que no tienen competencias”.

CiU, ERC, ICV-EUiA, CUP-AE y también el PSC han votado a favor de la ley de consultas, mientras que el PP y Ciutadans lo han hecho en contra. Los socialistas catalanes, sin embargo, han mantenido que la ley de consultas “no es el instrumento para la consulta del 9N”, ha afirmado el diputado Ferran Pedret. Desde ICV-EUiA, Dolors Camats ha subrayado que “la ley simplemente pretende permitir conocer la opinión de los ciudadanos”. “Queremos una consulta porque no nos han dejado hacer el referéndum. ¿Cómo puede ser que consultar a la ciudadanía sea tan problemático?”, se ha preguntado Camats, que ha celebrado que la ley también permita a la ciudadanía forzar la convocatoria de consultas, después de recoger los avales necesarios.

Y es que en la línea de la ley de participación ciudadana que está tramitando en Parlamento andaluz, la nueva norma supone un paso adelante en dar voz a la ciudadanía. El diputado de la CUP Quim Arrufat ha manifestado su satisfacción por lo que considera “un avance muy notable” en la democratización de las instituciones. “De todas las leyes que se han tramitado el Parlament esta es la única que la CUP podrá votar a favor y con orgullo. Abre la puerta a algo de lo que nos propusimos al llegar aquí, dar voz a la gente por encima o al margen de los intereses particulares de los partidos”. El secretario general de CDC, Josep Rull, ponente de la proposición de ley, ha destacado que la ley otorga las garantías democráticas “para que los ciudadanos de esta nación puedan decidir libremente cuestiones fundamentales del día a día”. Desde ERC, Gemma Calvet ha defendido que la ley es “plenamente Constitucional”, y ha pedido al PP que retire sus amenazas de impugnarla.

Según recoge la propuesta de ley, en las consultas populares podrán votar todos los residentes en Cataluña a partir de los 16 años, también los ciudadanos extranjeros que lleven más de un año residiendo en el país, en el caso de los comunitarios, o de tres años en el caso de los extracomunitarios.