El ébola y la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios

No vamos a cuestionar la oportunidad de trasladar a Miguel Pajares a España, aunque haya supuesto vaciar de pacientes el Hospital Carlos III de Madrid y dotar a toda prisa su unidad de enfermedades infecciosas, tras su desmantelamiento por parte de la infausta consejería de sanidad madrileña, ni el trato desigual a los cooperantes infectados, de distintos países y razas pero hermanos de la misma congregación católica. Lo que si cuestionamos es que toda la costosa y mediática operación se financie con dinero de las arcas públicas, cada vez más mermadas y no con los fondos de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (OHSJD), organización rica y con abundantes contactos en el mundo empresarial y financiero. También cuestionamos el trato desigual del gobierno de España para con sus ciudadanos, ya que mientras suspende a los tres meses el derecho a la asistencia sanitaria de los jóvenes que se ven obligados a emigrar a otros países, pone todo el sistema sanitario a disposición de un español que ha emigrado hace muchos años, y de forma voluntaria.

La OHSJD es el mayor grupo hospitalario privado español, con 45 centros asistenciales y 7000 camas hospitalarias y su patrimonio se ha incrementado mucho en los últimos años a pesar, o en buena parte debido, a los recortes en el sistema sanitario público.

En estos años de crisis económica la orden religiosa realizó inversiones millonarias para remodelar, ampliar y dotar de tecnología sus hospitales de Pamplona, Tenerife y Córdoba, concertados con el sistema público, mientras se recorta la dotación, la actividad y las plantillas en el SNS.

En el año 2007, esta orden religiosa inaugura un nuevo edificio en Mallorca de 9000 metros cuadrados, dedicado a la traumatología y la geriatría y concertado con el sistema de salud de Las Islas Baleares, que estuvo a punto de provocar el cierre de dos centros sociosanitarios públicos, salvados in extremis por la movilización ciudadana y profesional.

En el año 2012, la OHSJD adquiere el costoso edificio del Colegio Alemán (más de 10.000 metros cuadrados en la calle Serrano de Madrid) para ampliar el Hospital San Rafael y su Unidad Docente, dedicada a la formación académica “confesional” de la enfermería y de los trabajadores sociosanitarios. La escuela de San Rafael está adscrita a la Universidad privada Antonio de Nebrija, cuya fundación, presidida por Antonio Garrigues Walker, está administrada por familias poderosas y por grandes empresas constructoras.

La OHSJD, principal beneficiaria de la privatización de la atención a los pacientes terminales en la comunidad madrileña tras el caso Leganés, imparte Master en cuidados paliativos en varias comunidades autónomas, homologados por la Administración pública, a pesar de que sus contenidos están influidos por su ideario radical, que considera que por el sufrimiento se llega a Dios.

Los centros sanitarios de esta orden religiosa, teóricamente sin ánimo de lucro, compaginan su actividad concertada, por la que reciben millones de euros de dinero público, con la atención a pacientes privados de diversas aseguradoras. De hecho, los dos millones de clientes de la aseguradora DKV tienen a su disposición toda la infraestructura sanitaria de la OHSJD. La Fundación Instituto San José, dedicada a la atención de procesos neurológicos, agudos, crónicos y terminales, está gestionada por la orden católica junto a La Caixa catalana.

A pesar de estas y otras vinculaciones empresariales de la OHSJD, el Ministerio de Sanidad ha permitido que la Guía Clínica para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), de gran relevancia sanitaria y económica, sea elaborada únicamente por profesionales del hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, a espaldas de los profesionales del sistema público.

La Fundación de la Orden (FOHSJD), cuyo comité directivo está formado esencialmente por expertos en Administración y Dirección de empresas, con Master por las escuelas de negocio de la Iglesia Católica (ESADE e IESE) y no por expertos investigadores, gestiona la investigación biomédica, en colaboración con el Instituto de salud Carlos III y otros organismos estatales, a pesar de que su comité de buenas prácticas científicas no es un organismo independiente y de sus vinculaciones con la industria farmacéutica (Grifols).

* Luisa Lores es miembro de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad  Pública