Proceso soberanista (2): ¿Cuándo arranca el proceso a favor del derecho a decidir?

El número de septiembre de La Marea apuesta por analizar el proceso que vive Cataluña sin caer en la guerra de trincheras desde la cual suele abordarse. En los próximos días iremos publicando los distintos bloques que forman parte del dossier, que aborda el proceso soberanista catalán desde diversos ángulos con el objetivo de ofrecer las máximas herramientas posibles al lector para comprenderlo.

Para contestar a esta pregunta podríamos remitirnos a la guerra de sucesión de 1714 o a la aprobación del Estatuto de Autonomía catalán de 1932. En este sentido, resulta muy ilustrativo el debate que previamente mantuvieron en el Congreso de los Diputados Manuel Azaña y José Ortega y Gasset. Sus Dos visiones de España (Galaxia Gutenberg) muestran que lo que muchos denominan «problema catalán» no es un invento del actual president de la Generalitat. De hecho, muchos entrevistados se ofenden cuando se les plantea esta cuestión e insisten en que «no son tontos» y que saben que la movilización en torno a la consulta funciona como una cortina de humo que «le viene muy bien a Mas para seguir con sus recortes y tapar comisiones de investigación en el Parlament». También coinciden en determinar que el líder de CiU sólo se apuntó al independentismo cuando vio que había centenares de miles de personas en la calle pidiendo un cambio.

Al poco tiempo de iniciarse la aguda crisis económica en España, en 2009, con el socialista José Montilla en el Govern, comenzó a fraguarse en Cataluña un movimiento popular que organizó una consulta sobre la independencia en 553 municipios. «¿Está de acuerdo en que Cataluña se convierta en un Estado de Derecho, independiente, democrático y social, integrado en la Unión Europea?». Esta fue la pregunta que se planteó a los vecinos de Arenys de Munt (Barcelona), los primeros en votar. La iniciativa no tuvo demasiado eco en los medios de ámbito estatal.

La independencia aún no ocupaba una posición central en el debate político catalán, a pesar de los repetidos desencuentros entre los Gobiernos central y autonómico, y se mantenía en una posición minoritaria defendida casi en exclusiva por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y grupos de la izquierda independentista alternativa, como la Candidatura d’Unitat Popular (CUP). Pero pronto el movimiento cobró una fuerza inusitada. El 30 de abril de 2011 se celebró en Barcelona la Conferencia Nacional por el Estado Propio, a la que acudieron cerca de 1.500 personas. Ese encuentro fue el embrión de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), creada un año después, y actualmente la principal organización independentista, capaz de aglutinar las voluntades de colectivos muy diversos e incluso de marcar la agenda política. El éxito de participación de la Diada de 2012 provocó que los acontecimientos y la actividad política se aceleraran de un modo vertiginoso en Cataluña. El Gobierno español, que denuncia no haber sido informado previamente sobre decisiones cruciales adoptadas desde Barcelona, se ha limitado durante todo este tiempo a decir «no». La falta de iniciativas y de diálogo público es criticada incluso por muchos de quienes se oponen a la consulta.

Las encuestas muestran que el «derecho a decidir» sobre el estatus político de Cataluña, que apoyan más de tres cuartas partes del Parlament (si incluimos a un PSC que defiende la consulta, si bien no en los términos planteados), cuenta con un gran respaldo popular. Según la encuesta publicada por El Periódico en julio de 2013, el 69,6% de la población está a favor de una consulta. El sondeo del pasado diciembre de La Vanguardia elevaba el porcentaje al 73%. A falta de un referéndum que clarifique el alcance del independentismo, los datos más recientes ofrecidos por el Barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat (el CIS catalán), de abril de 2014, señalan que un 57,6% votaría afirmativamente a la pregunta de si Cataluña debe ser un Estado. De éstos, un 81,8% apoyaría que ese Estado sea independiente. Los partidarios del doble «sí», que implicaría la secesión, se situarían en torno al 47,1% de la población catalana.

A diferencia del Reino Unido, donde el primer ministro británico, David Cameron, y su homólogo escocés Alex Salmond firmaron en octubre de 2012 el acuerdo para la celebración de un referéndum por la independencia, la Generalitat y el Gobierno central no han sido capaces de llegar a ningún entendimiento. El Govern ha contemplado varias posibles vías para sacar las urnas a la calle de forma legal. Descartadas las que implican el visto bueno del Gobierno y del Congreso de los Diputados, el ejecutivo catalán se aferra a que la reforma de la ley de consultas que debe estar lista en septiembre ofrezca el marco legal necesario para ello. Aunque un recurso al Tribunal Constitucional podría bloquear esa vía.

*Con información de Magda Bandera