El PP aprueba su ‘macrodecreto’ con toda la oposición en contra

MADRID // La Comisión de Economía del Congreso aprueba este jueves el proyecto de ley de Medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que procede del macrodecreto presentado por el Gobierno a principios de julio. Éste, criticado en bloque por los grupos de la oposición, plantea la modificación de hasta una treintena de leyes de nueve ministerios diferentes. Su trámite se ha realizado en verano y sin apenas debate con el resto de grupos parlamentarios.

En su presentación, hace un mes y medio, el Gobierno enfatizó que se trataba de «medidas urgentes». Sin embargo, todos los grupos de la oposición en el Congreso –el PP se ha quedado sólo– avanzaron ayer su voto en contra porque el proyecto aúna medidas que consideran «inconexas e improvisadas» y porque el PP ha impuesto la modificación a golpe de decretazo.

El macrodecreto reúne cuestiones que no tienen nada que ver entre sí y que, para muchos de los portavoces y diputados, no ayudarán a superar la crisis económica. De hecho, la norma está recurrida ante el Tribunal Constitucional por PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y UPyD, que la consideran una «aberración jurídica».

Además, del más de medio millar de enmiendas presentadas por todos los grupos parlamentarios, el PP apenas hizo caso ayer a algunas de CiU y un puñado más, de carácter formal.

El diputado del PSOE Feliz Lavilla denunció las formas del Gobierno y las medidas que aprueba porque se han improvisado, no darán respuesta a las necesidades de la economía española y copian modelos que no funcionan.

El portavoz de CiU en la Comisión, Josep Sánchez Llibre, el de la Izquierda Plural, Joan Coscubiela, y el del Grupo Vasco, Pedro Azpiazu –que también lamentaron el abuso del decreto para imponer medidas de este calibre– criticaron, sobre todo, la vulneración de algunas competencias de las comunidades a través de iniciativas recentralizadoras en materias como el comercio minorista, horarios comerciales, zonas turísticas e implantación de grandes superficies. En la misma línea se manifestó el portavoz del Grupo Mixto en la Comisión, Rafael Larreina.

Tras su aprobación en la Comisión, el texto será remitido automáticamente al Senado para continuar su tramitación, que se rige por la vía de urgencia –lo que acorta los plazos a la mitad– a pesar de que entró en vigor desde el 4 de julio, cuando el decreto fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Fiscalidad

Pero hay más medidas. En relación con los cambios fiscales, el PSOE propone rebajar hasta el 15% –cuatro puntos más de lo propuesto– las retenciones de IRPF a los autónomos e incrementar del 0,03% que plantea el Ejecutivo al 0,4% el tipo aplicable al Impuesto sobre depósitos bancarios. En cualquier caso, reclama una reforma integral y profunda del sistema tributario y aprobar medidas efectivas de lucha contra el fraude fiscal.

IU-ICV quiere que sean los bancos los que paguen las plusvalías municipales de las que se eximirá a quienes opten por la dación en pago, y también que el tipo a los depósitos bancarios sea al menos del 0,2%. Mientras que UPyD reclama que la exoneración de las plusvalías sólo sea aplicable a quienes ingresen menos de 12.000 euros al año y que se derogue el nuevo tributo bancario.

Empleo juvenil

En principio, la intención del Gobierno es la de permitir que las bonificaciones a la cotización –300 euros mensuales durante un máximo de seis meses por cada joven de 16 a 25 años contratado– se puedan maximizar. Para ello, se permitirá que el dinero se use para cubrir cotizaciones de otro trabajador si la cuota empresarial que se paga por el joven es inferior a la cuantía de la bonificación, que además se puede compatibilizar con otros incentivos, como la tarifa plana por contratos indefinidos. El único límite es que la liquidación no resulte negativa.

No obstante, formaciones como el PSOE, UPyD o CiU, reclaman que se eleve a los 30 años la edad máxima para acogerse a la Garantía, y la formación magenta propone que las bonificaciones a la contratación puedan copar hasta un 33% de los fondos destinados a este programa.

La Izquierda Plural va más allá y pide anular todas las bonificaciones, que a su juicio no fomentan la contratación, y utilizar el dinero en otras medidas como becas para las acciones formativas que no lleven aparejado un contrato. Además, exige que se fije un plazo máximo de cuatro meses para ofrecer empleo o formación a los beneficiarios de la Garantía, y tener en cuenta el riesgo de exclusión y los ingresos familiares para priorizar a los demandantes.