Irene González, a la espera de una casa al adjudicarle el Ivima una vivienda ocupada

MADRID // Irene no sabe dónde vivirá con sus dos hijos en los próximos meses. Tiene una orden de desahucio para el 16 de noviembre y no ha podido trasladarse a la casa que le adjudicó el Instituto de Vivienda de Madrid (Ivima) la semana pasada porque estaba ocupada. «Me habían dicho que el piso estaba en regla y con vigilancia», afirma la afectada, «pero cuando fuimos y probamos todas las llaves, no valía ninguna».

Según informaron los vecinos del edificio a Irene, el apartamento llevaba ocupado desde el sábado anterior y el contrato se firmó cuatro días después, hecho que los empleados del Ivima negaron. «Han incurrido en una dejación de funciones», declara la afectada y señala que, al tener que entregar junto con la solicitud para la devolución de la fianza los originales del cobro, no es posible presentar denuncia de la dejación ante un tribunal.

La afectada acudió al Ivima para notificar la ocupación. Una vez allí, los empleados le explicaron que en ese barrio no había otra vivienda y le ofrecieron una residencia alternativa en Alcalá de Henares. Sin embargo, ante la negativa de la afectada y la actuación como intermediaria de Patxi, trabajadora social, el Ivima le propuso dos apartamentos en la misma zona que el anterior. Estas viviendas precisan rehabilitación por lo que la adjudicación depende del tiempo estimado de la obra y la cantidad de desperfectos que se necesiten acondicionar. Actualmente, Irene desconoce dónde vivirá tras el desahucio puesto que aún no le han informado sobre qué piso se le ha reasignado y lamenta que el Ivima tenga que esperar a que les «saquen a la calle» para poder trasladarse.

Pese a no poder acceder a su vivienda a causa de los ocupas, Irene no centra sus críticas en ellos e incluso les anima a «luchar por su alquiler» ante el Ivima. Además, afirma que les entregó una carta por debajo de la puerta en la que les informaba sobre la posibilidad de negociar con el Instituto. Sin embargo, en el texto también se  instaba a los ocupantes a «informarse sobre a quien adjudican el piso» ya que perjudicaban a personas en situaciones similares a las suyas.

Bajo orden de desahucio desde 2012

En 2012, ante la amenaza de desahucio por parte de Catalunya Banc, Irene decide pedir asesoramiento a los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Estos le indican la posibilidad de acogerse al Decreto ley 27/2012 de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. Su situación como víctima de violencia de género, con dos menores a cargo y renta mínima de 800 euros le otorga el amparo del decreto y logra retrasar la fecha del desahucio dos años.

El decreto finaliza en 2014 por lo que todos los compañeros que se acogieron al Decreto de 2012 junto con Irene «se van a la calle el 16 de noviembre a nivel nacional», denuncia. La posible prórroga, recogida en la Ley 1/2013 del 14 de mayo, atrasaría el embargo seis meses, pero la afectada afirma que aquellos que han solicitado acogerse a esta ley «han recibido respuesta negativa».

Además del retraso del desahucio, Irene negoció con el banco la condenación de deuda con una quita en noviembre de 2013. Este nuevo contrato exime a los hijos de la afectada de continuar pagando el adeudo y compromete a la madre a seguir pagando durante 18 años un total de 100 euros al mes aunque hayan sido desahuciados.

Sin embargo, la compra de Catalunya Banc por parte del BBVA la semana pasada ha reabierto la negociación cerrada dos años atrás. Esta semana, Irene recibió una carta de su nuevo banco en la que se especificaba cuál era la deuda contraída y le exigía el pago total de la misma. La perjudicada ha delegado este último caso a los abogados de la PAH ya que la adjudicación de la vivienda del Ivima absorbe todo su tiempo. «Entre la casa y el banco me van a matar» comenta con un deje de sorna que mantiene pese a las dificultades.