Leyes electorales sin consenso

El problema de las leyes electorales no es el consenso. Obviamente es deseable que una ley electoral cuente con el apoyo de todas las partes que se someten a ella. Pero eso es básicamente imposible porque esas partes no son los partidos con representación previa, sino las candidaturas que se presentan. Podemos imaginar que si todos los partidos con representación parlamentaria fueran tan mezquinos como el PP se podrían poner de acuerdo para que los partidos que no fueran parlamentarios tuvieran que alcanzar un 20% para entrar en las instituciones, por ejemplo (una extensión de la reciente exigencia de avales sólo a esos partidos). Esa sería una norma «consensuada» entre una parte de las candidaturas y sería bochornosa e ilegítima.

Ante el intento de pucherazo del PP para las próximas municipales mucha gente parece escandalizada por que no lo pacte con el PSOE. Es la lógica que ha imperado en los años del bipartidismo y que ha usado el PSOE para guardarse la sobrerrepresentación actual de los dos grandes partidos: que una reforma hacia mayor proporcionalidad tendría que acordarse con el PP. Fue la excusa de Zapatero para no reformar la ley electoral y ha sido la excusa de Susana Díaz para no reformar la andaluza pese a que el estudio de tal reforma estaba acordado en el pacto de gobierno andaluz.

Parecería que lo principal de una ley electoral es que rige la competencia entre partidos y que por ello lo primero y casi único que hay que pedir a una ley electoral es que los partidos estén de acuerdo. Como si fuera un partido de fútbol en el que las reglas son arbitrarias y lo único importante es que los equipos estén de acuerdo en ellas y se apliquen para todos.

Pero no. Los protagonistas de unas elecciones no son los partidos sino los ciudadanos; las elecciones son uno de los instrumentos para la participación democrática de los ciudadanos en el gobierno colectivo de sus asuntos. Y la ley electoral es el mecanismo por el que traducimos una multiplicidad de voces en una voz colectiva. Sólo secundariamente son también las normas de la competencia entre partidos.

Por tanto lo que hay que pedirle en primer lugar a una ley electoral no es que sea consensuada sino que sea democrática. Y si se consigue la ley electoral más democrática sea además consensuada, miel sobre hojuelas. Pero en ningún caso no conseguir lo deseable puede bloquear lo exigible ni lo deseable puede justificar burlar lo exigible. No es aceptable que el veto de los favorecidos (PP o PSOE) por una ley electoral injusta bloquee su democratización ni sería aceptable una involución electoral aunque PP y PSOE (o PP, PSOE, IU, CiU, Podemos, ERC, UPyD, Bildu y el sursuncorda) estuvieran de acuerdo en ella. Ojalá una reforma democrática de la ley electoral fuera consensuada pero es previsible que los favorecidos por las injusticias de la actual nunca apoyaran el cambio. Eso no puede ser el freno.

Cuando ganemos espero que reformemos la ley electoral para que todos los votos cuenten lo mismo. No espero que PP y PSOE lo apoyen (aunque igual entonces les beneficie, veremos) pero no se puede esperar que el ladrón apruebe incluir el robo en el código penal.

El principal problema del pucherazo electoral que pretende el PP no es su falta de consenso sino que es un ataque a la democracia, que pretende que una minoría ciudadana pueda gobernar y chantajea al votante para que en vez de votar libremente lo haga sólo a un partido que prevea que puede llegar a ser el más votado (algo perfectamente condicionable mediante encuestas que llevan mucho tiempo sin acertar lo que pasa en un escenario electoral que cambia de semana en semana).

Me parece bien que Pedro Sánchez anuncie que se opone al pucherazo. Me alegro porque debilita al PP en su intento. Pero aunque el PSOE volviera a envainársela o pactara un pucherazo menor la reforma sería ilegítima. Lo exigible es la democracia. Si se consigue por consenso mejor. Las elecciones no son para que el PP y el PSOE compitan lealmente sino para que el pueblo se gobierne.