La falta de rigor de los medios: Argentina no está en una suspensión de pagos convencional

A lo largo de todo el jueves pasado se difundió mucha información referente al episodio que está viviendo el Estado de Argentina frente a la presión judicial de algunos fondos buitres. La complejidad del asunto, la falta de profundidad en muchas de las noticias y reportajes, la confusión de algunos periodistas a la hora de escribir sobre temas que no conocen muy bien e incluso la poca simpatía que muchos grandes medios sienten por el gobierno de Argentina han contribuido a crear una narración inexacta que da lugar a mucho desconcierto. Argentina no ha entrado en default o en suspensión de pagos, no al menos de la forma convencional referida a la incapacidad de pagar sus deudas. Si el Estado argentino no ha pagado una parte de su deuda es debido a un conflicto judicial y político, no porque no tenga suficiente dinero para hacerlo (que es lo que se desprende al leer la mayoría de noticias que pueblan los grandes medios). Pero empecemos desde el principio.

Tras la grave crisis de 2001 y tras la enorme deuda que había contraído el Estado argentino, el gobierno de Néstor Kirchner negoció una reestructuración de la misma en 2005 (que luego tendría un segundo episodio en 2010). Esta reestructuración consistía en lo siguiente: por cada 100 dólares que debía el Estado argentino a sus acreedores, sólo se devolverían 35 dólares. Evidentemente ésta era una fórmula que beneficiaba mucho al Estado, porque así pagaría menos y por lo tanto aliviaría el peso de su deuda pública. Para los acreedores (bancos y otros agentes financieros) suponía registrar bastantes pérdidas, porque recibirían menos dinero del que prestaron en su momento, pero aún así la inmensa mayoría aceptó el trato: preferían que se les devolviese menos dinero a que no se les devolviese nada.

Sin embargo, un 7% de los acreedores no aceptaron la oferta del gobierno argentino porque querían recuperar todo el dinero prestado. A estos acreedores se les conoce como holdouts, es decir, los que se quedan fuera del trato. La única forma de recuperar todo el dinero prestado es por la vía judicial, demandando al Estado argentino por haber vulnerado sus compromisos de pago y confiando en que algún tribunal del planeta falle a favor de los demandantes y obligue al Estado a devolver el dinero prestado más la penalización correspondiente.

A este tipo de actuaciones es a lo que se dedican profesionalmente los fondos buitre, que son fondos de capital de alto riesgo gestionados por entidades financieras. Estos gestores, que mueven importantes cantidades de dinero, disponen de equipos profesionales de abogados que se conocen todas las artimañas y cuentan con todos los recursos necesarios para ganar en los tribunales las demandas llevadas a cabo contra empresas y Estados. Su actuación no sólo se limita al ámbito judicial sino que también utilizan distintos métodos de presión –que van desde embargos, operaciones de lobby y campañas de prensa desprestigiando a los Estados deudores-. Su denominación de buitre se debe a que atacan a empresas y Estados que tienen dificultades de pago con el objetivo de obtener suculentos beneficios (por ejemplo, en 1996 el fondo buitre Elliott Management Corp se gastó 11 millones de dólares en un pleito contra el Estado de Perú; pero su victoria en los tribunales le supuso ganar 58 millones de dólares).

Desde entonces, los fondos buitres han estado demandando al Estado argentino en varios tribunales. Primero en Bélgica y luego en Alemania, donde la justicia no les dio la razón. Pero recientemente la justicia estadounidense (mucho más permisiva con las “libertades” económicas) falló a favor de estos fondos. Puesto que el fondo buitre que lidera el litigio reclama 1.500 millones de dólares, el juez que lleva el caso ha ordenado la congelación de esa cantidad en una cuenta que tiene el Estado argentino en el banco estadounidense de Bank of New York Mellon. El objetivo es que el Estado argentino no pueda mover ni un dólar de esa cuenta hasta que le pague al fondo buitre demandante. El problema es que en esa cuenta hay dinero que iba destinado a los bolsillos de otros acreedores que sí aceptaron la reestructuración de la deuda argentina (es decir, que no son holdouts). Y el día 31 de julio terminaba el plazo para que Argentina devolviese 539 millones de dólares a esos acreedores. Puesto que la congelación del dinero se lo ha impedido, esos acreedores se han quedado sin cobrar. Técnicamente se trata de una suspensión de pagos selectiva (porque no es general, sino que no se le ha pagado a unos acreedores en concreto), y por eso la rebaja de rating iniciada por Standar and Poor’s y continuada por las otras dos grandes agencias de calificación. Pero lo importante es entender que ha sido una suspensión de pagos forzada, ya que Argentina tiene el dinero pero no lo puede mover por orden judicial estadounidense.

El Estado argentino podría haber evitado la suspensión de pagos selectiva si hubiese pagado esos 1.500 millones de dólares a los fondos buitres. Se hubiese liberado el dinero de la cuenta y se le podría haber pagado a los otros acreedores. Pero no ha querido hacerlo por dos razones: la primera es que no considera justo que así sea, por mucho que lo diga la justicia estadounidense. La segunda es que hacerlo podría sentar un precedente para que el resto de holdouts se vieran animados a seguir pleiteando con más fuerza hasta salirse con la suya. El Estado argentino ha elegido rebelarse frente a los fondos buitres y la justicia estadounidense, y por eso va a recurrir al tribunal internacional de La Haya. El coste de hacerlo es el daño que inflige sobre la credibilidad de su gobierno la propaganda mediática. En menos de 24 horas, la inmensa mayoría de los medios de comunicación se lanzaron a difundir que Argentina había entrado en suspensión de pagos, sin explicar muy bien qué era esto y dando a entender que el país sufría enormes problemas para devolver sus deuda. La mala intención de esta información es evidente, y responde a los numerosos y diversos intereses económicos y políticos que buscan el descrédito de un gobierno argentino que decidió rebelarse hace ya bastante tiempo frente al abusivo poder de la élite financiera.